El Consejo de Estado ordenó al presidente de la República, Gustavo Petro, y al ministro del Interior, Armando Benedetti, rectificar en un plazo de cinco días las declaraciones en las que señalaron al personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, de colaborar con el ELN.
El fallo del alto tribunal responde a la tutela presentada por Bohórquez en julio de 2025, en la que solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la vida, seguridad, honra y buen nombre, luego de las acusaciones emitidas por el presidente y el ministro.
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Según el Consejo de Estado, las manifestaciones realizadas carecieron de sustento y generaron un impacto directo en la integridad del personero.
La providencia establece medidas específicas para la rectificación:
- Respecto al presidente Gustavo Petro: “ORDENAR (…) que en la inmediata y siguiente alocución presidencial o intervención televisiva posterior a la notificación de esta decisión, realice la rectificación correspondiente en relación con las manifestaciones efectuadas el 21 de abril de 2025”.
- Respecto al ministro del Interior Armando Benedetti: “ORDENAR (…) que publique, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, y mantenga por el término de tres (3) meses, un mensaje en su cuenta personal de la red social ‘X.com’ (…) mediante el cual realice la rectificación correspondiente respecto de las manifestaciones efectuadas el 21 de abril de 2025”. El mensaje deberá etiquetar al personero y ajustarse a los estándares de veracidad, objetividad y respeto propios de la función pública.
Además, la UNP tiene un plazo de veinte días para concluir un nuevo estudio técnico de riesgo, que evalúe la eficacia del esquema de protección vigente y determine posibles ajustes necesarios.
Amenazas y contexto de la tutela
Bohórquez presentó la tutela tras las declaraciones que, según él, lo expusieron a un aumento de amenazas. En entrevista con Blu Radio, el personero detalló que comenzó a recibir mensajes intimidatorios que aludían a posibles atentados similares al ocurrido contra el senador Miguel Uribe Turbay en junio de 2025: “Encuentro comentarios de perfiles que me dicen que hay que meterme dos tiros en la cabeza, como se lo hicieron al senador Miguel Uribe en Bogotá (…) Otro comentario decía que yo iba a ser el presidente del barrio de los acostados”.
El personero aseguró que cualquier daño a su persona o a su familia sería responsabilidad del Gobierno nacional por los señalamientos realizados sin pruebas: “Hago responsable al Gobierno nacional de cualquier afectación a mí y mis seres queridos (…) Jamás he pertenecido a grupo armado y he sido neutral ante cualquier situación registrada en la región”.
Bohórquez explicó que su labor se desarrolla en el Catatumbo, una región con presencia del ELN y disidencias de las Farc, lo que aumenta la vulnerabilidad frente a acusaciones públicas.
Sobre las acusaciones
El conflicto comenzó en abril de 2025, cuando el ministro Benedetti cuestionó al personero por no respaldar la conmoción interior decretada en Norte de Santander y otros municipios. En un mensaje publicado en X, Benedetti escribió: “Quien diga lo contrario es sospechoso de estar ayudando a la insurgencia de este país”.
Bohórquez respondió afirmando que su función siempre ha estado centrada en los derechos humanos y advirtió sobre el riesgo que implican los señalamientos oficiales: “Señor ministro del Interior, mi misión siempre será proteger los derechos humanos. Sus señalamientos son infundados y peligrosos, ponen en riesgo mi vida en un territorio como el Catatumbo”. Acto seguido, en otra publicación escribió: “Presidente @petrogustavo (...) la @UNPColombia debe tomar atenta nota de este grave señalamiento”.
En su momento, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación también señalaron que estas declaraciones tienen un efecto real en la seguridad de los funcionarios que operan en zonas con presencia de grupos armados.
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