El debate sobre el salario mínimo del próximo año comenzó incluso antes de que la Comisión de Concertación se sentara oficialmente a la mesa. Las expectativas se vienen acumulando desde distintos frentes, especialmente entre las centrales obreras, que ven en el contexto económico actual una oportunidad para impulsar un aumento más ambicioso, pese a las reservas expresadas por algunos sectores empresariales.
La discusión formal arrancará el 1 de diciembre, fecha para la cual el Ministerio de Trabajo citó a trabajadores, empresarios y Gobierno, los tres actores que por ley integran esta instancia. Aunque la comisión existe para buscar acuerdos, no siempre logra cerrar la negociación, lo que convierte cada diciembre en un pulso político, técnico y social.
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En esta ocasión, las centrales obreras ya dejaron claro el tono con el que llegarán. Fabio Arias, presidente de la CUT, celebró la convocatoria y aseguró que el panorama económico reciente contradice los temores que durante años plantearon algunos gremios. Según él, las advertencias sobre incrementos salariales que supuestamente generarían “desempleo”, “inflación desbordada” o un deterioro en la actividad económica no se han cumplido. Por eso, afirmó que existe una apertura para “hacer incrementos salariales más significativos” sin afectar las variables macroeconómicas fundamentales. Y adelantó que la CUT propondrá un ajuste de dos dígitos.
Con esa premisa, el cálculo más moderado sugiere que las centrales pedirán alrededor de un 10%, lo que llevaría el salario mínimo de $1.423.500 a $1.565.850, sin incluir el subsidio de transporte. La discusión, no obstante, no está aislada de otros anuncios recientes.
El 5 de noviembre, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que el mínimo podría alcanzar unos $1.800.000 en 2026, cifra que correspondería a un aumento cercano al 11% si se incorpora el transporte. Aunque sus declaraciones generaron ruido, el ministro de Trabajo, Andrés Sanguino, aclaró que la única autoridad para fijar o proponer cifras es su cartera, y que por ahora no existen estimaciones oficiales.
Parte de esa cautela responde a la metodología con que tradicionalmente se define el incremento. La base del cálculo se construye a partir de dos variables: la inflación, tanto la causada como la proyectada, y la Productividad Total de los Factores (PTF). La primera permite establecer qué tanto poder adquisitivo perdieron los trabajadores durante el año, y la segunda mide la eficiencia con la que el país está produciendo. Solo después de recibir estas cifras del Dane es que el Ministerio de Trabajo elabora un margen técnico para la negociación.
Ese marco busca garantizar lo que se conoce como un aumento real, que el salario crezca por encima de la inflación y, por ende, mejore en términos efectivos la capacidad de compra. De allí que subir “demasiado poco” pueda frenar el consumo y afectar el dinamismo económico; pero subir “demasiado” pueda limitar la capacidad de contratación y empujar a algunos empleadores hacia la informalidad.
La mesa tripartita también llega con tensiones internas. Fenalco anunció en septiembre que no participará en la negociación porque considera que el Gobierno terminará fijando el incremento por decreto, como ocurrió antes. En contraste, gremios como la Andi y Acopi sí asistirán, aunque expresaron preocupación por presiones para que el aumento gire en torno al 11%.
Más allá de los desacuerdos, el calendario ya está definido. Según la Ley 278 de 1996, la Comisión tiene hasta el 15 de diciembre para presentar propuestas formales y buscar acuerdos. Si no se logra, las partes deben entregar sus salvedades por escrito en las siguientes 48 horas, mientras el Ministerio de Trabajo intenta destrabar la discusión con reuniones bilaterales. El objetivo es llegar a un consenso antes del 30 de diciembre. Si tampoco se consigue, el presidente queda obligado a fijar el salario mínimo teniendo en cuenta la meta de inflación del Banco de la República, la productividad, el comportamiento del PIB y el IPC.
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