La reciente decisión del presidente colombiano, Gustavo Petro, de suspender el intercambio de inteligencia con agencias de seguridad de Estados Unidos ha encendido las alarmas en Washington.
La medida fue anunciada el martes 11 de noviembre a través de X, donde Petro ordenó a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública “suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”.
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El mandatario defendió su decisión como respuesta a los bombardeos contra lanchas narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, que calificó de “ejecuciones extrajudiciales” y que, según sus cifras, han dejado veinte embarcaciones hundidas y al menos setenta y seis muertos.
El congresista republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, expresó su preocupación por el impacto de esta medida en la histórica relación entre ambos países.
“Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia”, afirmó a NTN24, asegurando que la suspensión de la cooperación en inteligencia beneficia a los narcotraficantes, incluyendo al Cartel de los Soles.
Díaz-Balart calificó la medida de “última expresión de su actitud de proteger a los narcotraficantes, es algo triste y altamente inaceptable”.
El legislador también hizo referencia al historial del presidente colombiano, señalando que esta relación con grupos narcoterroristas ha motivado la negativa de visas para Petro y varios de sus funcionarios.
Además, Díaz-Balart criticó la postura del mandatario frente al despliegue militar estadounidense en el Caribe y la situación en Venezuela, calificando al régimen de Nicolás Maduro como un “narco-cartel” y subrayando que Estados Unidos no permitirá su fortalecimiento.
El Gobierno Petro se retractó
Sin embargo, las declaraciones del ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, introdujeron un matiz importante en el debate. Benedetti aseguró que en ningún momento la cooperación entre Estados Unidos y Colombia se ha detenido.
“El presidente Gustavo Petro nunca ha dicho que las agencias de control americanas —FBI, DEA, HSI— van a dejar de trabajar en Colombia a la par de nuestras agencias de inteligencia Dipol, Dijín y CTI, y seguiremos trabajando como lo ha hecho este Gobierno en contra del narcotráfico y el crimen con los Estados Unidos”, afirmó en un mensaje publicado en X.
Esta aclaración surge después de que el propio Petro condicionara la medida a la detención de los ataques estadounidenses contra lanchas en el Caribe y el Pacífico.
Benedetti aseguró que hubo una mala interpretación por parte de algunos funcionarios y medios de comunicación sobre la percepción de que Colombia había decidido cortar los vínculos con agencias estadounidenses.
La tensión diplomática se ha visto reflejada en decisiones recientes de Washington, como la retirada de Colombia de la lista de aliados en la lucha contra el tráfico de drogas, la revocación de visas de Petro y funcionarios de su gobierno, y la suspensión de ayudas financieras para la lucha antidrogas.
Colombia, históricamente socio clave en la lucha contra el narcotráfico, podría perder acceso a información estratégica, tecnología avanzada y apoyo logístico, afectando operaciones contra carteles y el flujo de inteligencia hacia Estados Unidos.
Los ataques han sido criticados por organismos internacionales; la ONU y Human Rights Watch los califican como ejecuciones extrajudiciales y violaciones a derechos humanos, mientras exigen que se detengan y se investiguen.
La supuesta ruptura cuestiona la cooperación internacional en seguridad, aumenta riesgos para ciudades norteamericanas y limita la capacidad de interceptar rutas de narcotráfico, al tiempo que deja en evidencia la fragilidad de la alianza con Washington.
Europa y más de 50 países, mediante declaraciones conjuntas, condenan el uso de la fuerza sin respaldo legal, reforzando la presión diplomática sobre Estados Unidos.
Los ataques, que comenzaron en el Caribe frente a Venezuela, se han extendido recientemente al Pacífico oriental, incluyendo zonas frente a México.
La situación refleja la complejidad de la relación entre Colombia y Estados Unidos, marcada por tensiones diplomáticas y de seguridad, mientras la comunidad internacional exige respeto al derecho internacional y los derechos humanos, poniendo en evidencia la delicada estabilidad de la cooperación regional.
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