
Entre el 6 y 7 de noviembre, el Palacio de Justicia fue escenario de uno de los hechos más recordados en la historia de Colombia, la toma armada por parte del M-19 de este edificio en Bogotá.
Además de la responsabilidad del grupo armado por este hecho, en el que murieron más de 100 personas, los informes oficiales también han expuesto la culpa del Estado en lo que se registró durante la retoma.
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Uno de los aspectos de esta responsabilidad se enfoca en la protección de los rehenes, puesto que algunos terminaron siendo víctimas durante el fuego cruzado entre el Ejército Nacional y el M-19.
Además, las familias de las víctimas también fueron revictimizadas de otras formas, por ejemplo, algunos de ellos recibieron restos que no eran de su ser querido, aspecto del que se enteraron varios años después.

Uno de estos casos es el del magistrado Emiro Sandoval, al que sus allegados no pudieron despedir de manera correcta debido a que enterraron los cuerpos de tres personas diferentes.
“A nosotros nos entregaron ataúdes, ataúdes cerrados y nos dijeron: no los pueden abrir. Claro, no los podíamos abrir porque nos entregaron lo que quisieron y tuvimos que soportar eso durante muchos años”, indicó Amelia Mantilla, esposa de Emiro Sandoval a Noticias Caracol.
Alexandra Sandoval, hija del magistrado, indicó que durante 30 años visitaron una tumba en la que no estaban los restos de su padre. “A nosotras en el año 85 nos entregaron un ataúd diciéndonos que eran los restos de mi papá, pero en 2016 se pudo establecer después de haber hecho una exhumación que nos habían entregado aproximadamente restos de tres personas distintas y que ninguna correspondía a mi papá. Después de eso empezamos la búsqueda, al igual que lo han realizado las familias de los desaparecidos”.

Gracias a que la esposa del magistrado también trabajaba en la rama y que su hija es hoy en día investigadora, su conocimiento en el área les ayudó para gestionar la búsqueda de los restos reales, algo a lo que familiares de otras víctimas no tienen acceso.
“Con la ayuda de ella y de su equipo, y de Medicina Legal en su momento, logramos encontrar el cuerpo de mi papá, que era uno de los cuerpos que fue enviado al cementerio del sur como NN. Eso quiere decir que estuvo más de 30 y pico de años dando vueltas sin que su familia le pudiera dar el entierro digno que él se merecía y que finalmente pudimos hacer en 2018“.
Amelia Mantilla recordó todo lo ligado a la entrega de los cuerpos y la investigación sobre lo que se registró al interior del Palacio de Justicia, que califica como el encubrimiento de la historia real.
“Esto fue a la carrera. Había que tapar lo que ocurrió, empezando por las personas que murieron, las quitaron de los lugares donde estaban, las bajaron al primer piso. Yo lo digo porque yo lo vi. Quedaron incineradas, muy difícil de reconocer. Porque en ese entonces no había ADN y porque si los cambiaron de sitio, seguramente al moverlos las evidencias que había no quedaron en el lugar que correspondían", indicó Mantilla.

El caso del magistrado no es el único en ser expuesto, puesto que hay otras familias que hasta la fecha siguen sin encontrar el cuerpo de su ser querido, a pesar de que han pasado 40 años desde la toma.
Un ejemplo similar al de la familia Sandoval Mantilla es el de Libardo Durán, escolta del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, cuyo cuerpo fue entregado a su madre después de 33 años, tiempo en el que ella visitó la tumba en la que estaban los restos de dos guerrilleros, sin saberlo.
De la misma forma, en marzo de 2024 se anunció que habían sido encontrados los restos del magistrado Alfonso Patiño Rosselli, que durante años permanecieron en la tumba del policía Jaime Benítez, cuyos restos siguen sin ser encontrados.
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