Aumento del salario mínimo de 2026 no caería bien a este tipo de trabajadores y tampoco a quienes buscan subsidios de vivienda

Un posible incremento del salario mínimo en Colombia hasta $1.800.000, cifra que incluye el auxilio de transporte, se perfila como el eje central de la próxima negociación salarial para 2026.

La decisión, que impactará a más de tres millones de trabajadores, se tomará en la mesa de concertación que el Gobierno nacional instalará el 1 de diciembre de 2025. El debate, que involucra a sindicatos, gremios empresariales y autoridades, cobra especial relevancia por sus implicaciones económicas y sociales, así como por las posturas encontradas de líderes gremiales y expertos.

El proceso de negociación del salario mínimo Colombia se hace cada año con la participación de organizaciones sindicales, representantes empresariales y el Gobierno, bajo la mediación del Ministerio de Trabajo.

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Para la definición del incremento, los criterios principales son la inflación y la productividad, datos que proporciona el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Si las partes no logran un acuerdo, el Gobierno tiene la facultad de fijar el salario mínimo mediante decreto. Aunque la atención pública suele centrarse en el monto final, el alcance real del aumento es más limitado de lo que muchos trabajadores suponen.

En la actualidad, más de tres millones de trabajadores colombianos reciben el salario mínimo mensual. El resto, que representa el 57% de la fuerza laboral, percibe ingresos superiores a ese umbral. De acuerdo con cifras del Dane:

• 38% de los trabajadores gana entre uno y dos salarios mínimos (entre $1.423.500 y $2.847.000),
• 12% entre dos y cinco (entre $2.847.000 y $7.117.500),
• 2,43% entre cinco y nueve (entre $7.117.500 y $12.811.500)
• 0,99% supera los nueve salarios mínimos (más de $12.811.500).

Por tanto, el aumento salario mínimo afecta de manera directa a una minoría, aunque su efecto indirecto se extiende a otros sectores por medio de la fijación de precios, contratos y beneficios.

El marco legal colombiano establece que solo quienes devengan el salario mínimo tienen garantizado el aumento anual. No existe obligación para que las empresas ajusten los salarios superiores al mínimo, aunque la Corte Constitucional, en la sentencia T-276 de 1997, advirtió que la negativa a incrementar los sueldos de ciertos trabajadores, mientras se ajusta el mínimo, puede constituir una discriminación injustificada. Sin embargo, la Reforma Laboral ahora amplía este beneficio a todos los empleados que ganen hasta dos salarios mínimos, es decir, hasta $2.847.000 mensuales. La medida impactará de manera directa al 86% de los trabajadores en Colombia, lo que representa aproximadamente 17 millones de personas.

Además, la Corte señaló que mantener un salario sin ajustes durante periodos prolongados implica una pérdida progresiva del poder adquisitivo debido a la inflación. En la sentencia T-141 de 2022, el alto tribunal reiteró que la negociación colectiva y los acuerdos entre empleadores y trabajadores son el único mecanismo para garantizar incrementos salariales más allá del mínimo.

Para quienes ganan un salario mínimo, los analistas prevén que el aumento salarial para 2026 rondará el 5%, en línea con la proyección de inflación para el cierre del año (cerró en 5,18% en septiembre de 2025, según el Dane). Sin embargo, la decisión final dependerá de las políticas internas de cada empresa, ya que no existe una obligación legal de ajustar estos salarios. La situación puede generar consecuencias negativas para las empresas, como la desmotivación de los empleados, el aumento de la rotación laboral y dificultades para retener talento. Para los trabajadores, la ausencia de incrementos salariales frente al alza del costo de vida puede traducirse en presión financiera y deterioro de la calidad de vida.

Las proyecciones para el salario mínimo de 2026 están generando polémica. El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el salario mínimo podría alcanzar los $1.800.000. El monto representa un incremento del 26,4% respecto al salario mínimo actual. La magnitud del aumento suscitó reacciones encontradas entre líderes gremiales y expertos económicos, quienes advierten sobre los posibles efectos colaterales en la economía. No obstante, el funcionario aclaró después que la cifra que incluye el auxilio de transporte.

Dentro de las reacciones a lo dicho por Benedetti está la de la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia). La dirigente resaltó la necesidad de abordar la discusión del salario mínimo con rigor técnico y responsabilidad.

“El salario mínimo no admite improvisaciones. Es el piso que protege el ingreso de millones de hogares y orienta empleo, precios y contratos. Por eso su discusión debe ser seria, técnica y dentro de la ley, con datos y responsabilidad, para proteger el poder adquisitivo sin poner en riesgo la viabilidad empresarial ni el empleo formal”, afirmó.

Su postura enfatiza el equilibrio entre la protección del ingreso de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas.

Asimismo, el fundador de Arena Alfa, Sebastián Toro, criticó con dureza la posibilidad de un aumento del 26%. “Es una aberración subir 26% el salario mínimo a 1.800.000. Enviaría a millones de colombianos a la informalidad, empeorando un problema ya bastante grave. Los arriendos, la vivienda, los seguros, la educación se dispararían de manera absurda. Es una aberración populista”, sostuvo.

La advertencia apunta a los riesgos de un incremento desproporcionado, que podría incentivar la informalidad laboral y provocar un alza generalizada de precios en bienes y servicios esenciales.

Por su parte, el economista Diego Montañez-Herrera alertó sobre el impacto que un aumento del salario mínimo tendría en el sector de vivienda de interés social (VIS). Según el experto, elevar el salario mínimo a $1.800.000 modificaría el precio tope de la vivienda VIS. Sucedería lo siguiente:

• Para 150 salarios mínimos, el valor pasaría de $213.000.000 a $270.000.000.
• Para 135 salarios mínimos, el valor pasaría de $192.000.000 a $243.000.000.

Dicha variación podría dificultar el acceso a la vivienda para numerosos hogares, especialmente si los subsidios estatales no se ajustan en la misma proporción.