El rediseño de la reforma tributaria que impulsa el Gobierno tras el reciente recorte al presupuesto de 2026 desplazó el peso de la recaudación hacia los impuestos al consumo, con la expectativa de que la nueva ley obtenga luz verde antes de finalizar el año.
La propuesta, que el Ministerio de Hacienda comenzó a presentar a los congresistas de las comisiones económicas, concentra la mayor parte de los ingresos previstos en gravámenes sobre licores, tabaco y otros productos asociados a “externalidades negativas”.
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El estancamiento que había caracterizado el debate parlamentario sobre la reforma tributaria durante varias semanas dio un paso hacia una posible reactivación de las discusiones, porque el Ejecutivo busca asegurar 16,3 billones de pesos para cubrir el presupuesto del año 2026.
De ese total, 4,1 billones de pesos provendrían exclusivamente de los nuevos impuestos al consumo, que incluyen tanto el tabaco como el alcohol.
La propuesta inicial contempla un impuesto mínimo de 11.200 pesos por cajetilla de cigarrillos, al que se sumaría un gravamen adicional. En el caso de las bebidas alcohólicas, se plantea un impuesto base del 19% más un cargo especial que varía según el nivel de alcohol del producto.
El proyecto también incorpora un capítulo destinado a incrementar el recaudo a través del IVA, con una meta de 2,9 billones de pesos. En este apartado se incluyen el IVA a los juegos de suerte y azar, así como a los vehículos híbridos, ampliando así la base de productos y servicios sujetos a este impuesto.
En cuanto al impuesto al patrimonio, el Gobierno mantiene su objetivo de recaudar 2,2 billones de pesos. No obstante, introduce una modificación relevante: el umbral a partir del cual se aplica este impuesto baja de 3.585 millones a 1.991 millones de pesos, lo que amplía el universo de contribuyentes afectados.
Entre tanto, la propuesta revisada suaviza la carga fiscal sobre las personas naturales. Mientras que en un inicio se proyectaba que este segmento aportaría 917.000 millones de pesos en impuesto de renta, la nueva estimación se reduce a 215.000 millones de pesos, reflejando una postura más moderada en este aspecto.
En línea con anuncios previos, el Gobierno elimina de la iniciativa el aumento del IVA al diésel y la gasolina. Sin embargo, persisten dudas sobre la inclusión de otros gravámenes relacionados con estos combustibles en el texto definitivo. Entre las medidas consideradas figura el incremento del impuesto al carbono, que podría incidir en los precios tanto del diésel como de la gasolina.
Para que la reforma tributaria entre en vigor, será necesario que supere el trámite en las cuatro comisiones económicas del Congreso y obtenga la aprobación de las plenarias de la Cámara y el Senado.
Iglesias tendrían impuesto del 35% que afectaría actividades no evangelizadoras
El debate en el Congreso de la República se intensificó tras revelarse que la nueva reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro contempla la aplicación de un impuesto de renta del 35% a las actividades de las iglesias que no estén vinculadas directamente con la evangelización.
Esta propuesta, ha generado una reacción inmediata entre los legisladores, que expresaron su desacuerdo con la medida.
El proyecto establece que el gravamen no se aplicará de manera inmediata en su totalidad, sino que se implementará de forma progresiva: iniciará con una tasa del 26% en 2026 y aumentará gradualmente hasta alcanzar el 35%. Esta estructura escalonada busca dar tiempo de adaptación a las entidades religiosas, aunque no ha logrado disipar las críticas dentro del Congreso.
La polémica se centra en la distinción entre las actividades evangelizadoras, que permanecerían exentas, y aquellas consideradas ajenas a la labor religiosa, que serían objeto del nuevo impuesto.
Los detalles de esta diferenciación y su impacto en la operatividad de las iglesias han sido motivo de discusión entre los congresistas de las comisiones económicas, quienes ya manifestaron su postura negativa frente a la iniciativa.
El anuncio de este punto específico de la reforma tributaria ha puesto en el centro del debate la relación entre el Estado y las organizaciones religiosas, así como el alcance de las exenciones fiscales históricamente otorgadas a estas instituciones.
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