A menos de cuatro meses de las elecciones 2026, Colombia enfrenta un escenario incierto en el que prima el aumento de amenazas a líderes políticos y hechos de violencia contra figuras políticas, sociales y comunales.
Ante los evidentes riesgos, el gobierno de Gustavo Petro, a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y otras entidades, ha puesto en marcha medidas extraordinarias para proteger a candidatos y garantizar la seguridad electoral, en respuesta al recrudecimiento del conflicto armado y la presencia activa de grupos armados ilegales.
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Según datos recogidos por El Espectador, la UNP ya ha firmado un contrato superior a 30.000 millones de pesos para asegurar el acceso a vehículos blindados, mientras la atención pública se centra en la eficacia de estas acciones ante la proximidad de los comicios.
Desde el 1 de enero de 2025 hasta el 8 de noviembre, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha documentado 369 hechos de violencia dirigidos contra liderazgos políticos, sociales y comunales, incluyendo el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Entre los casos más recientes destaca el atentado contra el senador Temístocles Ortega, del partido Cambio Radical, ocurrido el 14 de noviembre. Ortega denunció ante El Espectador: “He pedido personalmente reforzar el esquema, pero no lo han hecho”.
Otro episodio relevante fue el ataque armado contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras transitaba por la vía entre Fortul y Saravena.
La reaparición de “Iván Mordisco”, jefe de la disidencia de las Farc conocida como Estado Mayor Central (EMC), a través de un video, añadió tensión al proceso electoral. En su mensaje, Mordisco advirtió sobre la posibilidad de una escalada del conflicto en en medio de la época de elecciones.
“Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas del guerrerismo y la corrupción”, afirmó el líder disidente.
Medidas de protección y coordinación estatal
En respuesta a este panorama, el Estado ha implementado acciones para reforzar la protección de candidatos y líderes políticos. El 19 de junio, el Ministerio del Interior, encabezado por Armando Benedetti, expidió la resolución 864 que dio origen a los Comités de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe).
Estos comités, que ya han realizado más de 12 sesiones, evalúan el nivel de riesgo de los aspirantes y recomiendan medidas de protección de emergencia en casos de amenaza inminente.
La composición de los Cormpe incluye al ministro del Interior, el ministro de Defensa Pedro Sánchez, el director de la UNP, el comandante del Ejército Nacional y el director general de la Policía Nacional, con la participación permanente, aunque sin voto, de la Fiscalía General de la Nación, liderada por Luz Adriana Camargo, y la Registraduría Nacional, bajo la dirección de Hernán Penagos.
De acuerdo con documentos de la UNP citados por El Espectador, hasta inicios de octubre se habían presentado 64 candidatos presidenciales y 59 al Congreso ante el Cormpe.
En el último mes, el número ascendió a 62 aspirantes a la Presidencia, 75 al Legislativo y 13 a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep). Para su protección, la UNP y la Policía Nacional han asignado 533 y 232 funcionarios, respectivamente.
Casos emblemáticos, denuncias y zonas de riesgo
A pesar de las medidas adoptadas, persisten denuncias sobre omisiones y deficiencias en la protección de líderes amenazados. Además del caso de Ortega, en los últimos meses se han registrado atentados contra el representante a la Cámara Julio César Triana (Cambio Radical), el 13 de agosto en Huila, y se han conocido planes de ataque contra el contralor general Carlos Hernán Rodríguez, la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde) y la senadora y precandidata Paloma Valencia (Centro Democrático). En varios de estos casos, las solicitudes de refuerzo de esquemas de seguridad datan de tiempo atrás.
La responsabilidad sobre la protección de los líderes ha sido motivo de tensiones entre la UNP y la Policía Nacional. Tras el asesinato de Uribe Turbay, la UNP señaló que no había recibido solicitudes previas para fortalecer su esquema de seguridad, mientras que el partido Centro Democrático denunció una “omisión sistemática y negligente” en la atención de los requerimientos.
En el caso de Triana, la UNP recibió una comunicación de la Dirección de Seguridad y Protección de la Policía Nacional cinco días antes del atentado, informando sobre el resultado del estudio de riesgo, que fue evaluado posteriormente por el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem).
Ortega, por su parte, relató a El Espectador que, tras el atentado, la Fiscalía y el CTI presentaron una denuncia y recibió la visita de un mayor de la Policía Nacional, así como una llamada de la UNP para recabar sus datos personales y prometer una evaluación de su seguridad. Sin embargo, hasta la fecha, “no hay ningún reforzamiento del esquema de seguridad”.
La Defensoría del Pueblo, dirigida por Iris Marín, emitió la alerta temprana electoral 013 de 2025, identificando municipios del Catatumbo, el pacífico nariñense, el pacífico caucano, norte, nordeste y bajo Cauca antioqueños, Caquetá, Bajo Putumayo y Arauca como zonas de alto riesgo, donde la presencia del ELN y las disidencias de Mordisco podría derivar en hechos violentos que afecten candidaturas, liderazgos e infraestructura electoral.
El documento advierte que, con la cercanía de las elecciones, los riesgos podrían intensificarse y extenderse a otros territorios, debido a la posibilidad de que los grupos armados ilegales incrementen la violencia y la presión sobre la población política.
Estrategias de seguridad, recursos y tensiones políticas
El Ministerio de Defensa ha desplegado una estrategia que incluye planeación preventiva con enfoque territorial, refuerzo de capacidades militares y policiales en municipios críticos, acciones de inteligencia y contrainteligencia para contrarrestar amenazas, campañas de desinformación y uso de recursos ilícitos en campaña, así como la protección directa a candidatos y líderes. Además, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) realiza rondas de seguridad en zonas rurales.
En materia de recursos, la UNP ha enfrentado limitaciones presupuestarias, motivo por el cual la Corte Constitucional solicitó al Gobierno inyectar más fondos para garantizar la protección efectiva de los líderes.
En los últimos tres meses, se han publicado convocatorias para el arrendamiento de vehículos convencionales y blindados, siendo adjudicado únicamente el contrato de vehículos blindados por 30.179 millones de pesos, vigente hasta el 31 de diciembre. Otros contratos, relacionados con el Plan Democracia, permanecen en proceso de evaluación.
Las tensiones políticas entre partidos y entidades estatales persisten, especialmente en torno a la atribución de responsabilidades y la suficiencia de las medidas adoptadas.
La advertencia de “Iván Mordisco” sobre la continuidad de la confrontación armada y el reciente giro en la estrategia de paz del Gobierno, que incluyó el retorno de bombardeos a estructuras ilegales, han reavivado el debate sobre la viabilidad de la “paz total” y la seguridad del proceso electoral.
La Registraduría Nacional, en documentos consultados por El Espectador, ha reiterado que la realización de las elecciones no depende de la existencia del conflicto armado ni de alteraciones del orden público, y que siempre se debe garantizar la logística y el personal necesario para la apertura de los puestos de votación.
“Las entidades competentes para garantizar la seguridad, el orden y la integridad de los ciudadanos, funcionarios y demás intervinientes en los procesos electorales son la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la Nación y demás entidades con la competencia para la protección de las personas”, señala la entidad.
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