La historia de Maritza Martínez Capacho en Barranquilla expone con crudeza las consecuencias de la crisis en el sistema de salud colombiano, donde la falta de acceso a medicamentos vitales puede sellar el destino de los pacientes.
El programa periodístico Los Informantes, de Caracol Televisión, recogió el testimonio de su esposo, Efrén Andrade, que relató el deterioro de su esposa durante los once meses en los que esperó, sin éxito, la entrega de los fármacos que necesitaba para tratar su hipertensión pulmonar.
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La enfermedad, diagnosticada con esta enfermedad en 2023, avanzó sin tregua mientras la familia agotaba todos los recursos legales y administrativos.
“Esta enfermedad se apoderaba de su cuerpo, dejándola sin aire, sin ganas de comer y, a veces, sin la capacidad de levantarse de la cama”, indicó Andrade.
Los médicos recetaron tres medicamentos esenciales: treprostinilo, sildenafilo y macitentan. Mientras recibió el tratamiento, Maritza experimentó una mejoría notable. Andrade recordó: “Ella decía: ya puedo caminar, ya no me ahogo al subir tres, cuatro, cinco escalones”.
La estabilidad se quebró en octubre de 2024, cuando la EPS suspendió la entrega de los medicamentos. Andrade explicó que: “La nueva EPS indicó que ya no le podía entregar el medicamento porque no había una farmacia disponible, ya que se había terminado el contrato con Audifarma. En ese instante empezaron a negar el medicamento: ‘No hay farmacia, todavía no tenemos contrato’”.
La familia inició una serie de tutelas y peticiones, incluso con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, pero la respuesta nunca llegó a tiempo.
La propia Maritza, consciente del agravamiento de su estado, grabó un video en el jardín de su casa poco antes de morir. En la grabación, denunció: “He tenido una recaída por el no suministro de las medicinas para mi tratamiento”, según recogió Los Informantes. La espera se prolongó durante once meses, hasta que la enfermedad resultó irreversible.
El desenlace fue devastador. Maritza falleció el día cuatro del mes, y el medicamento llegó veinticinco días después.
Andrade relató la llamada que recibió de la Defensoría del Pueblo: “Claro que sí, doctor, ya lo entregaron. Pero mi señora falleció”. Sentado en el comedor de su casa, Andrade calificó la situación como “lo más inhumano que pueda hacer un dispensario o una entidad”.
La Fundación de Enfermedades Raras informó al programa que en 2025 han muerto aproximadamente 1.500 pacientes en circunstancias similares. “Esto se debe llamar así: injusticia con un paciente y ojalá esto no suceda con más personas”, enfatizó Andrade mientras revisaba la documentación de la lucha que no logró salvar a su esposa.
Defensoría del Pueblo alerta sobre crisis de acceso a medicamentos
La crisis de desabastecimiento de medicamentos en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes, con el 90% de los pacientes afectados por la falta total o parcial de sus tratamientos, según el informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados” de la Defensoría del Pueblo.
En este contexto, la entidad enfatiza: “Los pacientes deben documentar cada paso para poder ejercer sus derechos”, una recomendación que se convierte en el eje de su guía para enfrentar la situación.
El informe, que se basó en encuestas a 3.449 personas en todo el país, revela que solo el 48% de los casos logra resolverse entre uno y tres meses después de iniciado el reclamo.
Además, la Defensoría del Pueblo advierte que “la falta de información y transparencia es una de las causas estructurales de esta crisis”, lo que subraya la importancia de mantener un archivo organizado con la fórmula médica original, copia de la historia clínica, registros de reclamos y comprobantes de pago en caso de compras por cuenta propia.
Para quienes no reciben sus medicamentos, la Defensoría detalla tres instancias principales para presentar quejas: la EPS, donde se debe exigir un recibo con número de radicado y escalar el caso si no hay respuesta en 15 días hábiles; la Superintendencia Nacional de Salud, que en 2025 recibió cerca de 685.000 reclamos por medicamentos a través del canal de Pqrd; y la propia Defensoría del Pueblo, que cuenta con 42 regionales y recibió cerca de 35.000 quejas por vulneración del derecho a la salud entre 2022 y 2025.
El informe destaca la efectividad de las veedurías ciudadanas y la presencia de organizaciones de pacientes en los puntos de dispensación. Un testimonio recogido por la Defensoría lo ilustra: “Si hay alguien de la Defensoría en el dispensario con chaleco, aparecen los medicamentos y los entregan. El chaleco hace milagros”.
Además, los Puestos de Mando Unificado (PMU), impulsados en 16 departamentos, han permitido resolver casos críticos mediante la coordinación entre EPS, IPS, gestores farmacéuticos y autoridades.
En cuanto a los mecanismos legales, la acción de tutela se presenta como último recurso, aunque el informe señala que las tutelas en salud aumentaron un 34,10% entre enero de 2024 y julio de 2025, y que el 24% de las tutelas acompañadas por la Defensoría están relacionadas con la negación de medicamentos.
La ruta sugerida por la Defensoría del Pueblo para reclamar incluye: reclamo directo documentado en el punto de dispensación, reclamo formal por escrito a la EPS, queja ante la Superintendencia Nacional de Salud, solicitud de acompañamiento a la Defensoría y, finalmente, la acción de tutela.
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