Katherine Miranda exigió al Estado respuesta sobre muerte de seis menores en bombardeos en el Guaviare: “El país tiene derecho a saber qué pasó”

La muerte de seis menores en un bombardeo en Guaviare ha generado una demanda urgente de explicaciones al Gobierno Nacional sobre el cumplimiento de los estándares del derecho internacional humanitario.

La representante a la Cámara Katherine Miranda subrayó la gravedad de los hechos y la necesidad de transparencia: “Ante la noticia del bombardeo en Guaviare, donde murieron seis niños, el derecho internacional humanitario es bastante claro. Ante cualquier ataque, el Estado debe garantizar los principios de distinción, precaución y proporcionalidad, y debe extremar las medidas cuando existe la posibilidad de presencia de menores de edad”.

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Miranda exigió al Ejecutivo tres respuestas inmediatas. En primer lugar, solicitó claridad sobre la información previa que manejaban las autoridades: “Primero, el informe de inteligencia previo al bombardeo. Si existía información que indicara la presencia de menores y qué medidas se tomaron para verificarla”, dijo la representante en el video que difundió en las redes sociales.

El segundo punto de su reclamo se centró en los procedimientos de protección implementados durante la operación militar. Miranda preguntó: “Dos, los protocolos de protección aplicados. Qué pasos se siguieron para garantizar la distinción entre combatientes, civiles y, especialmente, frente a los niños reclutados ilegalmente”, según declaró.

Finalmente, la congresista exigió detalles sobre la proporcionalidad de la fuerza empleada y la cadena de mando responsable de la decisión: “Y tres, las reglas de enfrentamiento autorizadas. Si la fuerza utilizada cumplía con la proporcionalidad exigida por el derecho internacional humanitario y quién dio la orden final de ejecutar la operación”, expresó Miranda.

La representante concluyó su intervención enfatizando la obligación del Estado de rendir cuentas ante la sociedad: “La muerte de seis menores exige transparencia absoluta. El país tiene derecho a saber qué pasó, por qué pasó y si se violaron los protocolos que este mismo Gobierno decía defender con tanta vehemencia y fuerza cuando era oposición”, concluyó.

La muerte de los menores durante la operación militar realizada por las Fuerzas Militares de Colombia en el departamento de Guaviare contra las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc, lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, ha sido confirmada por la Defensoría del Pueblo mediante un comunicado emitido el sábado 15 de noviembre. En el mismo se reportó, además, la recuperación de cuatro cuerpos aun sin identificar.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, enfatizó en un comunicado oficial que los menores fallecidos eran víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales.

De acuerdo con las declaraciones de Marín, la presencia de niños, niñas y adolescentes en campamentos de estos grupos no concede a las Fuerzas Militares la facultad automática de ejecutar ataques, recordando que: “Las Fuerzas Militares deben adoptar todas las precauciones posibles para proteger a los menores, que conservan una protección reforzada por los principios de humanidad, precaución y necesidad militar limitada, así como por el interés superior de la niñez”.

Según la Defensoría, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) impone restricciones severas incluso cuando existe una pérdida del estatus civil y los menores han sido obligados a participar en hostilidades.

El comunicado remite a la jurisprudencia internacional, citando la sentencia de la Corte Penal Internacional en el caso Bosco Ntaganda para subrayar que está prohibido causar más muertes o lesiones de las estrictamente requeridas “incluso en operaciones militares legítimas”, según puntualizó la entidad.

Marín planteó, a raíz de lo sucedido, la posibilidad de que se pudieran haber considerado otras formas de intervención militar que minimizaran el daño.

La institución remarcó que el reclutamiento forzado de menores es una infracción grave del DIH y está vedado tanto por la legislación colombiana como por convenios internacionales. Colombia ha incorporado los lineamientos del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estatuto de Roma y el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra, que otorgan protección especial a la infancia en contextos de conflicto armado y prohíben su participación en hostilidades.

En su mensaje, la Defensoría atribuyó la responsabilidad primaria de las muertes a los grupos armados que reclutan menores y precisó: “el reclutamiento de personas menores de dieciocho años es considerado un crimen de guerra”. La comunicación oficial refiere que seis de las veinticinco bajas en combate correspondieron a menores reclutados por la disidencia de “Iván Mordisco”, información confirmada por la Defensoría.

La entidad advirtió, además, sobre la prohibición de utilizar menores como escudos humanos por parte de estructuras armadas ilegales y subrayó que estos grupos tienen la obligación de abstenerse de involucrar a menores en hostilidades o exponerlos a acciones bélicas.

La institución recomendó a las autoridades militares adoptar medidas ajustadas a la legalidad para la protección de la población civil. Asimismo, concluyó que reducir el análisis del caso a un plano técnico sería inadecuado, ya que los hechos revelan “el impacto de la guerra sobre los menores reclutados y la degradación de los principios de humanidad, dignidad, necesidad, proporcionalidad y precaución”.

La Defensoría del Pueblo reiteró en su comunicado que su papel no consiste en certificar la legitimidad de operaciones militares, sino en rechazar la violencia y promover la paz.