Fiscalía Anticorrupción de Suecia recibió petición para investigar presunto soborno trasnacional en la venta de aviones Gripen a Colombia

La Fiscalía Anticorrupción de Suecia confirmó la recepción de una solicitud enviada por Camilo Enciso, fundador del Instituto Anticorrupción de Colombia, en la que plantea la necesidad de iniciar una investigación preliminar por un eventual caso de soborno transnacional relacionado con la compra de los aviones Gripen, fabricados por la empresa Saab y adquiridos por el Gobierno colombiano.

Según Enciso, los “hechos y la evidencia que hasta ahora se ha conocido relacionada con posibles actos de corrupción involucrando al Ministerio de Defensa y a la primera dama y otras personas relacionadas con el alto gobierno, por presuntos actos de corrupción involucrando la venta de las aeronaves que el país ha conocido en días pasados” motivaron la presentación de la petición ante las autoridades suecas.

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El documento, fechado el 18 de noviembre de 2025 y dirigido a la Fiscalía Nacional Anticorrupción de Suecia (Riksenheten mot korruption), solicita revisar si los hechos divulgados públicamente podrían constituir delitos contemplados en el capítulo 10 del Código Penal sueco sobre soborno a funcionarios extranjeros.

En la introducción de la carta, Enciso expone en inglés —y en la traducción incluida en la solicitud— que: “Respetósomente presento esta solicitud para que se inicie una investigación preliminar sobre presuntos delitos relacionados con soborno extranjero en conexión con exportaciones de defensa suecas hacia la República de Colombia y posibles beneficios otorgados a personas vinculadas a altos cargos públicos en Colombia”.

Asimismo, el documento indica que la petición se fundamenta en información publicada por Semana (2023) y por el medio sueco Expressen (2025). En uno de los apartes traducidos, Enciso afirma: “Estas circunstancias generan motivos razonables para sospechar que ventajas indebidas pudieron haber sido ofrecidas o entregadas a funcionarios públicos extranjeros —o a personas estrechamente relacionadas con ellos— con el fin de influir en una decisión de contratación”.

Entre los elementos mencionados está la declaración del exviceministro de Defensa Ricardo Díaz, citada por Semana en 2023, según la cual habría recibido una oferta de 700 millones de pesos para facilitar la compra de tres helicópteros ofrecidos al país por un gobierno extranjero.

La controversia surge en medio de la firma del contrato entre el Gobierno colombiano y la firma sueca Saab para la adquisición de 17 aviones de combate Gripen. El negocio, que asciende a 16,5 billones de pesos, fue detallado por el presidente Gustavo Petro el 17 de noviembre, cuando explicó la estructura financiera del acuerdo y los compromisos que incluye.

El jefe de Estado señaló que el pago se realizará mediante vigencias futuras hasta 2032 y precisó que el esquema contempla tres años de gracia inicial, de forma que “las anualidades que se generen no las pagará mi gobierno”, según indicó en sus declaraciones públicas. Petro explicó que el contrato fue pactado en euros y que su valor en pesos se ajustó de acuerdo con proyecciones cambiarias de largo plazo.

El presidente también afirmó que el monto total corresponde a un paquete integral. Expresó que “no se puede hacer la división estricta del valor total entre el número de aviones para obtener el precio unitario, porque cada avión viene con la integración de las máximas capacidades, no viene ‘pelado’”. En esa línea, detalló que el contrato incluye sistemas de armamento, integración de sensores, bancos de mantenimiento, entrenamiento para pilotos y técnicos, repuestos y un centro de simulación avanzada con cuatro cabinas.

El Gobierno informó que el contrato contempla, además, compromisos de inversión social y tecnológica por parte de Saab y del Estado sueco. Petro mencionó la “construcción parcial y dotación de alta tecnología del hospital San Juan de Dios de Bogotá”, así como la instalación de una planta para producir paneles solares flexibles en el Caribe y sistemas de desalinización de agua potable en La Guajira.

El mandatario calificó la adquisición como un paso significativo para la renovación de la flota de combate y resaltó la transferencia de tecnología y la capacitación especializada que recibirán miembros de la Fuerza Aérea Colombiana. Durante la presentación oficial en la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, afirmó: “Simboliza mucho más que una adquisición de capacidades estratégicas, representa una asociación entre dos naciones que creen en la paz, en el progreso y en la defensa de la vida”.

El contrato deja comprometidos recursos a largo plazo que deberán gestionar los futuros gobiernos a partir de 2026, así como un programa de modernización que, según la administración actual, es necesario para fortalecer las capacidades de defensa en medio de las condiciones de seguridad del país.