En naufragio en costas de Panamá murió una bebé de 3 años: colombiano que conducía la lancha fue acusado de homicidio culposo

El ciudadano colombiano que conducía una lancha artesanal en la que falleció una niña migrante de 3 años (también colombiana) fue imputado por homicidio culposo en la provincia de Colón, Panamá.

La audiencia se dio como resultado de su captura por cuenta del naufragio de una embarcación que trasladaba a 22 migrantes (en su mayoría venezolanos).

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Durante la audiencia realizada el 11 de noviembre de 2025 en la sede del Sistema Penal Acusatorio en Colón, se decidió imponerle al imputado la medida cautelar de reporte periódico todos los lunes ante la Personería de Santa Isabel, en la Costa Arriba de Colón, mientras avanzan las investigaciones del caso.

La lancha zarpó la mañana del 9 de noviembre desde el muelle de la comunidad de Miramar, distrito de Santa Isabel, tenía la finalidad de transportar a un grupo de migrantes, entre ellos varios menores de edad.

Durante el trayecto, al llegar a la desembocadura de un río, el oleaje provocó el vuelco de la embarcación y todos los ocupantes cayeron al agua.

A raíz de lo anterior se produjo el fallecimiento de la menor por inmersión, y dejando en evidencia (una vez más) los riesgos asociados al tráfico irregular de personas en rutas marítimas no autorizadas.

Junto al conductor colombiano, otro imputado, un ciudadano panameño que actuaba como ayudante en la embarcación, también fue presentado en audiencia.

Al respecto, el abogado defensor Mack Anthony sostuvo ante los medios de comunicación locales que no existían fundamentos para detener a su cliente (el panameño), y por tal motivo fue absuelto de toda responsabilidad.

“El encargado de cualquier vehículo es aquel que lo conduce”, afirmó Anthony, señalando que su defendido no tenía control sobre el manejo de la lancha.

Durante la diligencia, el jefe de operaciones del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Michael Palacios, reveló que la embarcación no contaba con permiso vigente para el transporte de personas.

“En la revisión de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) se comprobó que la nave solo podía ser utilizada para pesca artesanal y tenía su permiso vencido”, precisó Palacios. Esta irregularidad en la documentación será un elemento central en la investigación que llevará adelante el Ministerio Público, el cual dispone de un plazo de seis meses para esclarecer los hechos.

Las autoridades panameñas apuntan que la mayor parte de las embarcaciones dedicadas al traslado de migrantes operan sin cumplir los requisitos exigidos para el transporte de pasajeros, aumentando los riesgos de accidentes mortales.

El trayecto realizado por la lancha el 9 de noviembre tenía como destino la franja costera de Colón, utilizada de forma habitual como ruta de paso por migrantes que buscan la frontera norte de Centroamérica.

Los informes oficiales destacan que las rutas marítimas en el Caribe panameño se han convertido en vías peligrosas, sobre todo para personas en situación de vulnerabilidad. Y como se pudo tener de referencia con este caso, algunas familias arriesgan todo, incluso las vidas de los más pequeños.

La investigación deberá determinar las circunstancias exactas del incidente, el grado de responsabilidad del imputado y la posible existencia de otras personas involucradas en la organización del viaje.

Una niña colombiana de 3 años falleció tras el naufragio de una embarcación que transportaba migrantes en la costa de Miramar, distrito de Santa Isabel, en la provincia de Colón, Panamá.

El incidente se registró el 9 de noviembre y ocurrió en medio de una transformación en las rutas migratorias de la región caribeña panameña.

El naufragio dejó además veinte personas rescatadas, entre ellas dieciocho adultos y dos menores, gracias a la intervención de una embarcación privada y el posterior despliegue del Senan.

Las autoridades panameñas comunicaron oficialmente que, a pesar de los intentos de reanimación cardiopulmonar (RCP), la niña falleció en el lugar del accidente.

El Gobierno de Panamá expresó su pesar por el suceso y advirtió sobre los riesgos asociados a este tipo de trayectos.

La embarcación estaba operada por un ciudadano colombiano y registrada únicamente para actividades de pesca artesanal, careciendo de permiso para el transporte de pasajeros. Además, zarpó desde un muelle no habilitado por la Autoridad Marítima de Panamá.

Este evento ocurre en medio de una experimentación de cambios notables en el flujo irregular de migrantes por el Caribe panameño. Todo después de la toma de posesión de José Raúl Mulino como presidente de Panamá y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, las políticas de ambos gobiernos contribuyeron a una desaceleración de los desplazamientos ilegales.

Medidas recientes incluyen financiación estadounidense para vuelos de repatriación y control de rutas no autorizadas mediante la selva del Darién, así como un Memorando de Entendimiento bilateral firmado en julio de 2024. Según el ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego, Estados Unidos destinó 14 millones de dólares —7 millones en 2024 y otros 7 en 2025— para reforzar la deportación y expulsión de migrantes.

“Se alcanzó un total de 2.736 personas deportadas y expulsadas gracias al memorando de entendimiento migratorio firmado por ambos países”, afirmó Ábrego.

El perfil y la distribución de los migrantes en la zona también han cambiado. La tendencia actual es el retorno hacia Suramérica, utilizando rutas marítimas entre el Caribe panameño y zonas fronterizas con Colombia.

Antes de 2024, el movimiento principal se dirigía hacia el norte, atravesando el Darién y Centroamérica rumbo a Estados Unidos. Ahora, los desplazamientos de migrantes desde el sur hacia el territorio estadounidense se han reducido de manera abrupta.

Un reporte del Migration Policy Institute (MPI) refleja esta disminución. Los migrantes colombianos pasaron de representar el 8 % de las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos en 2024 a apenas el 1 % en 2025.

El aumento de controles migratorios en territorio estadounidense ha elevado la cifra de deportaciones a 340.000 en el año fiscal 2025, de las cuales 234.000 correspondieron a arrestos dentro de comunidades en el país. Además, la participación de mexicanos en los cruces irregulares pasó del 45 % al 69 %, mientras que la suma de migrantes de Guatemala, Honduras, Colombia y Venezuela bajó del 28 % al 11 %.

Las familias constituyen una proporción cada vez menor entre quienes intentan cruzar fronteras. En septiembre de 2025, el 79 % de los cruces correspondió a adultos solos, en contraste con el 63 % en octubre de 2024. En el mismo periodo, las familias representaban el 12 %, tras haber constituido el 27 % un año antes.