El reciente hallazgo de un sobrecosto millonario en el programa Hambre cero, uno de los principales proyectos sociales del Gobierno Petro, puso en el centro de la atención pública la gestión de los recursos estatales en medio de la discusión sobre una nueva Ley de financiamiento.
La Contraloría General de la Nación detectó irregularidades significativas en la ejecución de fondos destinados a las ollas comunitarias en los departamentos de La Guajira y Arauca, lo que llevó a la apertura de dos procesos de responsabilidad fiscal contra funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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La investigación, desarrollada por la Unidad de Investigaciones Especiales de la Contraloría, se enfocó en combatir la corrupción y revisó minuciosamente los soportes documentales de los contratos, incluyendo facturas y bases de datos de beneficiarios. El organismo de control determinó que los sobrecostos identificados alcanzan los $2.000.000.000, cifra que corresponde a recursos ejecutados durante 2023 en dos de los departamentos con mayores necesidades sociales y limitadas oportunidades de desarrollo.
En el caso de La Guajira, la Contraloría señaló la ausencia de información clave en los documentos de respaldo. “Ante la falta de soportes, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción abrió responsabilidad fiscal en La Guajira, donde había un contrato para suministrar alimentación a 700 personas en los municipios de Hatonuevo y Manaure, durante 90 días, con una inversión de 5.240 millones de pesos”, indicó el ente de control. El análisis permitió establecer que existieron sobrecostos por $1.001.000.000 en la contratación de raciones alimentarias destinadas a comunidades wayuu.
El organismo también identificó diversas irregularidades en los contratos, como la falta de inscripción en el Registro Único Empresarial y Social (RUES), ausencia de experiencia contractual, utilización de códigos RUT correspondientes al sector educativo y carencia de soporte técnico adecuado.
En Arauca, la Contraloría detectó un contrato cuyo objetivo era proveer alimentación a 6.200 beneficiarios durante 90 días en los municipios de Saravena, Tame, Fortul y las zonas rural y urbana del departamento. La inversión prevista ascendía a $9.200.000.000, pero se registró un sobrecosto de $1.064.000.000, lo que motivó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal adicional.
Los funcionarios implicados, que lideraron la Ungrd durante la ejecución de estos contratos, son señalados como presuntos responsables de las anomalías y del posible daño al patrimonio público en el marco del programa Hambre cero.
Denuncian jugada del Gobierno que puede generar millonarios sobrecostos y corrupción
El Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes) puso en primer plano la preocupación por la integridad técnica y la sostenibilidad de la infraestructura en Colombia. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) advirtió que el fondo podría perder su rigor técnico y transformarse en un instrumento para atender urgencias fiscales o financiar proyectos cuya viabilidad no ha sido comprobada, como el Programa Colombia Solar.
El contexto que motiva esta advertencia es el desempeño actual de los proyectos energéticos en el país. De acuerdo con Anif, el 47,9% de los proyectos energéticos en ejecución presentan retrasos, y algunos parques eólicos estratégicos en La Guajira acumulan atrasos de hasta el 70%. Esta situación evidencia la fragilidad de la planificación y ejecución en el sector, lo que incrementa la importancia de mantener filtros técnicos rigurosos en la asignación de recursos.
Según el análisis de Anif, el Fondes fue concebido como un patrimonio autónomo público de gran magnitud, con la finalidad de financiar grandes proyectos de infraestructura y capitalizar empresas de servicios públicos, siempre bajo criterios estrictos de viabilidad legal, técnica y financiera.
La entidad precisó en su más reciente comentario económico, titulado “Anif advierte sobre uso y cambio de control del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura- Fondes”, que “el Fondes es un patrimonio autónomo público con un tamaño significativo, cercano a $4,1 billones en activos y aproximadamente $1,5 billones en recursos líquidos, creado para financiar grandes proyectos de infraestructura y capitalizar empresas de servicios públicos, con criterios estrictos de viabilidad legal, técnica y financiera”.
Los recursos del fondo, detalló la asociación, provienen principalmente de la enajenación de activos de la Nación, lo que exige una gestión responsable y orientada exclusivamente a proyectos con factibilidad comprobada. Este principio de administración responsable se ve amenazado por recientes cambios institucionales.
El panorama del Fondes se modificó de manera sustancial tras la publicación de un borrador de decreto por parte del Ministerio de Hacienda. El documento elimina el papel de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) como administrador del fondo, otorga al ministro de Hacienda la función de ordenador del gasto y permite que cualquier entidad del Grupo Bicentenario asuma la administración.
Esta reconfiguración institucional, según la advertencia de Anif, implica la desaparición del filtro técnico independiente que aportaba la FDN y aumenta el riesgo de que el fondo se utilice para cubrir necesidades fiscales inmediatas del Gobierno, especialmente ante el déficit creciente.
La asociación, presidida por José Ignacio López, subrayó que la pérdida del filtro técnico podría derivar en la asignación de recursos a proyectos que no cumplen con los requisitos de estructuración y factibilidad. Anif enfatizó que destinar recursos a iniciativas sin análisis técnicos, jurídicos ni financieros representa un riesgo tanto para la sostenibilidad del fondo como para la ejecución de infraestructura estratégica que sí está lista para avanzar.
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