Nueva medida del Gobierno Petro no haría que las tarifas de energía bajen de precio: estos son los riesgos que expertos detectaron

El sector energético colombiano hizo una advertencia al Gobierno y al Congreso de la República. Señaló que el proyecto de ley 432 de 2025, impulsado por el Ministerio de Minas y Energía no reducirá las tarifas de energía y podría provocar aumentos en las facturas, además de poner en riesgo la prestación del servicio. Así lo señala una carta enviada por los principales gremios el 5 de noviembre de 2025, en la que expusieron preocupaciones técnicas y económicas sobre la iniciativa legislativa.

El documento, firmado por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas, SER Colombia, ACP, Cámara Colombiana de la Energía, Acce, Agremgas, Gasnova, Andi, Asoenergía y Ceera, y dirigido al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y a los secretarios de las comisiones quinta de Cámara y Senado, resalta que el texto final del proyecto introduce artículos que ponen en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico y generan incertidumbre sobre las reglas de expansión de la oferta de energía.

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Los gremios sostienen que el principal desafío energético del país es garantizar el abastecimiento de energía eléctrica y gas combustible, un objetivo que consideran amenazado por la insuficiencia de oferta de energía firme y de gas nacional. Según la misiva, “sin expansión oportuna de la oferta no se lograrán tarifas competitivas y, peor aún, se comprometerá el abastecimiento de energía en el mediano y largo plazo”.

Respaldaron la afirmación con cifras oficiales: en los últimos cinco años, menos del 30% de la generación comprometida entró en operación y más del 50% de los proyectos de transmisión presentan retrasos. Por eso, agregaron, exige decisiones de política pública que destraben proyectos, impulsen nuevas inversiones y restablezcan la confianza en las reglas del mercado.

De igual manera, los gremios señalan que el proyecto de ley 432 “no aborda estos problemas estructurales, ni incorpora instrumentos que mitiguen el riesgo de desabastecimiento o incentiven la expansión de la infraestructura energética”. Además, alertan que la redacción actual genera incertidumbre y desconfianza en la estabilidad de las reglas, en un momento en que el país necesita decisiones contundentes de inversión para evitar una posible falta de energía en el futuro.

La situación financiera de los comercializadores de energía también preocupa a los gremios. Según el documento, a septiembre de 2025 estos actores acumulan saldos por recuperar cercanos a los $6 billones, de los que cerca del 68% corresponde a deuda pública del orden nacional y territorial. La carga, advierten, compromete la liquidez de los prestadores y la estabilidad del sistema.

Frente a este panorama, los gremios proponen una serie de acciones inmediatas y coordinadas, que consideran prioritarias y que, a su juicio, no requieren de un nuevo proyecto de ley. Entre las medidas sugeridas en la carta intergremial figuran:

• Garantizar los recursos para el pago de subsidios ya otorgados a los usuarios más vulnerables de energía y gas —una deuda que supera los $2,8 billones a septiembre de 2025—.
• Cumplir la promesa presidencial de que la Nación asumirá los saldos de la opción tarifaria.
• Definir e implementar el esquema de prestación del servicio de Air-e en la Región Caribe, incluyendo el pago de las deudas que esta empresa mantiene con otros agentes del mercado.
• Contratar estudios técnicos independientes y rigurosos para evaluar las reformas propuestas.
• Adelantar acciones para asegurar la ejecución de proyectos, en especial, en aspectos sociales y ambientales, lo que brinde la seguridad jurídica necesaria para garantizar el abastecimiento energético.

“Proponemos focalizar los esfuerzos en las verdaderas prioridades del sector energético nacional, que no requieren de un proyecto de ley sino de decisiones inmediatas y coordinadas”, enfatizan los gremios en la carta que también fue enviada al contralor Carlos Hernán Rodríguez y al procurador Gregorio Eljach.

Además, recuerdan que en comunicaciones previas presentaron propuestas intergremiales sobre subsidios y saldos de la opción tarifaria, entre otros temas, que consideran fundamentales para construir alternativas que permitan al Gobierno cumplir sus metas de solidaridad y redistribución de ingresos, así como garantizar un servicio público eficiente y de calidad.

En la parte final del documento, los gremios formulan un llamado a las autoridades para que los temas abordados en el proyecto de ley sean revisados con base en evidencia técnica, participación informada y diálogo institucional.

“Solicitamos respetuosamente que los temas abordados en el proyecto de ley sean revisados con base en evidencia técnica, participación informada y diálogo institucional, de forma que garantice la seguridad energética, la estabilidad jurídica y la confianza de los inversionistas, pilares del desarrollo económico y social del país”, concluye la carta intergremial enviada por los principales gremios del sector energético colombiano.