Un grupo de 100 académicos, juristas y organizaciones sociales de Colombia instó al Congreso de la República a realizar un debate profundo y técnicamente fundamentado sobre el proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Agraria y Rural.
La petición apunta a que se garantice un análisis serio y plural de los cambios institucionales propuestos para el sector rural, en particular sobre la eliminación del control judicial automático a las decisiones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
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Propuesta de eliminar el control judicial automático
Según el documento, la propuesta principal es eliminar la fase judicial automática en los procedimientos especiales agrarios que actualmente están a cargo de la Agencia Nacional de Tierras. Los firmantes consideran que esta eliminación permitiría agilizar procesos clave como la recuperación de baldíos y la administración de tierras, que resultan estratégicos para la política de reforma agraria.
La carta dirigida al Congreso respalda la postura de que este trámite judicial, adoptado tras modificaciones con el Decreto Ley 902 de 2017, ha tenido el efecto de ralentizar la gestión estatal en materia de baldíos. Se sostiene que la fase judicial automática limita excesivamente la acción administrativa, impidiendo que la ANT recupere eficazmente los bienes rurales ocupados de forma indebida.
De acuerdo con los firmantes, esta carga procedimental contradice principios del derecho administrativo como la presunción de legalidad de los actos y el control judicial rogado, que faculta a cualquier persona a acudir ante la jurisdicción si considera vulnerados sus derechos.
Naturaleza administrativa y objetivos de los procedimientos agrarios
En la misiva, los académicos destacan que los procedimientos especiales agrarios, regulados por la Ley 160 de 1994 y otros decretos, son de naturaleza puramente administrativa. Su finalidad incluye proteger y recuperar bienes baldíos, sancionar el incumplimiento de funciones sociales y ecológicas de la propiedad, y hacer cumplir obligaciones de adjudicatarios de tierras públicas.
Uno de los objetivos centrales es cumplir con las metas del Fondo de Tierras, que aspira a incorporar tres millones de hectáreas a la redistribución en beneficio del campesinado. Según la petición, el esquema vigente de control judicial automático entorpece la celeridad y la eficacia necesarias para alcanzar ese objetivo.
La carta puntualiza que la eliminación del control automático no suprime las garantías judiciales: cualquier ciudadano o actor afectado puede activar mecanismos judiciales como la acción de nulidad o de restablecimiento de derecho cuando se presenten controversias concretas o afectaciones de derechos.
Polémica sobre la concentración de poder en la Agencia Nacional de Tierras
Algunos actores han manifestado su temor por una posible concentración excesiva de poder en la ANT. Sin embargo, la carta rechaza este señalamiento y sostiene que, en realidad, la Agencia Nacional de Tierras es la única entidad estatal cuyas decisiones administrativas están sujetas a control judicial obligatorio. A modo de comparación, recuerda que ni siquiera entidades que afectan la propiedad privada en otros sectores atraviesan un escrutinio judicial similar.
La misiva recalca que la publicidad, contradicción y debido proceso administrativo continúan vigentes, y que los afectados pueden recurrir a vías judiciales ordinarias. Los firmantes insisten en que mantener la exigencia de control judicial automático solo para la ANT significa una carga injustificada y un freno para la reforma agraria.
Función y relevancia de la Jurisdicción Agraria y Rural
La creación de la nueva Jurisdicción Agraria y Rural no se limita a la supervisión de las decisiones de la ANT, aclaran los académicos y organizaciones sociales. Su propósito esencial es brindar justicia especializada para los habitantes rurales y resolver disputas sobre el uso, tenencia y aprovechamiento de la tierra.
Según la carta, una jurisdicción especializada permitiría tramitar los conflictos ante jueces con conocimiento técnico, contextual y territorial sobre las realidades del campo colombiano. Los promotores del proyecto subrayan la importancia de este sistema para cerrar las brechas de acceso a la justicia y reparar la deuda histórica con las víctimas de despojo o desposesión en el entorno rural.
Entre los ejemplos de procedimientos administrativos fundamentales que atiende la ANT, se incluyen la clarificación de la propiedad, el deslinde entre predios públicos y privados, la recuperación de baldíos, la extinción de dominio, la caducidad administrativa y la reversión de adjudicaciones.
Justicia efectiva y acceso equitativo al uso de la tierra
La carta, firmada por instituciones como el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA), el Observatorio de Tierras, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), el Instituto de Estudios Agrarios Yamile Salinas y por profesores como Rodrigo Uprimny y Rocío del Pilar Peña Huertas, reitera el llamado al Congreso para que la discusión sobre la implementación de la jurisdicción se lleve a cabo con “altura, rigor jurídico y seriedad técnica”.
Los firmantes enfatizan que la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural está diseñada para complementar la labor de la Agencia Nacional de Tierras, permitiendo una gestión más eficiente de los territorios y bienes rurales del país, sin desproteger las garantías de los ciudadanos.
La petición finaliza con el exhorto a que el Congreso de la República asuma este debate con responsabilidad y visión de Estado, para que la legislación resultante contribuya al acceso efectivo a la tierra, la seguridad jurídica y el desarrollo rural.
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