En un operativo conjunto desarrollado en el sur del Cesar, tropas del Batallón Ricaurte y unidades de la Policía Nacional localizaron 11 válvulas ilícitas instaladas en la ruta del sistema de transporte de hidrocarburos Pozos Colorados–Galán, infraestructura que había sido intervenida por estructuras criminales para desviar combustible y sostener sus finanzas ilegales.
Las autoridades reportaron que este hallazgo ocurrió durante acciones simultáneas en los municipios de Aguachica y San Martín, donde se venía rastreando la presencia de puntos de extracción clandestina utilizados para el hurto sistemático de hidrocarburos.
De acuerdo con la información entregada por las instituciones, estos dispositivos afectaban directamente un corredor considerado estratégico para la seguridad energética del país.
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Las válvulas habían sido adheridas de forma subrepticia a la tubería para extraer combustible sin generar alarmas visibles, una práctica que incrementa el riesgo de fugas y de afectaciones ambientales.
Las tropas que participaron en la operación señalaron que los puntos intervenidos hacían parte de una red articulada que buscaba aprovechar la extensión del sistema de transporte para garantizar la continuidad del desvío ilegal.
Tras la identificación de las válvulas, especialistas de Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, filial del Grupo Ecopetrol, ingresaron a los sitios afectados para adelantar reparaciones temporales y asegurar el cierre adecuado de la infraestructura.
Los técnicos instalaron capuchones de seguridad con el objetivo de bloquear cualquier intento de extracción posterior y reducir la posibilidad de derrames.
Paralelamente, los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación como parte de los procesos judiciales en curso que buscan desarticular a las organizaciones detrás de esta actividad.
Las autoridades destacaron que la acción coordinada logró impactar economías ilegales asociadas al hurto de hidrocarburos, actividad que ha sido utilizada por grupos armados para financiar operaciones en diferentes regiones del país.
Según los reportes previos, estructuras como el ELN y el Clan del Golfo obtendrían beneficios directos de estas prácticas, por lo que la intervención representa un golpe a las rentas criminales que dependen del desvío de combustible.
Los cálculos iniciales indican que este tipo de extracción clandestina podría generar ganancias superiores a los 4.700 millones de pesos mensuales para las organizaciones involucradas.
El operativo hizo parte de un plan más amplio desplegado simultáneamente en departamentos como Arauca, Antioquia, Cesar, Santander y el sur de Bolívar. Estas acciones integraron operaciones denominadas Refinadores, Ciénega y Hefesto XII, centradas en vigilar y proteger los ejes Caño Limón–Coveñas, Galán–Sebastopol y Pozos Colorados–Galán, corredores donde se han detectado modalidades reiteradas de extracción ilícita.
Las autoridades indicaron que este despliegue busca incrementar la seguridad en las zonas críticas y evitar que se generen daños ambientales o afectaciones a la población cercana.
Durante estas operaciones se logró un balance significativo. Las instituciones informaron sobre la captura de 12 personas presuntamente vinculadas con actividades relacionadas con el hurto de hidrocarburos.
Además, se incautaron 1.000 galones de gasolina, un vehículo cisterna, equipos de comunicación y aproximadamente 23 millones de pesos en efectivo. Dentro de los elementos decomisados también se encontró un surtidor utilizado para facilitar la distribución del combustible extraído de manera ilegal.
Las autoridades resaltaron que, más allá del impacto económico generado a las organizaciones criminales, estas intervenciones reducen los riesgos ambientales y de seguridad asociados a la manipulación no autorizada de la infraestructura petrolera. L
as válvulas ilícitas pueden provocar fugas que afectan suelos, fuentes hídricas y comunidades cercanas, además de poner en peligro la continuidad operativa de un sistema fundamental para la distribución de hidrocarburos en el territorio nacional. La anulación de 28 válvulas durante el conjunto de las tres operaciones evita potenciales daños de amplio alcance.
La intervención en Aguachica y San Martín se suma a los esfuerzos institucionales por fortalecer la protección de la infraestructura energética.
Los organismos responsables reiteraron que continuarán con el monitoreo permanente en los corredores petroleros y con la articulación interinstitucional para prevenir la instalación de nuevas conexiones ilegales. También destacaron la importancia de la denuncia ciudadana como mecanismo para alertar sobre actividades que pongan en riesgo la seguridad de la región.
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