El país se prepara para una modificación significativa en su estructura aduanera con la presentación del Proyecto de Ley 312 de 2025, una iniciativa radicada en el Senado que pretende ajustar el régimen sancionatorio vigente e incorporar tecnologías orientadas a fortalecer el control y la gestión del riesgo.
La propuesta contempla herramientas de inteligencia artificial, sistemas interoperables y mecanismos de trazabilidad que buscan optimizar los procesos y mejorar la capacidad de respuesta de la administración aduanera.
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Desde su radicación, el proyecto ha suscitado interés en distintos sectores del comercio exterior, especialmente porque se integra a los esfuerzos por modernizar el modelo que Colombia adoptó desde 2011 por medio de la DIAN.
La entidad ha insistido en la necesidad de consolidar una cultura aduanera basada en el cumplimiento, en un contexto donde los flujos comerciales exigen mayores niveles de eficiencia.
En ese escenario, la iniciativa legislativa incorpora ajustes orientados a mejorar la gestión operativa y la interacción entre las autoridades y los operadores.
Dentro de los elementos más destacados figura la introducción de sistemas avanzados apoyados en datos masivos y análisis predictivo, que permitirían identificar patrones de riesgo y operaciones inusuales.
De igual forma, se plantea una mayor trazabilidad a lo largo de toda la cadena logística, lo que, según los expertos, favorecería la detección temprana de irregularidades y fortalecería la capacidad preventiva del sistema.
La propuesta también busca que el país se acerque a estándares internacionales impulsados por organismos como la Organización Mundial de Aduanas, especialmente en materia de gestión inteligente del riesgo.
Sin embargo, el documento no ha estado exento de cuestionamientos. En su evaluación inicial, KPMG Colombia reconoció la relevancia de los avances tecnológicos, pero señaló que aún persisten inquietudes relacionadas con la forma en que se estructuran las infracciones y las facultades sancionatorias.
La falta de definiciones precisas en algunos apartados podría derivar en decisiones discrecionales, lo que generaría escenarios de litigiosidad que afectarían la seguridad jurídica de los operadores.
Sebastián Mendivelso, gerente de Global Customs & Excise de KPMG Colombia, advirtió que la reforma “introduce innovaciones necesarias, pero aún carece de un equilibrio claro entre el control aduanero y la garantía de derechos para los operadores”.
Para el especialista, el texto debería reforzar los mecanismos de defensa y clarificar con mayor detalle las conductas sancionables, con el fin de evitar márgenes de interpretación que podrían afectar la estabilidad normativa. Mendivelso recordó que las preocupaciones no son nuevas, pues la Corte Constitucional, en la Sentencia C-072 de 2025, ya había advertido sobre la obligación del Estado de asegurar proporcionalidad, debido proceso y claridad regulatoria en materia sancionatoria.
Otro punto que ha generado discusión es el impacto que los nuevos requerimientos tecnológicos podrían tener para las pequeñas y medianas empresas. El fortalecimiento de la trazabilidad y el reporte de información implica invertir en sistemas digitales más robustos, lo cual, según los analistas, podría traducirse en cargas administrativas y operativas significativas para compañías con menos capacidad financiera.
Este aspecto ha motivado llamados a que el proyecto incluya medidas graduales o mecanismos de apoyo que permitan que el proceso de adaptación no afecte la competitividad de estos actores.
Pese a las alertas, el Proyecto de Ley 312 también contempla propuestas para mejorar los canales de comunicación entre las autoridades y quienes intervienen en la cadena del comercio exterior.
En particular, se busca fortalecer la interacción técnica, promover el intercambio de información y favorecer espacios de diálogo que permitan anticipar riesgos y reducir conflictos administrativos.
Los analistas coinciden en que este punto podría facilitar la transición hacia un sistema más moderno y eficiente, siempre que las instancias de coordinación estén claramente definidas.
La discusión legislativa toma relevancia adicional en un contexto global donde los países avanzan hacia modelos aduaneros altamente tecnificados, con mayores exigencias en materia de transparencia y cumplimiento.
En ese marco, Colombia enfrenta el desafío de implementar soluciones que respondan a las necesidades de vigilancia y seguridad, pero que al mismo tiempo mantengan condiciones de certeza jurídica para quienes desarrollan actividades de comercio internacional.
Para KPMG, el texto actual representa un avance importante, pero aún requiere precisiones que garanticen un equilibrio adecuado entre tecnología y derechos. En su análisis, la firma considera fundamental que el Congreso incorpore ajustes técnicos que permitan consolidar una regulación moderna, clara y alineada con mejores prácticas internacionales.
De lo contrario, advierten, podrían mantenerse las tensiones ya identificadas por la Corte Constitucional y profundizarse los desafíos administrativos.
El debate continuará en las próximas semanas mientras el proyecto avanza en el trámite legislativo.
Para los distintos actores del sector, el Proyecto de Ley 312 representa una oportunidad decisiva para actualizar el modelo aduanero colombiano, siempre que su implementación combine innovación tecnológica con garantías sólidas para los operadores y mecanismos que preserven la seguridad jurídica del sistema.
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