Juan Manuel Galán quiere ponerle “punto final” a la Paz Total por privilegiar a extraditables y Petro salió en su defensa: “No cometo el error de Uribe”

El debate sobre los alcances de la política de la Paz Total, impulsada por el presidente de la República, Gustavo Petro, ha tomado fuerza tras las recientes declaraciones de Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo y precandidato presidencial. Y todo porque el líder de la colectividad de centro propuso cerrar definitivamente la puerta a las negociaciones políticas con grupos armados ilegales que no tengan propósitos políticos.

“Hoy, los carteles no son solo un problema de seguridad pública, sino también de salud pública y de tejido social. Por eso, la lucha contra el narcotráfico no puede ser solo una política de Estado, debe ser una política de Estado con participación social”, dijo Galán en entrevista con Infobae Colombia, frente al impacto de estas estructuras criminales; en un concepto que amplió en otros medios, enfocado a las negociaciones.

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Y por ejemplo, a Semana, el aspirante al primer cargo de la Nación, fue aún más contundente y determinó que, en caso de ser el sucesor de Petro, pondrá fin a los procesos actuales. “A partir del 7 de agosto del año entrante hay que ponerle punto final a la Paz Total”, dijo Galán, que dejó en claro su rechazo a la continuidad de la política actual, que no ha dejado los réditos prometidos por el primer mandatario.

Para el precandidato, la negociación política con estructuras criminales carece de justificación. “Se acaban las negociaciones de tipo político con criminales. O sea, ¿quién dijo que uno sigue negociando políticamente con grupos que viven del narcotráfico, de la trata de personas, de la minería criminal, del tráfico de maderas finas?”, cuestionó Galán, hijo del asesinado candidato presidencial Luis Carlos Galán.

El dirigente liberal fue más allá, al señalar los vínculos internacionales de estos grupos. “Además, tienen relaciones con regímenes como Maduro en Venezuela o como el Hezbolá o como otros grupos terroristas en el mundo. Aquí lo que cabe son políticas de sometimiento a la justicia, eventualmente. Y el que no se someta a la justicia, pues se va extraditado a Estados Unidos. Punto”, sostuvo el político.

La respuesta del presidente no tardó en llegar, y a través de su perfil en la red social X, que es seguido por más de 8,3 millones de usuarios, defendió su enfoque y marcó distancia con políticas del pasado. El eje de la controversia, para Petro es claro, gira en torno a la legitimidad de los diálogos con organizaciones criminales y el papel de la extradición en la estrategia estatal; lo que, a su juicio, se ha manejado bien.

“Jamás las negociaciones con grupos armados dentro de mi política ha sido política, excepto con el ELN que la desechó”, afirmó el mandatario, que precisó que su enfoque se basa en procesos “socio jurídicos”; es decir, en los que se reconoce el papel del Estado en la transformación territorial donde se da la violencia de las economías ilícitas. “Pero la solución jurídica solo puede hacerse bajo la ley y conducida por la fiscalía”, agregó.

Asimismo, el mandatario también marcó distancia con la administración de Álvaro Uribe, que según él, cometió fallas garrafales. “No cometo el error de Uribe de otorgarle carácter político al narcotráfico”, afirmó Petro, al defender la legalidad de su estrategia; y dejó en claro que solo hay dos personas con su extradición suspendida, a la espera de demostrar que son capaces de llegar a zonas de concentración de sus hombres.

“Si eso no se da, serán extraditados en mi gobierno”, concluyó el jefe de Estado, que a través del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, sigue apostando a mesas de diálogo con grupos como el Clan del Golfo, con intermediación de Catar; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) y el Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf), disidencias de las Farc; y, del mismo modo, la Coordinadora del Sur.