La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción de destitución e inhabilidad de nueve años al exrector de la Institución Educativa Francisco José de Caldas, en Buenaventura, Bernardo Orobio Riascos, por incurrir en acoso laboral contra una docente de carrera.
Según informó la Procuraduría, la sanción contempla que el exrector no podrá ejercer cargos públicos durante el periodo señalado.
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De acuerdo con un comunicado difundido por la Procuraduría, el proceso disciplinario determinó que Orobio Riascos dejó sin carga académica a una profesora, situación que inició en 2021 y continuó durante el año lectivo 2022.
La institución indicó que el funcionario desatendió directrices de la Secretaría de Educación y de las autoridades judiciales con relación a la servidora, que se encuentra inscrita en carrera administrativa.
El fallo de primera instancia, según detalló la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cali, establece que la conducta de Orobio Riascos entorpeció las funciones de la docente y constituyó una decisión arbitraria por parte del rector saliente.
Además, la investigación constató que el funcionario negó a la profesora la posibilidad de ocupar otra vacante disponible en básica primaria, a pesar de las órdenes impartidas por las autoridades superiores.
La Procuraduría señaló que las actuaciones del exrector fueron consideradas como falta disciplinaria gravísima, cometida a título de culpa gravísima.
El Ministerio Público aseguró que la negativa de Orobio Riascos expresa el desacato a las órdenes judiciales y superiores, lo que representó un abuso de sus funciones administrativas.
Según precisó la Procuraduría General de la Nación, la sanción podrá ser apelada dentro de los plazos establecidos por la ley, mientras tanto, la inhabilidad general prohíbe a Orobio Riascos el desempeño de funciones públicas durante los próximos nueve años en el territorio nacional.
Rector de una institución en Caldas incurrió en irregularidades financieras
De manera paralela, la Procuraduría General de la Nación informó que tan Banqueth Rojas, exrector de la Institución Educativa El Purnio, en La Dorada, Caldas, tras identificar irregularidades financieras durante su administración.
Según informó la Procuraduría, la medida se adoptó tras comprobar que el exfuncionario falsificó extractos bancarios y los utilizó para ocultar la situación financiera de la institución.
De acuerdo con el fallo de primera instancia, difundido por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda, a Banqueth Rojas se le comprobaron dos cargos: peculado por apropiación y falsificación de documentos públicos.
La investigación determinó que el exrector favoreció a terceros y permitió la disposición de recursos que pertenecían a la institución, afectando así a la comunidad estudiantil.
El órgano de control indicó que Banqueth Rojas omitió informar la falta de fondos disponibles, permitiendo el uso indebido de esos recursos. Además, elaboró extractos bancarios alterados, con el objetivo de ocultar la verdadera situación económica del colegio bajo su responsabilidad.
La Procuraduría sostuvo que estas acciones vulneraron los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad en el sector público. La sanción se fundamentó en la materialización de faltas disciplinarias calificadas como “gravísimas”, cometidas a título de dolo, según la resolución comunicada por la autoridad administrativa.
La destitución y la inhabilidad general aplican para ejercer cualquier función pública en el país durante los próximos 18 años. Por tratarse de un fallo de primera instancia, la decisión puede ser apelada siguiendo los trámites que prevé la legislación disciplinaria.
La corrupción del rector llevó a meses de suspensión en clases
Más de cuatro años de reclamos por las condiciones de su infraestructura, fueron necesarios para una intervención por parte de la Gobernación de Caldas en favor de la institución.
La comunidad educativa había denunciado en 2018 hacinamiento, altas temperaturas, deterioro de las instalaciones y falta de dirección estable, mientras que la ausencia de un rector en propiedad sigue siendo una preocupación.
En 2022, los grados décimo y once fueron trasladados a un inmueble de la Junta de Acción Comunal, pero la falta de recursos impidió su mantenimiento adecuado.
La Secretaría de Educación departamental designó a Janet Plata como rectora provisional, pero representantes de la comunidad y docentes insisten en la necesidad de un liderazgo permanente.
Luz Karime Muñoz Trujillo, docente y delegada de la Veeduría Ciudadana, describió en 2024 la situación previa: “Están en condiciones indignas, no hay ventilación y falta rocería”, declaró a La Patria.
El deterioro institucional se agravó cuando el exrector Jonathan Banquet fue acusado de desviar aproximadamente $85 millones, lo que provocó la suspensión de clases durante cuatro meses, según relató José Olivar Díaz, habitante de la vereda,
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