Un juzgado de Bucaramanga ordenó al gobernador de Santander, general (r) Juvenal Díaz Mateus, designar en un plazo de 10 días un alcalde encargado en Girón tras denuncias de presuntos favorecimientos políticos. La medida se tomó tras interponerse una denuncia disciplinaria, presentada por el veedor ciudadano Carlos Fernando Álvarez, que acusó al mandatario departamental de utilizar su cargo para impulsar la candidatura de William Mantilla Serrano.
Según Álvarez, Mantilla Serrano es un antiguo aliado político del mandatario seccional y aspirante a la Alcaldía de Girón, en un proceso que se adelantará durante la vigencia de la Ley de Garantías: que exige neutralidad absoluta de los funcionarios públicos en asuntos electorales. Las elecciones atípicas en este municipio están programadas para el 18 de enero de 2026, cuando se escoja al sucesor de Campo Elías Ramírez Padilla, destituido por el Consejo de Estado.
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La decisión judicial, emitida por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de la capital santandereana, estableció que el gobernador debe seleccionar al alcalde encargado a partir de la terna presentada por los partidos que avalaron la candidatura del exalcalde Ramírez. Sin embargo, hasta el momento Díaz Mateus ha solicitado en tres ocasiones la misma terna, cada vez con nuevos requisitos y exigencias.
Es por ello que el veedor Álvarez señaló lo que sería un conveniente retraso en la designación; al mismo tiempo en que en el cargo designó de manera temporal a Fredy Cáceres: investigado por la Procuraduría por presuntos despidos irregulares y ha manifestado abiertamente su apoyo a la campaña de Mantilla.
Gobernador de Santander estaría favoreciendo a candidato a la Alcaldía de Girón, según veedor ciudadano
La denuncia de Álvarez detalló los vínculos políticos entre Díaz Mateus y Mantilla, que formó parte de la coalición que respaldó la campaña General Juvenal Gobernador en 2023 y, posteriormente, fue vinculado como funcionario de la Gobernación; en una relación política directa entre ambos. En el documento radicado ante el despacho judicial, sostuvo que el gobernador habría instrumentalizado su facultad de designación para favorecer a este aspirante.
Lo anterior, tanto mediante el nombramiento de Cáceres como alcalde encargado como a través de presuntas presiones administrativas sobre el gabinete municipal. Entre los hechos señalados en la denuncia, el veedor afirmó que Cáceres, en su calidad de alcalde encargado, solicitó la renuncia masiva de los funcionarios que integraban la administración anterior, supuestamente siguiendo instrucciones directas del gobernador.
Esta acción, según precisó, constituye una presión administrativa con fines de favorecimiento político. Además, se indicó por parte de Álvarez que durante la posesión de Cáceres estuvieron presentes miembros del equipo de campaña de Mantilla, lo que habría convertido un acto oficial en un evento proselitista.
Del mismo modo, se conoció la presunta injerencia familiar en la estructura política departamental, pues Juvenal Díaz Mateus estaría promoviendo la visibilidad de su hermano, el representante a la Cámara Luis Eduardo Díaz Mateus, quien aspira al Senado, y que este último tendría a su vez su propio candidato a la Cámara. Para el veedor, estos hechos configuran una estrategia para mantener el control político en municipios clave de Santander.
La vigencia de la Ley de Garantías prohíbe de forma expresa el uso del poder público para beneficiar intereses electorales y exige neutralidad en la administración. La nulidad de la elección del anterior alcalde, Campo Elías Ramírez, provocó la vacancia en la Alcaldía de Girón y la necesidad de un encargado, en el plazo anteriormente mencionado, para que el gobernador designe un alcalde encargado del mismo partido del saliente mandatario.
De hecho, el caso fue mencionado en la plenaria de la Cámara de Representantes el 28 de octubre de 2025. El congresista Álvaro Leonel Rueda Caballero solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General, al remarcar la necesidad de investigar la presunta participación indebida en política por parte del gobernador, que buscaría influir en los procesos de Girón y Bucaramanga.
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