
La controversia por el aumento del salario mínimo en Colombia tomó un nuevo giro luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmara en un video que la cifra podría alcanzar los $1.800.000 en 2026.
La declaración encendió las alarmas entre los gremios empresariales y analistas económicos, quienes consideran que el proceso se está contaminando con intereses políticos, a pocos meses del arranque de la campaña electoral.
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Entre las voces más críticas está la de Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), quien advirtió que la intervención de un alto funcionario del Gobierno en un debate técnico constituye un “error inmenso”.
En entrevista con Blu Radio, el dirigente gremial expresó su preocupación porque “se trate de convertir una discusión que tiene que ser tan seria en un tema que se vuelva político y electoral”.

Mac Master recordó que el proceso de concertación del salario mínimo, que históricamente ha reunido a representantes de trabajadores, empleadores y el Gobierno, se ha venido debilitando.
“Colombia era reconocida en el mundo porque era un sitio en el cual este tipo de decisiones se tomaban sentados los representantes de los trabajadores, los representantes de los empleadores y el Gobierno”, señaló.
Sin embargo, aseguró que en los últimos tres años ese esquema prácticamente ha desaparecido, lo que ha generado preocupación en la OIT y las Naciones Unidas.
El presidente de la Andi lamentó que el anuncio de Benedetti se haya hecho antes de iniciar la discusión formal, pues “tener al ministro del Interior diciendo qué es lo que van a hacer, parecería que vuelve a la mesa bastante inocua”.
Según el gremio, las decisiones sobre el salario mínimo deben estar sustentadas en criterios técnicos, como la productividad, la inflación y el costo de vida, y no en cálculos políticos.
La preocupación de los empresarios también se relaciona con el contexto laboral actual. Aunque las cifras oficiales indican una reducción en el desempleo, Mac Master insistió en que el problema de fondo es el aumento de la informalidad.
De acuerdo con sus estimaciones, más de un millón de personas han ingresado recientemente a este segmento, lo que implica pérdida de derechos y protección social. “Tener más de un millón de personas nuevas en el mundo laboral que están recibiendo solamente un millón de pesos no puede ser motivo de orgullo”, subrayó.

El dirigente explicó que, mientras un trabajador informal gana en promedio $1.040.000, uno formal percibe cerca de $2.500.000 al sumar prestaciones y auxilios.
Para la Andi, el crecimiento de la informalidad es el principal motor de la desigualdad, una situación que se agrava con los incrementos del salario mínimo que, aunque han superado el 10 % durante cinco años consecutivos, no se han traducido en una mejora real del poder adquisitivo.
En ese mismo sentido, Mac Master recordó que la inflación, aún cercana al 5 %, sigue presionando el costo de vida de los hogares, por lo que el próximo aumento debería analizarse con prudencia.
“Vamos a ver si la mesa funciona, vamos a ver si vale la pena tener una mesa”, comentó, insistiendo en que la Andi no negocia a través de los medios de comunicación.
A la discusión se sumó el Centro de Pensamiento Anif, que pidió que el aumento del salario mínimo para 2026 se mantenga por debajo del 10 %.

Su presidente, José Ignacio López, sostuvo que “si fuera por nosotros, deberíamos estar hablando de un salario mínimo que sea de un solo dígito”. Según Anif, el incremento debería reflejar la suma del ajuste por inflación más la productividad, sin convertirlo en una bandera electoral.
Anif también alertó que, pese a los incrementos recientes, los salarios reales en Colombia crecen más lentamente y un número creciente de trabajadores recibe menos del mínimo legal.
Con la proximidad del año electoral y la expectativa de un nuevo aumento salarial, la polémica por las declaraciones del ministro Benedetti revela un punto de tensión creciente entre el Gobierno y el sector privado. Para los gremios, el riesgo es claro: que el salario mínimo deje de ser una herramienta de equidad y se convierta, una vez más, en un instrumento de campaña.
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