El 6 y 7 de noviembre de 1985, Bogotá vivió un grave hecho de violencia que dejó gran número de víctimas, del cual hasta hoy no hay certeza. Se trata de la toma del Palacio de Justicia, perpetrada por el Movimiento 19 de abril (M-19), la cual, según la Comisión de la Verdad, pretendía presentar una “demanda armada” ante los magistrados y hacer un “juicio público” contra el gobierno del entonces presidente, Belisario Betancur.
Datos oficiales indican que hubo 94 muertos, pero el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, que lideró la retoma del Palacio de Justicia, informó que hubo 105 víctimas mortales. A esas cifras se una la aportada por el general (r) Miguel Vega Uribe, que también lideró la retoma: 115 muertos.
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Por su parte, la Procuraduría General de la Nación indicó que se encontraron 95 cadáveres, de los cuales 76 fueron plenamente identificados.
En su momento, el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, que hizo parte del M-19, dio declaraciones ante la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia para ayudar a esclarecer los hechos. En el interrogatorio, revelado por El Tiempo, Petro explicó que la extinta guerrilla se planteó la ejecución de acciones militares que, desde su perspectiva, derivaron en la posibilidad de que se llevaran a cabo diálogos de paz con el Estado.
“El M-19 entendía que el objetivo político era construir un país democrático, democrático desde el punto de vista liberal”, señaló entonces el hoy jefe de Estado.
El primer evento fue la toma de la Embajada de República Dominicana y, tiempo después, fue la toma del Palacio de Justicia. De acuerdo con el presidente, antes de que la guerrilla decidiera llevar a cabo el plan, había firmado una tregua con el Gobierno, pero en medio de ese cese de hostilidades, se registró un ataque armado.
“El campamento fue atacado y no fue atacado en forma esporádica, digamos, no planificada, sino que hubo un acuerdo entre la cúpula militar y el presidente Belisario Betancur para destruir el Movimiento 19 de abril. Este tema es importante para el Palacio de Justicia”, señaló, indicando que, posteriormente, se vivió una guerra constante.
Esto, según Petro, fue tomado como una “traición del Gobierno”, debido a que, al parecer, no se respetó la tregua que se había pactado.
Entonces, un grupo del M-19, que hacía parte de la “cúspide”, planificó el ataque. Al parecer, tenían planeado presentar unos documentos en medio de la toma, por lo que catalogó lo ocurrido como una “demanda armada”.
Lo ocurrido se caracterizó por una cruenta violencia, que dejó decenas de víctimas mortales. Sin embargo, de acuerdo con el jefe de Estado, las pruebas de balística que se hicieron sobre algunos de los cadáveres habrían demostrado que las armas que se utilizaron para matar a los magistrados no eran de la guerrilla.
“En general terminan todas diciendo que las balas encontradas en los cuerpos no son de armas del M-19 (…). En sentido lógico, las armas fueron disparadas contra los cuerpos de los magistrados en vida, sin que sea necesariamente la causa de su muerte, por fuerzas del Estado” precisó.
Asimismo, Petro aseguró que en la toma del Palacio de Justicia no se incluyó dinero del narcotráfico. Indicó que era posible que uno de los que planeó el ataque se valiera de la mafia para llevar a cabo la toma.
“Es absolutamente impensable que unos meses después o unos años después todo lo que hizo lo deshiciese con su propia vida haciendo un operativo pagado por el narcotráfico, eso es imposible. Guillermo Elvencio Ruiz no era el hombre para eso, y era el cuarto comandante del Palacio”, dijo.
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