El Ministerio de Educación pidió a distintas entidades del Estado actuar con urgencia ante los recientes episodios de violencia registrados en algunas universidades públicas del país.
El ministro Daniel Rojas hizo el llamado a través de sus redes sociales, donde anunció que solicitó al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación la instalación de un puesto de mando unificado nacional para abordar los hechos.
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El jefe de la cartera educativa explicó que la intención es coordinar una respuesta institucional que permita identificar a los responsables de los disturbios y garantizar la protección de la comunidad universitaria, siempre respetando la autonomía de las instituciones de educación superior.
“El paramilitarismo en las universidades públicas ha sido parte de una lamentable historia que hace parte del pasado y no venimos acá a repetir o permitir la repetición, sino a cambiar”, afirmó Rojas.
El pronunciamiento se produjo luego de que circularan videos y testimonios de alumnos de la Universidad del Atlántico, en los que se denuncia que personas ajenas a la institución habrían ingresado armadas a las instalaciones. De acuerdo con los relatos, los sujetos habrían agredido a estudiantes y profesores que participaban en una asamblea multiestamentaria.
El Ministerio de Educación señaló que la prioridad del Gobierno es salvaguardar la integridad de los miembros de la comunidad académica y evitar que se reproduzcan prácticas violentas que afecten los espacios universitarios. Para ello, se ordenó activar los mecanismos legales de inspección y vigilancia disponibles, con el fin de garantizar la seguridad en los campus.
Rojas indicó que ya dio instrucciones a la Subdirección de Inspección y Vigilancia para que utilice todas las herramientas que le confiere la ley en el marco de sus competencias. Según explicó, esta dependencia podrá intervenir directamente en los casos que representen un riesgo para la convivencia o vulneren los derechos fundamentales de los estudiantes y profesores.
“Dimos instrucciones a la subdirección de inspección y vigilancia del ministerio de usar todas las herramientas legales que posee, para intervenir, con la fuerza que permita la ley, con el propósito de salvaguardar la integridad de estudiantes y profesores”, precisó el ministro.
El funcionario añadió que desde la emisión de esas directrices el Ministerio ha venido avanzando en una estrategia de atención interinstitucional que será comunicada de manera prudente y gradual, debido a la sensibilidad de la situación.
La solicitud de intervención también busca evitar que hechos violentos similares se repitan en otras universidades públicas del país, donde en los últimos meses se han presentado manifestaciones estudiantiles y enfrentamientos con la fuerza pública. El ministro subrayó que cualquier acto que ponga en riesgo la vida o los derechos de los miembros de la comunidad educativa será objeto de investigación.
El llamado del Ministerio coincide con las advertencias de organizaciones estudiantiles que han denunciado la presencia de actores externos en los campus. En algunos casos, los colectivos han solicitado acompañamiento permanente de organismos de derechos humanos y mayor vigilancia de las autoridades.
Rojas reiteró que el Gobierno nacional mantiene su compromiso con el respeto por la autonomía universitaria, pero que este principio no puede convertirse en un obstáculo para garantizar la seguridad ni en un escudo para quienes promueven la violencia.
En ese sentido, insistió en que las universidades deben ser espacios de pensamiento libre, debate democrático y construcción colectiva, lejos de cualquier forma de intimidación o agresión. Asimismo, hizo un llamado a los rectores, docentes y estudiantes a participar activamente en las estrategias de prevención.
El ministro concluyó que la articulación entre las entidades del Estado será clave para identificar los riesgos, atender a las víctimas y asegurar que la educación superior pública siga siendo un entorno seguro y plural. Recalcó que el Ministerio de Educación actuará conforme a la ley y en coordinación con las demás autoridades, con el propósito de preservar la vida y los derechos fundamentales en las instituciones educativas.
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