La revelación de un presunto entramado de corrupción que involucra a las disidencias de las Farc, altos mandos militares y funcionarios del Gobierno colombiano ha encendido alertas sobre la relación entre actores armados y autoridades en el país.
La investigación de Noticias Caracol incluye jefes de las disidencias de alias Calarcá, el general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
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Los eventos clave se remontan a julio de 2024, cuando una caravana conformada por siete jefes de las disidencias, escoltada por personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue detenida en Anorí, Antioquia por miembros del Ejército. En el operativo se hallaron armas, dinero y un menor de edad.
Según el expediente de Noticias Caracol, en ese momento se incautaron dispositivos electrónicos que contenían información delicada.
Sin embargo, la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó la liberación de la mayoría de los capturados, basándose en su calidad de gestores de paz, argumentando que “aún en situaciones de flagrancia no podían ser capturados”.
A pesar de la incautación de computadoras, memorias USB y celulares, la Fiscalía no inició ninguna investigación ni tomó medidas relacionadas con el caso.
Este pasaje marcó el inicio de una cadena de eventos que, según el medio citado, evidencian coordinaciones entre jefes de las disidencias y miembros de la Fuerza Pública.
Las investigaciones facilitaron el acceso a conversaciones entre integrantes de las disidencias de Calarcá y alias Iván Mordisco, en las que surgió el nombre de Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, como supuesta intermediaria en la financiación entre el Estado Mayor Central de las Farc y la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Dentro de la documentación descrita, destaca la aparición de Juan Miguel Huertas, hoy jefe del Comando de Personal del Ejército. Su nombre aparece vinculado a reuniones celebradas durante su retiro, en las que se discutió la creación de una empresa de seguridad como supuesta fachada para legalizar armas y trasladar a miembros de las disidencias usando vehículos blindados.
“El general Huertas podría ayudarlos gracias a sus vínculos con el presidente Gustavo Petro”, según cartas halladas por la Fiscalía.
La indagación también señala a Wilmar Mejía, funcionario del DNI, identificado como “el chulo”, a quien Noticias Caracol describe como cercano a Petro y responsable de conectar organizaciones criminales con integrantes de la Fuerza Pública.
Entre las tareas atribuidas se incluye la gestión de permisos para porte de armas, la facilitación de movilidad a personas con órdenes de captura y la entrega de códigos de frecuencias radiales a las disidencias.
Además, parte de las coordinaciones incluyeron un traslado a Venezuela, donde los cabecillas se reunieron para acordar los detalles de la supuesta empresa de seguridad. Posteriores encuentros en Bogotá habrían contado con la presencia del general Huertas, Mejía y el director de Indumil, el coronel retirado Juan Carlos Mazo.
En una de estas reuniones se habría pactado una “no agresión” entre la Fuerza Pública y las disidencias en regiones como Catatumbo, Antioquia y el sur de Bolívar.
Pronunciamientos de Hernán Cadavid y María Fernanda Cabal contra la fiscal: “Solicito claridad”
El representante a la Cámara Hernán Cadavid dirigió fuertes cuestionamientos a la fiscal general Luz Adriana Camargo tras la reciente investigación periodística que vincula a alias Calarcá con presuntos hechos de corrupción.
A través de un mensaje publicado en redes sociales, Cadavid preguntó a Camargo “¿De qué lado se encuentra?” y exigió explicaciones sobre la gestión de la Fiscalía frente a los dispositivos incautados a alias Calarcá, que llevan más de un año bajo custodia sin que avancen los procesos judiciales.
El representante también interrogó acerca de la liberación de alias Calarcá, quien, según indicó, habría sido beneficiado por una decisión de la Fiscalía General de la Nación al mando de Camargo.
De igual manera, solicitó claridad sobre eventuales investigaciones respecto a presuntos nexos de la vicepresidenta Francia Márquez con organizaciones criminales.
En su publicación, Cadavid anunció que presentará un derecho de petición dirigido a la fiscal general, demandando respuestas formales ante estos hechos. Sumó que acompañará la solicitud con una denuncia penal por el delito de prevaricato por omisión, tipificado en el artículo 414 del Código Penal.
“La impunidad no se puede tomar a Colombia y usted no puede contribuir a que así sea. Necesitamos todas las respuestas y queda radicada la denuncia”, escribió.
Por otro parte, la senadora María Fernanda Cabal expresó en X su inquietud respecto al avance de un proceso de nulidad contra la resolución que suspendió las órdenes de captura de alias Calarcá.
“Luz Adriana Camargo suspendió las órdenes de captura contra el terrorista Calarcá y otros criminales, capturados en Anorí - Antioquia. ¿Por qué no se mueve este proceso ante el Consejo de Estado?”, señaló.
Tras la controversia que ha surgido, la fiscal general Luz Adriana Camargo afirmó a Caracol Radio que desconoce detalles sobre los supuestos vínculos entre disidencias de las Farc, miembros del Ejército y del DNI.
“No conozco la información, que es reservada. Es necesario verificar su existencia, contenido y nivel de confirmación”, dijo.
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