Los nuevos impuestos que tendrán que pagar los colombianos en caso de que se caiga la nueva reforma tributaria de Petro

La estrategia legislativa pretende reemplazar la nueva reforma tributaria, regularizar deudas y canalizar recursos hacia salud, deporte e infraestructura

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En 2023 se vendieron 1,5
En 2023 se vendieron 1,5 millones de vapeadores en Colombia - crédito Carl Recine/Reuters

Ante el estancamiento de la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro, en el Congreso de la República avanza el plan de reactivación económica que proponen varios congresistas y que surge como alternativa fiscal ante los problemas económicos para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, cuyo monto es de $546,9 billones.

Tras superar su primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, la iniciativa propone una serie de nuevos impuestos, ajustes tributarios y alivios fiscales, en un momento de déficit presupuestal y urgencia por reactivar la economía. El proyecto, liderado por la representante Olga Lucía Velásquez, del Partido Alianza Verde, busca impactar a contribuyentes, empresas y sectores clave mediante medidas que entrarían en vigor a partir de 2025 y 2026.

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El plan surge como respuesta a la falta de ambiente político para aprobar la reforma tributaria del Gobierno, que pretendería recaudar $16,3 billones. La reforma enfrenta ponencias negativas y riesgo de archivo en el Senado, mientras que el déficit presupuestal exige alternativas inmediatas de recaudo. Así las cosas, el mismo se presenta como una solución pragmática, orientada a recuperar cartera vencida y generar flujos fiscales inmediatos, sin crear impuestos permanentes.

El plan de reactivación económica
El plan de reactivación económica buscaría recaudar más de $6 billones - crédito Luisa González/Reuters

Según Velásquez, la propuesta permitirá cubrir el faltante presupuestal gracias a una combinación de alivios tributarios e incentivos económicos.

La iniciativa contiene 34 artículos y plantea recaudar entre $7 y $13 billones, dependiendo del comportamiento de los deudores y la rapidez en la implementación de las medidas. El monto estimado de recaudo varía según las proyecciones y el texto del articulado, pero el objetivo central es fortalecer las finanzas públicas y reactivar la economía. El plan prioriza la recuperación de cartera vencida y la eficiencia administrativa, diferenciándose de la reforma tributaria, que buscaba recursos permanentes para gastos estructurales.

Los alivios para los contribuyentes

Uno de los ejes del plan es el paquete de alivios para contribuyentes con deudas en renta, IVA, retefuente, impoconsumo y aportes parafiscales. El mecanismo permitirá a los deudores pagar solo el capital adeudado y acceder a rebajas de hasta el 90% en intereses, multas y sanciones acumuladas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) o la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp). Las alcaldías y gobernaciones podrán replicar estos programas. Por ejemplo, quienes tengan multas de tránsito podrán cancelar el 50% del valor del capital de la multa, sin intereses de mora, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la ley, siempre que asistan previamente a un curso sobre normas de tránsito.

En manos del Congreso de
En manos del Congreso de la República está el plan de reactivación económica - crédito Cámara de Representantes/Prensa

El plan introduce varios impuestos y ajustes clave:

  • Impuesto de normalización tributaria: dirigido a contribuyentes con activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de enero de 2026. La tarifa será del 3% para montos de hasta 10.000 UVT (unos 497 millones de pesos), 6% para montos entre 10.001 y 20.000 UVT (de 497 a 995 millones de pesos) y 8% para sumas superiores.
  • Tarifas escalonadas para legalizar dinero no declarado: 10% para montos hasta 500 millones de pesos, 15% entre 500 y 1.000 millones, y 20% para sumas mayores.
  • Impuesto al consumo de cigarrillos, tabaco y vapeadores: la tarifa será de 5.100 pesos por cada cajetilla de 20 unidades o proporcionalmente a su contenido. Los recursos se destinarán a salud y deporte.
  • Impuesto a plataformas tecnológicas y servicios digitales: la tarifa para personas o entidades no residentes que ofrecen bienes o servicios digitales en el país subirá del 3% al 4,5% sobre los ingresos brutos, con el objetivo de equiparar la carga impositiva con otros sectores nacionales.
  • Impuesto al consumo en el sector gastronómico: la tarifa será del 6% durante 2026 y del 7% a partir de 2027 sobre todo consumo.
  • Actualización de impuesto de renta general: se mantiene en 30% para empresas, con una tasa mínima del 20% sobre utilidad depurada.
  • Impoconsumo para restaurantes: subirá de manera gradual; de 4% en 2025, 5% en 2026 y 6% desde 2027.

Exenciones para sectores específicos

El articulado contempla incentivos y exenciones para sectores específicos. Destaca el descuento tributario del 50% en el impuesto sobre la renta para personas naturales o jurídicas que realicen donaciones al Fondo Nacional de Protección y Apoyo a Personas con Discapacidad y sus Cuidadores o Asistentes Personales. Además, se incluyen estímulos para energías renovables, turismo, transporte, infraestructura regional y créditos para mejoramiento de vivienda sin hipoteca. También se promueven incentivos para la renovación de la flota de transporte público y de carga.

Olga Lucía Velásquez es representante
Olga Lucía Velásquez es representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde - crédito @OlgaLVelasquez/X

A dónde irá el recaudo

De acuerdo con lo conocido, el recaudo obtenido se orientará a financiar sectores como salud, deporte e inversión territorial. Dentro de las medidas complementarias, el plan establece que en los contratos de concesión o asociación público-privadas (APP) para aeropuertos nacionales, el 20% de la contraprestación a favor del concedente se trasladará a los municipios o distritos donde se ubiquen los aeropuertos.

Asimismo, se promueve la estrategia para posicionar el hidrógeno verde y azul como bienes estratégicos en los mercados internacionales y se permite a las entidades territoriales reorientar sus rentas hacia gastos de inversión entre 2025 y 2027.