Senador opositor arremetió contra Gustavo Petro y sus funcionarios, tras demoledor informe de la Contraloría: “No lograron nada”

La gestión del acceso al agua potable en Colombia, siendo esta una de las promesas centrales del actual Gobierno, enfrenta un panorama crítico tras la publicación de un informe de la Contraloría General de la República, en la que se reveló que más de 5 millones de personas en el territorio nacional no tienen acceso a agua potable; a tal punto de poner en conocimiento de la opinión pública el retroceso en inversión.

Con base en este demoledor reporte, el senador de oposición Carlos Fernando Motoa, que hace parte del partido Cambio Radical, cuestionó al presidente de la República, Gustavo Petro, y a sus funcionarios, al señalar la falta de avances en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia, potencia mundial de la vida’, que contemplaba este asunto como prioritario durante el cuatrienio en curso.

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“En campaña, Petro prometió que el agua y su suministro serían protagónicos si era elegido presidente. Tanto así, que la primera tarea que le encargó a la vicepresidenta Francia Márquez era proveer al Pacífico y poco después incluyó al resto del país en su Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, pasados varios años y faltando meses para terminar el Gobierno del ‘Cambio’ no lograron nada“, denunció Motoa en sus redes.

Y expresó que regiones de Colombia como el litoral Pacífico, departamentos como La Guajira y ciudades como Santa Marta siguen sin agua. “Con la agravante de lo que indica la Contraloría aquí”, afirmó Motoa en sus redes sociales, al compartir los reportes de prensa de cómo se promocionó, en su momento, esta iniciativa por parte del Gobierno; sin que hasta el momento se hayan registrado avances significativos en este ámbito.

El informe presentado por el ente de control, durante el foro 30 años de la Ley 142: desigualdades en agua y saneamiento básico en las regiones, expuso que más de cinco millones de colombianos siguen sin acceso a agua potable. A su vez, 12 de doce millones y medio no cuentan con alcantarillado sanitario y 8,7 millones carecen del servicio de recolección de basuras; a lo que suman otros preocupantes datos.

“Entre 1993 y 2024, la cobertura de acueducto urbano aumentó apenas un 3,2%, en alcantarillado un 11,8% y en recolección de basuras un 16,1%”, detalló la Contraloría en su presentación, en el que se detalló que la entidad fiscalizadora identificó la inequidad territorial como la principal deficiencia. “En 2024, la brecha urbano-rural en acueducto fue del 36%, en alcantarillado del 78,4% y en aseo del 67,5%”, se indicó.

Y, en el caso de la Amazonía, la cobertura del acueducto apenas alcanza el 46,8%, frente al 93,6% de la Región Andina; en un panorama que se agravaría ante la reducción presupuestal prevista para 2026. “El Presupuesto General de la Nación 2026 contiene una reducción del 53% en los recursos de inversión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio destinados a agua, saneamiento y gestión integral de residuos.

Así pues, el monto pasará de $1,5 billones de pesos en 2025 a solo $0,7 billones en 2026, lo que representa una disminución cercana a 800 mil millones de pesos”, advirtió la Contraloría. A esto se suma la baja ejecución presupuestal: “Con corte al 18 de septiembre de 2025, el Ministerio solo había ejecutado el 23% de su inversión, y para el componente de agua, saneamiento y basura cero, el 22%”, remarcó.

El informe también reveló que, de 684 plantas de tratamiento de aguas residuales evaluadas, solo el 39% opera efectivamente, mientras el resto presenta fallas estructurales o abandono, lo que provoca el vertimiento de aguas contaminadas en ríos y mares. Y en el periodo entre 2020 y el primer semestre de 2025, se efectuaron 40 auditorías al Sistema General de Participaciones, con 137 hallazgos por $75.515 millones.

Además de 71 auditorías a los Planes Departamentales de Agua, con 231 hallazgos fiscales por $197.053 millones. En cuanto a los recursos provenientes de regalías, se han vigilado 174 proyectos valorados en $1,1 billones, de los cuales se identificaron hallazgos con incidencia fiscal por $170.664 millones. “En total, los ejercicios de control fiscal a estas tres fuentes suman hallazgos por más de $443.232 millones”, concluyó,

Es válido recordar que el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungd) y el suministro de agua en La Guajira dejó en evidencia la magnitud de la crisis. La entidad, bajo la dirección de Olmedo López, en 2023, firmó un contrato por $46.800 millones para adquirir 40 carrotanques destinados a distribuir agua potable en la región; no obstante, se revelaron sobrecostos en más de $20.000 millones.

A lo que se suma la existencia de empresas fachada y falsificación de documentos. A pesar de la urgencia humanitaria, los carrotanques permanecieron meses parqueados en guarniciones militares de La Guajira, sin operar, por falta de pólizas, conductores y un plan claro de suministro de agua.

El caso escaló cuando Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, y López, confesaron que el contrato fue parte de un entramado de corrupción para entregar sobornos a congresistas, incluidos los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, a cambio de apoyo a las reformas del gobierno. Ambos se han acogido a principios de oportunidad para contar todo lo que saben sobre este entramado corrupto.