En imágenes |Daños en las instalaciones del Batallón Simón Bolívar de Tunja tras el atentado; ofrecen 100 millones por información de los responsables

El hallazgo de una volqueta cargada con explosivos en el barrio Prados de Alcalá, al oriente de Tunja, desencadenó una serie de operativos de seguridad y evacuaciones en la mañana del 8 de noviembre.

La presencia del vehículo, equipado con una plataforma no convencional para el lanzamiento de tatucos o cilindros bomba, generó alarma entre los habitantes y movilizó a las autoridades locales y nacionales.

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De acuerdo con el coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, la volqueta fue abandonada en la vía con 24 tatucos en su parte superior. Las primeras investigaciones apuntan a que estos artefactos tenían como objetivo las instalaciones del Batallón Simón Bolívar, ubicado en las inmediaciones del barrio Alcalá.

Un equipo de expertos antiexplosivos realizó la detonación controlada de tres de los dispositivos, aunque parte de la carga se proyectó hacia el complejo militar, provocando daños materiales.

La secretaria de Gobierno de Boyacá, Alejandra Pico Gama, explicó que la alerta se activó a las 5:30 a. m., tras recibir información de la comunidad sobre un vehículo sospechoso.

Se desplegaron de inmediato los protocolos de atención en coordinación con el Ejército, la Policía Nacional y la Alcaldía de Tunja, y se evacuó a todas las personas que residían o trabajaban en un radio de kilómetro y medio alrededor de la zona afectada.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, anunció que se ha autorizado una recompensa de 100 millones de pesos para quienes proporcionen información que permita identificar a los responsables del ataque.

“Nos encontramos a dos cuadras del Batallón Bolívar, en el barrio Prados de Alcalá, con la tranquilidad de que no tenemos ningún herido de gravedad”, aseguró.

Amaya explicó que las autoridades actuaron de manera inmediata y efectiva, controlando la situación y realizando detonaciones controladas para minimizar riesgos. Además, pidió a la ciudadanía no replicar información o videos que puedan generar zozobra, y resaltó que la coordinación entre la Policía, el Ejército y la Alcaldía permitió contener la situación rápidamente.

Durante la inspección y desactivación del sistema explosivo, se produjo la activación accidental de parte de la carga, lo que expulsó cilindros hacia el Batallón y dejó dos soldados lesionados.

Este incidente subraya la peligrosidad del operativo, pese a que no se registraron víctimas mortales entre la población civil.

La investigación sobre el origen y recorrido de la volqueta reveló que el vehículo había transitado el 27 de octubre por el corredor vial Paipa–Tunja, pasando por el peaje de Tuta a las 5:30 p. m., cubierto con una carpa y cargado. Información preliminar indica que la volqueta habría sido vendida aproximadamente doce días antes y que salió del municipio de Sogamoso transportando arena, de acuerdo con El Tiempo.

Además, las autoridades indagan la posibilidad de que el ataque al Batallón se haya realizado mediante el uso de un dron cargado con granadas, además de los explosivos hallados en la volqueta, y estudian si uno de los artefactos provocó un incendio de un automóvil dentro de la zona militar.

El presidente Gustavo Petro confirmó a través de sus canales oficiales que el atentado fue neutralizado y que tanto la población civil como el personal militar fueron evacuados a tiempo.

“No bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil”, dijo el mandatario.

Petro reiteró que no se registraron víctimas mortales y que las autoridades continúan verificando los daños materiales. La reacción presidencial subraya la vigilancia constante frente a estructuras criminales y la necesidad de mantener operativos preventivos en zonas estratégicas.

El pasado 15 de octubre, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, encabezó un consejo de seguridad en Boavita, donde se acordaron acciones para fortalecer la presencia institucional y garantizar la estabilidad en el departamento.

Durante la reunión, se anunció una estrategia integral de la Fuerza Pública, basada en inteligencia y coordinación entre Ejército y Policía, así como un aumento de recompensas para quienes aporten información sobre cabecillas de estructuras armadas que operan en la región.