Se metieron los ladrones a reconocido claustro de monjas en Cali: se robaron hasta las hostias

La conmoción se apoderó del Monasterio de la Santísima Trinidad, en Cali, luego de que las Hermanas Carmelitas Descalzas, que residen allí desde hace más de un siglo, experimentaran la profanación de su capilla y el robo de objetos sagrados.

La comunidad religiosa, así como los habitantes de la zona de La Viga, manifestaron su indignación ante los sucesos ocurridos en la madrugada del lunes 3 de noviembre, hechos que ya están siendo investigados por las autoridades.

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Según la Arquidiócesis de Cali, los delincuentes sustrajeron el tabernáculo de la capilla, forzaron la tapa, retiraron las hostias consagradas y las dispersaron en el suelo, “lo que constituye una falta de respeto grave”.

Además, los asaltantes se llevaron el copón y el viril —receptáculos fundamentales para la liturgia católica—, junto con otros elementos de valor localizados en la oficina del monasterio.

Una fuente anónima enterada del asalto confirmó a El País que entre lo robado figuran un computador y teléfonos, resaltando que, aunque las hermanas no sufrieron lesiones físicas, sí se encuentran profundamente afectadas.

El comunicado emitido por la Arquidiócesis destacó que el ataque perpetrado al templo constituye un falta a la religión gravísima, además de profanación a los artículos de la comunidad.

“Ante esta profanación, no solo de lo más sagrado que tenemos los católicos como es el Cuerpo del Señor Jesús presente en el Santísimo Sacramento del Altar, hubo también intromisión en un lugar sagrado como es el monasterio de religiosas de clausura”, se lee en el comunicado.

La institución manifestó solidaridad con la comunidad religiosa y solicitó a los responsables arrepentimiento “de corazón” por un acto que consideran no solo delictivo sino un agravio grave hacia el templo.

En cuanto a la responsabilidad canónica, la Arquidiócesis recordó que “quienes han cometido este delito, incurren en la excomunión latae sententiae a tenor del canon 1382 &1 del Código de Derecho Canónico”. Además, como simbolismo del dolor de las monjas, se anunció que no se celebrarán liturgias en la capilla profanada hasta nuevo aviso.

La Policía Metropolitana de Cali, al ser consultada por El País, comunicó que durante la huida los delincuentes abandonaron el sagrario, pero lograron llevarse otros objetos.

Los uniformados asistieron a la comunidad para interponer la denuncia, mientras que la Fiscalía ha asumido el caso. Las autoridades continúan con la investigación para identificar a los autores.

Como respuesta y acto de reparación, la Arquidiócesis de Cali invitó a los fieles a participar en una ceremonia de desagravio el sábado ocho de noviembre a las 17:00 en la capilla del monasterio, insistiendo: “¡Alabado sea Jesucristo, presente en Santísimo Sacramento del Altar!”.

La Fiscalía General de la Nación reportó el 26 de octubre de 2025 dos episodios graves de maltrato animal en Medellín, que pusieron en riesgo la vida y el bienestar de diez perros. En ambos casos, el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) permitió la judicialización de los presuntos responsables.

En el primer incidente, ocurrido el 30 de agosto de 2024 en el barrio Popular, Daniela Montes y Luis Fernando Galvis practicaron una intervención quirúrgica no autorizada a Aquiles, un rottweiler que había quedado atragantado con una pepa de mango. La fiscal encargada del caso explicó que ambos realizaron la cirugía “sin que ambos sustentaran las calidades y conocimientos para ello, lo cual es un delito. Y que usted, Luis Fernando Galvis Blanco, se atribuyó la calidad de veterinario sin tenerla, lo cual también es un delito”.

La falta de protocolos médicos y condiciones sanitarias provocó una infección que causó la muerte del animal. Montes y Galvis fueron imputados por maltrato animal debido a las omisiones en los cuidados postoperatorios y la infracción de las normativas profesionales.

En el barrio Sinaí, también en Medellín, las autoridades hallaron cuatro perros adultos y cinco cachorros en estado corporal preocupante y en un entorno insalubre. Los animales fueron rescatados y trasladados a un centro especializado de rehabilitación. María Esneda Alzate, propietaria de los perros, fue imputada por maltrato animal ante el evidente abandono y las precarias condiciones en que mantenía a sus mascotas.

En Cali, la Fiscalía imputó a Eduardo Rodríguez Madriñán tras el hallazgo de 14 perros criollos hacinados en una vivienda del barrio Trinidad. La denuncia inicial, presentada por vecinos, alertó sobre la posibilidad de que los perros “se estarían devorando unos a otros”. El 26 de marzo de 2024, la Policía Ambiental de Palmira constató la severa negligencia: uno de los perros había muerto, dos presentaban un estado esquelético y graves signos de desnutrición, y la mayoría de los sobrevivientes consumía el cuerpo del animal fallecido por la ausencia total de alimento.

La inspección reveló hacinamiento, falta de agua y comida, y graves deficiencias de higiene.Las autoridades activaron la ruta de atención a maltrato animal en coordinación con el programa de Bienestar Animal de la alcaldía de Palmira, procediendo a la aprehensión de los caninos y su traslado a un centro especializado para su recuperación clínica.

El fiscal a cargo detalló: “Los animales estaban consumiendo los restos del canino muerto por la falta de alimento. Por ello, se activó la ruta de maltrato animal con el programa de Bienestar Animal de la alcaldía de Palmira, con el fin de restablecer los derechos de los referidos animales”. Añadió que se imputó a Rodríguez Madriñán por mantener a los animales en condiciones precarias de higiene y sin alimento, lo que ocasionó graves daños a tres de los caninos y la muerte de uno de ellos. El procesado no aceptó los cargos.