Así es la reforma del Gobierno Petro que se debatirá en noviembre y que trae impuestos que impactarán el ahorro y la salud

El Gobierno de Gustavo Petro impulsa un nuevo proyecto de reforma tributaria con el objetivo de recaudar $16,3 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, que asciende a $546,9 billones. La urgencia de este proceso legislativo se refleja en el cronograma del Congreso de la República, que prevé la presentación de la ponencia para el primer debate en las dos primeras semanas de noviembre.

“Nosotros estamos listos para la presentación y la discusión que sea necesaria. Estamos en los tiempos normales, recuerden que hace poco se aprobó el Presupuesto General de la Nación 2026. No hay motivos de alarma de que haya una demora particularmente especial”, afirmó el viceministro de Hacienda, Carlos Betancourt, al referirse al avance del trámite.

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El trámite del proyecto de ley está bajo presión debido al poco tiempo que tiene para ser aprobado y la necesidad de consensos políticos. El Congreso designó el 31 de octubre el equipo encargado de redactar la ponencia, con un plazo máximo de 15 días para entregar el informe que abrirá las discusiones. Si la ponencia se presenta al límite del plazo, el debate arrancaría la semana del 18 de noviembre, lo que solo dejaría cinco semanas de sesiones ordinarias hasta el 16 de diciembre para completar los cuatro debates requeridos.

De no aprobarse en ese periodo, el trámite podría retomarse en febrero de 2026, lo que retrasaría la entrada en vigor de la reforma hasta 2027 y dejaría al Gobierno sin los ingresos adicionales previstos para su mandato actual.

Betancourt descartó la existencia de un plan alternativo de recorte de gasto en caso de que la ley no se apruebe al resaltar que la “apuesta decidida” del Ejecutivo es lograr el aval del Congreso, ya que los recursos son “indispensables para ajustar las finanzas públicas, mantener la inversión y cumplir el compromiso de retornar a la senda de la regla fiscal”. El funcionario insistió en que el Gobierno confía en alcanzar los consensos necesarios, pese a la resistencia de varios partidos y congresistas a nuevos impuestos, especialmente en un año preelectoral.

El Gobierno hizo modificaciones tras consensos con sectores políticos y empresariales, por lo que recortó $10 billones respecto a la propuesta inicial. Entre las medidas más destacadas figura la exclusión del IVA a la cerveza y la gasolina, una decisión que responde a las preocupaciones expresadas por diversos sectores.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que “la ley de financiamiento no tocará los artículos fundamentales de la canasta familiar. Será progresiva y concentrará el esfuerzo en los ingresos más altos”. Ávila también señaló que el Congreso entendió la importancia de llegar a consensos y expresó su expectativa de que la reforma se apruebe antes de finalizar el año fiscal.

No obstante, la reforma mantiene impuestos como el gravamen al patrimonio, el impuesto a la renta, tributos ambientales y el impuesto al sector financiero. Además, se propone un IVA de hasta 19% para productos importados que en la actualidad están exentos, lo que encarecería los artículos extranjeros y modificaría las condiciones de competencia con los productos nacionales.

Frente a esto, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) indicó que “algunas de las propuestas planteadas en la ley de financiamiento antes del recorte de $10 billones podían llegar a desincentivar el ahorro y la inversión. Esas modificaciones de tasas a ciertos sectores llevarían al país a tener que lidiar con las consecuencias fiscales”.

Asimismo, el sector licorero se encuentra entre los más afectados por la reforma. El proyecto contempla un aumento de hasta 40% en los impuestos a los licores destilados, lo que generó la preocupación en la industria y en actividades relacionadas como el comercio, el turismo y el entretenimiento.

La directora ejecutiva de Prolicores, Catalina Lasso, advirtió que “la reforma tributaria que propone aumentar hasta en 40% los impuestos a los licores no solo amenaza la industria, sino miles de familias colombianas que dependen de ella, quienes trabajan en restaurantes, bares, hoteles y eventos en todo el país”.

Y es que el sector licorero representa el 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y genera más de 200.000 empleos, además de aportar $3,9 billones de anuales en impuestos, recursos que financian el salario de más de 232.000 maestros y enfermeras. Las empresas del sector alertaron que el 22,4% del licor consumido en Colombia es ilegal y que, con la reforma, la cifra podría aumentar hasta el 50%, lo que desviaría el consumo hacia el mercado ilícito y poniendo en riesgo la salud pública.

Desde la perspectiva empresarial, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, fue enfático en señalar el impacto de la reforma sobre la economía y la sociedad. “El proyecto de reforma tributaria que ha presentado el Gobierno es probablemente el proyecto que más va a afectar a las familias colombianas de todos los que se han presentado durante todos los últimos años”, sostuvo.

Mac Master detalló que el impuesto a los combustibles afectará el transporte de personas y alimentos, lo que impactará a pequeños negocios, empresas exportadoras y el sector turismo, además de incrementar los costos logísticos y reducir la competitividad. El líder empresarial también criticó el crecimiento sostenido del presupuesto nacional, que pasó de $352 billones en 2022 a $546,9 billones en 2026, lo que representa un aumento acumulado del 57%.

Según el dirigente, el Gobierno exige esfuerzos a hogares y empresas, pero no reduce el gasto público, que ha crecido hasta representar cerca del 30% del PIB desde 2024.

Anif reiteró sus advertencias sobre el posible desincentivo al ahorro y la inversión que podrían provocar algunas de las medidas incluidas en la reforma. El centro de estudios remarcó que las modificaciones de tasas a ciertos sectores podrían obligar al país a enfrentar consecuencias fiscales adversas, por lo que recomendó evaluar de manera técnica los efectos sobre empresas y consumidores antes de aprobar los cambios propuestos.

En cuanto a la distribución del gasto, el Ministerio de Hacienda informó que $358,1 billones (65,4%) del presupuesto se destinarán a gastos de funcionamiento del Estado, $100,4 billones (18,3%) al servicio de la deuda y $88,4 billones (16,1%) a inversión en políticas públicas e infraestructura. Si la reforma no se aprueba, el presupuesto quedaría desfinanciado y podrían requerirse recortes o aplazamientos en la ejecución de proyectos y servicios esenciales.