Enrique Gómez, jefe de debate de Abelardo de la Espriella, arremetió contra Petro por los aviones Gripen: “Hombre maligno, siniestro y habilidoso”

El proceso de adquisición de 17 aviones de combate Gripen de la firma sueca Saab, por parte del Gobierno de Gustavo Petro, alimentó las críticas contra el mandatario por el manejo de los recursos públicos. Esta compra, valorada en 16,5 billones de pesos, ha sido defendida por el jefe de Estado, que la consideró necesaria para renovar la flota de aeronaves Kfir de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que según diferentes reportes ya cumplieron su vida útil.

Y uno de los que sacó a relucir sus argumentos frente a este asunto fue Enrique Gómez Martínez, que oficia como jefe de debate del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, que le subió el tono controversia y vinculó la operación con supuestos intereses ocultos y relaciones internacionales cuestionables con el reino de Suecia, en declaraciones a través de sus redes sociales que causaron una fuerte controversia en la escena política nacional.

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El exaspirante a la Presidencia de la República, que compitió en el proceso electoral del 2022 sin mayor difusión, pero un discurso sólido y contrario al actual mandatario, lanzó una serie de acusaciones a Petro y la administración estatal, al sugerir que la elección de Suecia como proveedor estaría motivada por razones políticas y de conveniencia personal; al involucrar a la primera dama de la nación, Verónica Alcocer, en lo que sería para él este entramado corrupto.

“Petro es un hombre maligno, siniestro y habilidoso. Compra en Suecia, claro, por la comisión, pero eso es lo de menos. Compra en Suecia porque Suecia ha sido un país aliado de las Farc, históricamente, y del ELN”, afirmó el sobrino del asesinado líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. En ese orden de ideas, el jefe de debate sostuvo que ese país ha apoyado a las guerrillas mediante refugio y el respaldo institucional a través de organizaciones no gubernamentales.

“Ha dado cobijo a los líderes de esta guerrilla. Les crea ONG y permiten que funcionen para el lavado de la plata del narcotráfico. ONG que vienen después al territorio colombiano a respaldar a la guerrilla, en lo jurídico, en lo social, en lo mediático, a generar todo tipo de denuncias a favor de la guerrilla”, insistió Gómez, que dejó entrever que tales organizaciones buscarían influir en la percepción internacional sobre los grupos armados ilegales en Colombia.

El abogado sugirió que tras la compra existe una estrategia para limitar la capacidad operativa de la Fuerza Aérea. “Esa es la estrategia: buscar que Suecia restrinja el uso para bombardeo táctico en tierra de los aviones Gripen. Y por eso es que sale de la nada a bombardear a Murdisco en el Guaviare, para generar precisamente ese efecto psicológico en Suecia, y que el contrato que firmen impida el uso pleno de estos aviones en la defensa del interés nacional”, dijo.

De acuerdo con Gómez, la decisión de ejecutar una operación militar específica contra los hombres de alias Iván Mordisco, cabecilla del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias, estaría relacionada con el intento de los negociadores oficiales de condicionar la letra del contrato, restringiendo las capacidades de ataque efectivo de los aviones que se están comprando.

Otra de las preocupaciones expresadas por Gómez estaría relacionada con los plazos de entrega y la capacidad real de Saab y Embraer para cumplir lo pactado. “Esos aviones nunca se van a entregar y la razón es clara. Primero, en Brasil, Embraer y Saab no han podido hacer las ampliaciones de mayores tanques de combustible para los Gripen. Y llevan solo ocho de los 48 aviones comprados por Brasil entregados", afirmó Gómez Martínez en su video.

Y mencionó cómo Saab firmó con Ucrania una orden de compra de 100 aviones más. “O sea que Colombia va a recibir esos aviones posiblemente en 10 años. Mientras tanto, no tendrá al próximo Gobierno con qué luchar contra las Farc, contra el ELN, en los bombardeos tácticos en tierra dentro y fuera del país”, denunció el político, que advirtió que, de concretarse este cronograma, el Estado quedaría desprovisto de capacidades críticas para operaciones militares.

Gómez agregó a sus críticas la hipótesis de que ciertas organizaciones cercanas a la guerrilla podrían beneficiarse económicamente gracias a la compra. “Las fundaciones, esas que apoyan a las Farc, gustosamente recibirán donaciones muy cuantiosas de los dueños de Saab y sus proveedores, que terminarán en los bolsillos de Gustavo Petro, Verónica Alcocer y de las Farc", indicó el exaspirante presidencial en en su perfil de X.

“Esa es la verdadera estrategia del señor presidente de la República, que es el peor de los mentirosos que ha conocido la historia de Colombia y que, claro, quiere con Iván Cepeda que triunfen las Farc”, puntualizó el denunciante.

El Ejecutivo ha defendido la transparencia y utilidad estratégica de la operación con Saab. El acuerdo incluye 15 Gripen E monoplaza y 2 Gripen F biplaza, con entregas entre 2026 y 2032. El propio mandatario detalló que el esquema de pago evitará comprometer el presupuesto de la próxima administración y que la compra tendrá beneficios adicionales, como transferencia tecnológica y acuerdos industriales que contemplan el desarrollo de proyectos energéticos.

A la polémica por la compra se suma un reportaje publicado por el diario sueco Expressen, que documentó con fotografías y testimonios la presunta “vida de lujo y derroche” de la primera dama, Alcocer, en Estocolmo. El medio reveló encuentros de la cónyuge del mandatario, del cual se separó, con personalidades de la élite sueca, como Sofia Strand y Kishti Tomita, en restaurantes y clubes exclusivos de la capital sueca.

La coincidencia entre la presencia de Alcocer y la firma del contrato con Saab causó suspicacias sobre una posible relación entre ambos hechos, alimentada además porque la inclusión de Alcocer y Petro en la denominada Lista Clinton de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) de EE. UU. por presuntos vínculos ilícitos con organizaciones ilegales con las que el Gobierno estableció procesos de negociación; sin que se conozcan las pruebas de las denuncias.