Nuevo sistema de pensiones en Colombia que promueve Petro podría generar problemas a quienes reciben dinero de los bancos

La Reforma Pensional, sancionada el 16 de julio de 2024 e impulsada por el presidente Gustavo Petro, introdujo un sistema de pilares que busca ampliar la cobertura y garantizar ingresos a quienes no cumplen los requisitos tradicionales de pensión.

Aunque la entrada en vigor estaba prevista para el 1 de julio de 2025, la Corte Constitucional suspendió su implementación tras detectar vicios de trámite en el Congreso de la República y estudia una demanda de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, que podría modificar o incluso anular la ley.

Mientras el país espera la decisión definitiva sobre su constitucionalidad, un análisis de la agencia estadounidense Moody’s advierte sobre los efectos profundos que esta transformación puede tener en el sistema financiero y en la economía colombiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Para entender sobre la nueva ley, primero es necesario saber que el nuevo esquema establece cuatro pilares.

• Pilar Solidario: contempla una renta básica mensual de $225.000 para más de dos millones de adultos mayores en situación de pobreza. A finales de octubre de 2025, el Gobierno anunció el aumento del subsidio mensual para los beneficiarios del programa Colombia Mayor, que pasó de $80.000 a $230.000, como parte de la transición hacia este.

• Pilar Semicontributivo: está dirigido a quienes cotizaron al menos 300 semanas en el Régimen de Prima Media o 900 semanas en el de Ahorro Individual con Solidaridad.
• Pilar Contributivo: se destina a hombres de 62 años y mujeres de 57 años con al menos 1.300 semanas cotizadas, con una reducción a 1.000 semanas para quienes tienen hijos.
• Pilar de Ahorro Voluntario Complementario: permite a los ciudadanos ahorrar de manera voluntaria a través de mecanismos del sistema financiero.

La reforma también modifica las fuentes de financiamiento de largo plazo del sistema bancario y genera cambios estructurales en el ahorro nacional. Según un documento de Moody’s, conocido por Portafolio, “la nueva normativa amplía la cobertura del sistema y otorga al Estado mayor control sobre los recursos pensionales”. Sin embargo, advierte que “el traslado de aportes hacia el componente público reducirá la participación de los fondos privados de pensiones en el total de activos bajo administración”.

Antes de la reforma, los fondos privados representaban el 26% del Producto Interno Bruto (PIB), pero tras su implementación se estima que esta cifra caiga a cerca del 15%. El cambio implica una menor disponibilidad de ahorro privado, que tradicionalmente servía como fuente de fondeo para las entidades financieras. Al respecto, la calificadora recordó que “en América Latina, los fondos de pensiones destinan solo el 8% de sus recursos a deuda bancaria, pero el papel como inversionistas institucionales es clave para el financiamiento de largo plazo y para aliviar los descalces de vencimientos entre préstamos y depósitos”.

Moody’s advierte que “la menor capacidad de los fondos privados para invertir en instrumentos financieros puede afectar el crecimiento de los mercados de capitales y la expansión del crédito hipotecario y corporativo”.

Por otro lado, la mayor presencia estatal podría aumentar la estabilidad del ahorro agregado, siempre que los recursos se administren con eficiencia y transparencia.

El documento reconoce que la reforma busca garantizar mayor equidad y sostenibilidad del sistema, pero su impacto financiero será importante, ya que modifica la estructura de flujos que históricamente alimentaban la liquidez de los bancos. “El traslado de cotizaciones hacia el pilar público limitará la oferta de recursos privados en los mercados financieros, aunque el ahorro total del país continuará en aumento”, alertó Moody´s.

A pesar de los desafíos, Moody’s señaló que el crecimiento del ahorro a largo plazo es positivo para la economía colombiana, ya que permite ampliar la base de inversión y fortalecer las reservas internas.

Sin embargo, enfatizó que “el equilibrio entre control estatal y eficiencia del mercado será determinante para evitar distorsiones en la asignación de capital y en la dinámica del crédito”.