Un nuevo caso de maltrato animal quedó en evidencia en videos grabados en el barrio Marsella, en el occidente de Bogotá, donde la comunidad denunció que un hombre agredió públicamente a su perro.
Los hechos se difundieron en redes sociales y provocaron un inmediato llamado vecinal a las autoridades para intervenir frente al incidente.
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En grabaciones compartidas en diferentes plataformas, se observó al señalado llevando a un perro a través de las calles del sector sujetándolo fuertemente con un collar y “arrastrándolo”, de acuerdo con los registros visuales. Junto al hombre apareció una mujer que no reaccionó ante la situación que quedó registrada.
Momentos después, un segundo video mostró al mismo individuo en la entrada de una vivienda propinándole patadas al canino.
“¡Qué le pasa! ¡No sea desgraciado! ¡Deje ese animal quieto!”, gritó una mujer que se encontraba en el lugar.
Otra transeúnte expresó su rechazo ante el hecho. El hombre no respondió verbalmente e ingresó con el perro al edificio, sin cambios en su actitud.
La indignación detonó acciones comunitarias. Integrantes del barrio Marsella se reunieron frente al edificio donde reside el hombre señalado e intentaron exigir respuestas directas.
Durante la manifestación, colocaron un afiche con la frase “Pareja que maltrata a su perro vive aquí”, junto a datos del apartamento y un número de contacto para incentivar la denuncia formal del caso.
Maltrato en Caucasia, Antioquia
Al hecho sucedido en Bogotá, se sumó la denuncia de la comunidad de Antioquia, que expresó conmoción ante un caso de maltrato animal que presuntamente resultó en la muerte de un perro, luego de un ataque perpetrado por un hombre en una zona rural del municipio de Caucasia, en Antioquia.
Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron a un sujeto golpeando repetidamente al animal y arrojándolo contra el suelo mientras el perro gritaba. El video habría generado una reacción masiva de rechazo por la crueldad registrada.
El incidente inicialmente se vinculó con Sonsón, municipio del mismo departamento, ya que en un principio se pensó que el agresor provenía de esa localidad. Sin embargo, Juan Diego Zuluaga, alcalde de Sonsón, aclaró que “los hechos ocurrieron fue en el municipio de Caucasia”.
Explicó que el responsable se encontraría asociado con la vereda Limones, lo cual confundió el origen del caso.
El mandatario añadió: “Estamos trabajando con las autoridades locales de ese municipio y con la fuerza pública para hallar a los responsables de este delito. Ni en Sonsón ni en nuestro departamento vamos a permitir que maltraten a nuestros animales, ni que cometan estos actos tan repudiables”.
Andrés Preciado, activista defensor de los derechos de los animales, manifestó: “La comunidad está indignada con el actuar de este sujeto, tiene que caerle todo el peso de la ley y se le aplique la ley Ángel. Este sujeto es un peligro para la sociedad, queremos justicia”.
Según Preciado, el ataque se originó porque el perro habría tomado un pedazo de carne. Dentro de las imágenes compartidas, se apreciaban trozos de carne cruda sobre una mesa, lo que aportó contexto sobre la posible causa de la agresión.
Las acciones legales quedaron a disposición de las autoridades, quienes investigan la identidad y paradero del hombre implicado en estos hechos. Tanto residentes del departamento como defensores de los animales continúan a la espera de avances en la búsqueda del sospechoso y reiteraron el rechazo contra cualquier forma de violencia hacia los animales.
Qué dice la ley
El artículo 339A de la ley Ángel establece que causar la muerte de un animal puede dar lugar a una pena de prisión de entre 32 y 56 meses, así como la inhabilitación especial, por un periodo de 2 a 5 años, para ejercer profesiones, oficios o actividades comerciales vinculadas con animales.
Además, se prohíbe la adquisición, posesión, cuidado y resguardo de animales y se impone una multa equivalente a 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales.
Adicionalmente, existen circunstancias específicas que pueden agravar la sanción, incrementando las penas entre la mitad y hasta las tres cuartas partes del máximo previsto.
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