El Tribunal Superior de Bogotá, a través de la Sala de Justicia y Paz, emitió condenas a 35 exintegrantes de los bloques Calima y Bananero de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) por crímenes en al menos cinco departamentos del país.
El tribunal condenó a ocho años de prisión a cada uno de los exmiembros por su responsabilidad en 345 crímenes perpetrados en el Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Huila y Quindío entre 1994 y 2004.
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La información fue difundida el jueves 6 de noviembre por la Fiscalía General de la Nación, entidad que presentó ante la magistratura la relación de los delitos cometidos por los bloques que formaron parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Entre los sentenciados figuran Hebert Veloza García, alias HH; Juan Mauricio Aristizábal Ramírez, alias Fino; Dalson López Simanca, Janier Franco, Albeiro Antonio Úsuga Graciano, alias Robinson; Germán Enrique Pineda Cárdenas y Rover Enrique Oviedo Yanes.
El ente acusador logró demostrar que los entonces miembros del Bloque Calima fueron responsables de masacres como las de San Pedro, Chorreras, San Lorenzo y Piedritas. En este último caso, ocurrido en septiembre de 1999 en zona rural de Tuluá, un grupo armado acudió a varias veredas del corregimiento San Rafael y causó la muerte de 13 habitantes, provocó desplazamiento masivo y ejerció violencia de género sobre dos mujeres, quienes fueron torturadas y sometidas a tratos crueles antes de ser asesinadas.
En relación con el Bloque Bananero, la condena recoge su participación en la masacre de Acandí (Chocó), perpetrada el 3 de noviembre de 1995, en la que al menos seis personas murieron y se cometieron secuestros, actos de tortura y el desplazamiento forzado de más de 30 familias.
La decisión judicial también hace mención al apoyo recibido por parte de empresarios y algunos miembros de la fuerza pública que facilitaron la llegada y expansión de los bloques Calima y Bananero en distintas regiones, además de la destrucción del tejido social y el ambiente de zozobra generado en la población civil.
El tribunal reconoció patrones de macro-criminalidad presentados por la Fiscalía como homicidio, desaparición forzada, violencia basada en género, reclutamiento y desplazamiento forzado.
Las penas impuestas oscilan entre 480 y 240 meses de prisión, aunque se aplicaron sanciones alternativas de ocho años, conforme a lo dispuesto en la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz). Además, los condenados deberán pagar multas que van desde 9.000 hasta 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según especificó la Fiscalía.
Condenan a exparamilitar Carlos Enrique Vélez por falso testimonio
El 28 de octubre de 2025, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales emitió sentido de fallo condenatorio contra Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, por acusar falsamente de homicidio a Jonathan Manuel Vásquez, exalcalde del municipio de La Merced.
Vélez, conocido exparamilitar y testigo clave en el proceso judicial que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez, enfrenta esta vez una sentencia en su contra por señalamientos infundados relacionados con hechos ocurridos en 2004.
De acuerdo con información difundida en el proceso, alias Víctor inculpó al entonces exalcalde Vásquez de haber participado en el asesinato de Joaquín Sánchez Marulanda y su hijo Georgi Emilio Sánchez Restrepo, crímenes cometidos en una mina rural del municipio de Filadelfia. Sin embargo, la defensa de Vásquez presentó pruebas que demostraron la falsedad de dichas acusaciones, logrando evidenciar ante el tribunal que el motivo de alias Víctor era extorsionar al exalcalde y su familia.
El abogado Jaime Andrés Novoa explicó que durante la campaña política de Vásquez, este fue contactado y posteriormente extorsionado por los paramilitares, quienes le exigieron dinero a cambio de no declarar en su contra.
“Cuando el doctor Jonathan Vázquez empieza a aspirar a la alcaldía de la Merced, es contactado por estos paramilitares y extorsionado, le piden una suma de dinero a cambio de que no declaren en su contra y lo inculpan en estos homicidios contra personas protegidas. Evidentemente, Jonathan no acepta entregar esa suma de dinero y estos paramilitares terminan inculpándolo en ese homicidio”, señaló Novoa durante su intervención en el proceso.
Las declaraciones de alias Víctor llevaron a que Vásquez fuera inicialmente cobijado con medida de aseguramiento intramural. Posteriormente, obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria. Finalmente, un fiscal delegado ante el tribunal solicitó la preclusión de la investigación y el exalcalde fue declarado inocente, según precisó el abogado defensor.
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