Veinte personas murieron tras un bombardeo en Guaviare ejecutado por las Fuerzas Militares de Colombia contra un campamento de las disidencias de Iván Mordisco en la vereda Itilla, municipio de Calamar, departamento de Guaviare.
Entre las víctimas se confirmó la presencia de menores de edad, lo que ha incrementado la atención pública sobre el operativo y el proceso de identificación forense.
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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que recibió los cuerpos el 12 de noviembre en sus sedes de Villavicencio (Meta) y San José del Guaviare (Guaviare).
Según el informe oficial, trece de los fallecidos eran hombres y siete mujeres. Dieciséis personas fueron identificadas plenamente mediante cotejos dactiloscópicos, mientras que otras cuatro fueron reconocidas a través de carta dental.
Entre las víctimas, los especialistas determinaron que siete eran menores de edad: cuatro de género femenino y tres de género masculino. Este hallazgo ha generado inquietud sobre la presencia de menores en el campamento atacado y el impacto del conflicto armado en la población infantil de la región.
El proceso forense contó con la participación de un equipo interdisciplinario de profesionales en medicina, odontología y antropología, que aplicaron técnicas especializadas para la identificación de los cuerpos. Los resultados de estos estudios serán entregados a la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de continuar con la investigación sobre los hechos y de establecer las circunstancias en las que se produjo el bombardeo.
La acción militar formó parte de una operación dirigida contra las disidencias de “Iván Mordisco”, grupo armado que opera en el departamento de Guaviare. El desarrollo de la operación y sus consecuencias han reavivado el debate sobre las estrategias empleadas en el conflicto interno y la protección de la población civil, especialmente de los menores de edad.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sigue adelante con las labores científicas para lograr la plena identificación de todos los restos mortales recibidos tras el operativo.
Gustavo Petro justifica bombardeos en Colombia: “Tienen ametralladoras, explosivos, fusiles y son organización armada declarada”
El presidente Gustavo Petro defendió el 15 de noviembre los bombardeos ordenados por su gobierno contra grupos armados ilegales en Colombia, argumentando que estos objetivos “tienen ametralladoras, explosivos, fusiles y son organización armada declarada. Son sujetos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y objetivos de guerra, porque declararon la guerra. Buscan eliminar fuerzas del Estado y civiles indefensos a través de sus armas letales”, escribió en su cuenta de X.
En contraste, Petro cuestionó los ataques de Estados Unidos contra narcolanchas en aguas internacionales, señalando que “lo de las lanchas no son nada de eso, son simples lancheros contratados. No han declarado la guerra a nadie: sobreviven en la pobreza”.
El mandatario colombiano ha insistido en que los bombardeos en Colombia se dirigen exclusivamente contra Grupos Armados Organizados como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, los cuales, según su explicación, poseen capacidad armada, estructura jerárquica y control territorial, lo que los convierte en actores del conflicto interno y, por tanto, en objetivos legítimos del DIH.
“Son ejércitos privados del narcotráfico”, ha afirmado, asegurando que las operaciones cuentan con respaldo jurídico y se ejecutan bajo estrictos estándares de respeto a los derechos humanos.
La polémica se intensificó tras los recientes bombardeos en Guaviare y Arauca, donde murieron decenas de disidentes de las Farc. El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, declaró que en ninguno de los ataques se afectaron personas protegidas por el DIH, aunque reconoció que no podía descartarse la presencia de menores entre los fallecidos.
“Quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna”, afirmó. En respuesta a los operativos estadounidenses, Petro ordenó la suspensión temporal del envío de información de inteligencia a agencias de Estados Unidos mientras continuaran los ataques contra narcolanchas, una medida que luego flexibilizó al permitir el intercambio de datos solo si Washington garantizaba que no serían utilizados para destruir embarcaciones con sus ocupantes, según reportó El Colombiano.
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