Denunciaron ante la Fiscalía a Emcali por riesgo de interrupción en el alumbrado público de Cali

La posibilidad de que Cali quede sin mantenimiento de su alumbrado público a partir del 1 de enero de 2026 encendió las alarmas en la ciudad, luego de que la Red de Veedurías de Colombia presentara una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra directivos de Emcali por presuntos delitos contra la administración pública.

La organización, liderada por Pablo Bustos, sostiene que la omisión administrativa del gerente de Emcali, Roger Mina, podría derivar en consecuencias sin precedentes para la prestación de este servicio esencial.

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La denuncia, según informó la Red de Veedurías de Colombia, se fundamenta en la inacción de las Empresas Municipales de Cali a menos de cincuenta días del vencimiento de todos los contratos de mantenimiento del alumbrado público.

La entidad no ha iniciado ningún proceso de licitación, ni ha publicado pliegos, borradores, estudios previos, cronogramas o modalidades de selección, ni ha garantizado un escenario de participación abierta, transparente y competitiva, como exige la ley.

Esta falta de gestión, que la Red califica como “inexplicable y gravísima”, carece de justificación técnica o jurídica y expone a la ciudad a un riesgo inédito: la interrupción total del mantenimiento del alumbrado público por ausencia de planeación contractual.

La Red de Veedurías advierte que este incumplimiento vulnera de manera directa los principios esenciales de la contratación estatal, como la transparencia, la libre concurrencia, la economía y la responsabilidad, consagrados en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993.

Además, señala que Emcali ha ignorado la obligación de planeación previa establecida en el artículo 26 de la misma ley, la regla general de la licitación pública prevista en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y las obligaciones anticorrupción dispuestas en el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011.

La jurisprudencia del Consejo de Estado, en sentencias como el expediente 11001-03-26-000-2013-00053-00 (2014), ha reiterado que “los contratos estatales no pueden convertirse en mecanismos de perpetuación de operadores ni en escenarios que excluyan la competencia”.

Para la Red de Veedurías, la omisión de la empresa no solo compromete la legalidad administrativa, sino que podría estar configurando un favorecimiento indebido hacia la empresa que actualmente presta el servicio de mantenimiento del alumbrado.

Esta situación generaría un cierre artificial de la competencia, un posible detrimento patrimonial y un riesgo evidente de direccionamiento contractual. La organización sostiene que esto podría evidenciar que las decisiones en Emcali se están tomando sin el conocimiento del alcalde y de los sectores activos de la ciudad, o, en un escenario más grave, con un nivel de negligencia o permisividad que requiere investigación por parte de las autoridades.

La Red enfatiza que no existe explicación válida, ni institucional ni técnica, que justifique cómo se permitió que el contrato de mantenimiento del alumbrado público llegue a su vencimiento el 31 de diciembre sin que se haya iniciado el proceso de selección.

Advierte que, si Emcali termina adjudicando nuevamente a la empresa actual sin licitación, solo quedarían dos posibles interpretaciones: una administración profundamente incompetente o la existencia de intereses irregulares que buscan favorecer a un particular. En ambos casos, la responsabilidad administrativa, disciplinaria, fiscal y penal sería ineludible.

La organización recuerda que la empresa está obligada, sin excepción, a publicar la modalidad de selección, expedir los pliegos borradores, establecer un cronograma razonable y garantizar el tiempo necesario para que los interesados preparen sus ofertas en condiciones de igualdad, conforme a los principios de selección objetiva, buena fe contractual y transparencia.

Cualquier contratación realizada sin el cumplimiento de estos pasos constituiría una violación directa al régimen contractual y dará lugar a las acciones respectivas.

En medio de la denuncia penal presentada por la Red de Veedurías, Emcali respondió asegurando que el proceso de modernización del alumbrado público avanza según lo previsto y que la empresa ha cumplido con los requisitos de transparencia y control institucional. La entidad destacó que, junto con la Administración Distrital, logró modernizar el 30% del sistema con más de 55.000 luminarias LED instaladas, un aumento que —según sus cifras— supera en más de 600% los resultados obtenidos entre 2021 y 2023.

La empresa afirmó que este avance permitió optimizar procedimientos técnicos, administrativos y financieros, fortaleciendo su gestión y garantizando un uso responsable de los recursos públicos. También señaló que mantiene comunicación permanente con los entes de control, entregando de forma oportuna toda la información solicitada, incluidos los requerimientos de la Procuraduría desde julio de 2024.

Según Emcali, actualmente trabaja en la segunda fase del programa de modernización, en articulación con la Uasep y adelanta una consultoría jurídica, técnica y financiera para definir una hoja de ruta completa del futuro proceso contractual. La compañía indicó que esta etapa se encuentra en revisión interna y cuenta con acompañamiento especializado para asegurar que los nuevos lineamientos cumplan los estándares más altos de legalidad y transparencia.

Respecto al reciente requerimiento de la Procuraduría del 6 de noviembre de 2025, Emcali aseguró haber entregado toda la información dentro de los plazos establecidos. Añadió que, una vez la nueva hoja de ruta esté definida, informará abiertamente a la ciudadanía y notificará a los entes de control antes de cualquier publicación oficial.