
La Administración distrital de Bogotá, encabezada por Carlos Fernando Galán y la Secretaría de Movilidad, bajo la responsabilidad de Claudia Díaz, anunció la incorporación de 141 nuevos agentes civiles motorizados encargados de la gestión del tráfico en la ciudad.
La decisión, según la administración, eleva a 577 el total de agentes de tránsito en la capital, quienes tendrán la misión de reforzar los controles en vías y atender los puntos más críticos de congestión y siniestralidad; y que entrarán a operar en la temporada alta de fin de año.
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Durante la presentación de estas nuevas unidades, Galán sostuvo que el fortalecimiento de la capacidad operativa responde a una coyuntura especial: la alta demanda en la movilidad urbana, marcada por el volumen de obras, el crecimiento sostenido del parque automotor y la judicialización de las vías por parte de distintas formas de transporte.

“El fortalecimiento de las capacidades de control es fundamental. La ciudadanía nos está pidiendo autoridad en las vías, orden y protección a los actores más vulnerables. Este nuevo equipo llega para ayudarnos a mejorar la movilidad, actuar en los puntos críticos y garantizar que Bogotá fluya mejor”, afirmó el alcalde Mayor durante el acto público.
Las reacciones a esta medida no se hicieron esperar, especialmente desde sectores políticos y sociales críticos con la política de control urbano. El cabildante Julián Forero cuestionó abiertamente la incorporación de estos agentes, a quienes denominó los “nuevos héroes distritales del recaudo”.
Forero señaló que la ciudadanía percibe a estos uniformados más como recaudadores dispuestos a imponer sanciones que como facilitadores de la convivencia y la movilidad. “Bogotá está cansada. Cansada de los mismos cuentos, de las mismas promesas, de los mismos abusos disfrazados de ‘autoridad respetuosa de la norma’. Y hoy decimos lo que muchos no se atreven: el alcalde Galán está tapando el abuso de los agentes azules, mientras los ciudadanos siguen pagando los platos rotos”, expresó Forero dirigiéndose a los medios presentes.

La polémica gira en torno a la percepción de que el aumento en el número de agentes no se traduce en mayores beneficios para la movilidad ni en una mejora palpable en la prevención de accidentes de tránsito. Según el cabildante, la labor de los agentes se ha enfocado en “perseguir, caerle al conductor y madrugarle al ciudadano imponiendo comparendos”. Forero agregó que la función pedagógica, el salvamento de vidas y la descongestión vial quedan en segundo plano, mientras las quejas de los ciudadanos por presuntos abusos aumentan.
Las denuncias del concejal han ido más allá al señalar supuestas irregularidades en el accionar y selección del personal de tránsito. Cuestionó la ausencia de agentes en las audiencias, la afectación a los procesos legales de los ciudadanos, la presunta existencia de comparendos injustificados y el manejo opaco de ingresos por concepto de multas.
Según Forero, “los agentes azules no se presentan a las audiencias, dejan a la gente plantada, le dañan los procesos. El ciudadano llega juicioso, esperando justicia. ¿El agente? Brilla por su ausencia… La gente termina pagando un comparendo injusto ‘porque sí’. ¡Así cualquiera mejora el recaudo!”.

También hizo mención de investigaciones disciplinarias abiertas por presuntas irregularidades, tales como la apropiación indebida de elementos de trabajo, casos de extorsión en los operativos de grúa, adulteración de documentos y el incumplimiento del manual de funciones. Además, denunció rumores sobre la selección de los nuevos agentes, mencionando presuntos favoritismos, pagos indebidos, entrada de familiares y conocidos, y falta de conocimiento del Código de Tránsito.
El silencio institucional ante estas inquietudes fue otro de los puntos subrayados por el cabildante. Forero sostuvo que tanto la Secretaría de Movilidad como el propio alcalde han fallado en proveer respuestas, sanciones y correcciones a un problema que, a su juicio, se repite año tras año.
En contraste con la visión oficial que ve en los nuevos agentes una herramienta de orden, control y seguridad vial, los sectores críticos consideran que la medida refuerza la función recaudatoria y añade presión sobre los conductores, quienes reclaman mayor equidad y transparencia en los procedimientos. La inquietud persiste sobre el destino de los recursos generados por comparendos y sobre el papel real de los agentes en la gestión diaria de la movilidad urbana.
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