“Nuevos sobrecostos para los hogares”: almacenes y supermercados temen por cambios que busca el Gobierno al sistema eléctrico

La independencia regulatoria y la confianza en el sector marcan la discusión entre autoridades y empresarios

Guardar
El sector eléctrico es clave
El sector eléctrico es clave para la calidad de vida de los colombianos - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE

La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) emitió una alerta nacional sobre el Proyecto de Ley 432 de 2025, presentado por el Ministerio de Minas y Energía, al advertir que la iniciativa, en su redacción actual, representa un riesgo para la estabilidad del sistema eléctrico colombiano y podría traducirse en un aumento de los costos de la energía para hogares y empresas.

El presidente del gremio, Jaime Cabal, se refirió a este y sostuvo que “Colombia no puede darse el lujo de cargar aún más a quienes generan empleo y sostienen la economía”, y resaltó que miles de pequeños negocios serían los primeros afectados por los sobrecostos derivados de la propuesta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Dicha crítica se hace al momento en que el Gobierno de Gustavo Petro, por su parte, defiende el proyecto como una reforma estructural para democratizar y regular el sector energético, mientras que los gremios del sector advierten que la iniciativa podría incrementar las tarifas y generar incertidumbre en la prestación del servicio.

Jaime Cabal, presidente de Fenalco,
Jaime Cabal, presidente de Fenalco, ha sido muy crítico con las políticas económicas del Gobierno Petro - crédito @FenalcoNacional/X

Advertencia y argumentos de Fenalco

Su preocupación por el impacto que el Proyecto de Ley 432 de 2025 podría tener sobre el comercio formal y el sector empresarial. Según el gremio, la iniciativa busca trasladar deudas y sobrecostos a estratos, comercios y empresas que no los generaron, lo que, en palabras de Cabal, se traduce en “nuevos sobrecostos sin reglas claras”. El dirigente gremial reconoció la urgencia de encontrar soluciones para los problemas de la Costa Caribe, pero advirtió que “no se puede corregir una crisis regional a costa de desestabilizar todo el sistema eléctrico nacional ni de castigar a los usuarios y empresas del resto del país”.

También alertó sobre la intención del proyecto de modificar la independencia técnica de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y de otorgar mayores facultades regulatorias al Ministerio de Minas y Energía. “Esto abre la puerta a la politización de decisiones técnicas, genera incertidumbre regulatoria y afecta la confianza de inversionistas y usuarios en un sector que requiere estabilidad y reglas predecibles”, señaló el gremio.

Ante este panorama, la federación hizo un llamado urgente al Congreso para que revise el articulado y evite decisiones que puedan encarecer la energía, debilitar la confianza y frenar la actividad económica.

Detalles y justificación del proyecto de ley

El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro y los ministros Armando Benedetti (Interior) y Edwin Palma (Minas y Energía), solicitó al Congreso que tramite con urgencia el Proyecto de Ley 432 de 2025, denominado “Por medio del cual se establecen mecanismos para la regulación justa y la democratización del sector energético”. La iniciativa, priorizada por la Casa de Nariño, incluso, por encima de otras reformas, busca modificar la estructura regulatoria del sector energético y consolidar un sistema confiable y financieramente sostenible.

De acuerdo con el ministro Palma, el proyecto tiene como objetivo corregir “distorsiones en la regulación tarifaria”, garantizar la prestación del servicio público de energía eléctrica y promover la equidad en el acceso a los subsidios. El ministro de Minas y Energ+oa explicó que la propuesta pretende dar solución a problemas estructurales como la “asignación ineficiente de subsidios” y la “alta carga tarifaria que soportan los usuarios”. Entre los puntos destacados del articulado se encuentran:

  • Redefinición de los criterios para la entrega de subsidios.
  • Prohibición de cobros ajenos al servicio público en las facturas de energía.
  • Obligación de los estratos 5 y 6, así como de los usuarios no regulados y no residenciales, de asumir la deuda generada por la Opción Tarifaria.
  • Reforma de la composición de la Creg, al incorporar la representación de la academia, los usuarios y los trabajadores del sector.
  • Promueve incentivos tarifarios para industrias que utilicen energías renovables.

Reacciones y preocupaciones de los gremios energéticos

Los principales gremios del sector energético, entre ellos Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas, Ser Colombia, Acp, la Cámara Colombiana de la Energía, Acce, Agremgas, Gasnova, Andi, Asoenergía y Ceera, enviaron una carta conjunta al Ministerio de Minas y Energía en la que expresan sus reservas técnicas sobre el Proyecto de Ley 432 de 2025. En el documento, advierten que “varias de sus disposiciones no conducen a una reducción tarifaria, y, por el contrario, podrían generar incrementos en las facturas de los usuarios y afectar la prestación del servicio”.

Señalan que, pese a haber participado de manera activa en la discusión técnica del anteproyecto y presentado alternativas para mejorar el acceso y la eficiencia en la prestación de los servicios de energía y gas, el texto que se radicó incluye artículos que ponen en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico y generan incertidumbre sobre las reglas de expansión de la oferta de energía.

Por eso, insisten en que cualquier reforma debe orientarse a asegurar el abastecimiento energético y la eficiencia en el servicio, sin comprometer la estabilidad del sector.