Gustavo Petro acusó a Estados Unidos de “seguir a su familia” y de vulnerar la soberanía de Colombia: “Bussines, Bussines”

Un nuevo capítulo se abrió en la relación ya fragmentada entre el Gobierno colombiano y Estados Unidos tras la publicación de un artículo de investigación del diario El Tiempo sobre las repercusiones internacionales de la inclusión del presidente Gustavo Petro en la llamada Lista Clinton —sanción a personas y entidades vinculadas con actividades ilícitas, bloqueando su acceso al sistema financiero—.

El mandatario colombiano reaccionó en forma inmediata a través de su cuenta en X, en la que lanzó un mensaje extenso y contundente en el que cuestionó tanto al diario como a las autoridades estadounidenses.

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El presidente escribió en su post: “Este artículo de El Tiempo solo demuestra dos cosas, ambas terribles. 1. EE. UU. ha seguido a mi familia. 2. El tema de la rabia de funcionarios del gobierno estadounidense, en primer lugar, parece ser que no compré los F16 de tercera mano que me ofreció EE. UU., sino que me decidí por los nuevos Grippen de Suecia”.

“La ley colombiana me permite hacer esta negociación. Que sepa Suecia no es un país terrorista ni los dueños de Grippen son narcotraficantes”, añadió el mandatario en su publicación.

Petro continuó su mensaje con una alusión directa al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva: “A Lula también lo intentaron criminalizar por lo mismo. Business, business”.

Luego enfatizó que la adquisición de los aviones fue legítima y abierta: “La negociación con Suecia se hizo transparentemente. Que no me obliguen a comprar entonces aviones rusos. Nosotros somos soberanos, no estamos obligados a comprar armamento de segunda o tercera mano para nuestra fuerza pública”.

El mandatario cerró su publicación con un llamado al gobierno sueco: “Creo que el Reino de Suecia debe expresarse y la firma Saab sobre este atentado a nuestra libertad y soberanía”. Su reacción generó una ola de comentarios y análisis sobre el tono de sus palabras y el impacto que podría tener en las relaciones bilaterales.

El artículo del medio en mención que provocó la respuesta del jefe de Estado reveló detalles sobre las dificultades diplomáticas y logísticas que enfrenta el Gobierno colombiano tras la inclusión del presidente y parte de su entorno en la Lista Clinton.

Según el medio, durante su visita a Arabia Saudita, Catar y Egipto, Petro habría informado que al menos diez empresas se negaron a suministrar combustible al avión presidencial FAC-001, lo que afectó su movilidad durante la gira oficial.

El informe también citó fuentes en Washington que mencionaron una posible ampliación de las sanciones hacia personas cercanas al mandatario. En ese sentido, el diario aseguró que Estados Unidos evalúa una “segunda fase” del proceso, la cual podría involucrar investigaciones sobre movimientos financieros y bienes en el exterior, e incluir a personas cercanas al presidente y a la primera dama, Verónica Alcocer, ya incluida en la lista.

La medida se suma a las tensiones por la adquisición de aviones suecos que el Gobierno colombiano intentó concretar para fortalecer la flota presidencial y militar. Expertos consultados por la fuente en mención advierten que la inclusión en la lista limita la capacidad del Estado para negociar con proveedores internacionales y podría complicar la compra y mantenimiento de estas aeronaves.

Petro, acompañado del ministro del Interior, Armando Benedetti, contrató abogados estadounidenses para gestionar su exclusión de la lista, bajo el argumento de que la sanción constituye una “muerte financiera” y una “retaliación política” debido a sus posturas sobre Venezuela, Gaza y la migración.

Por ahora, con el llamado que hizo el presidente al gobierno sueco, esperan concluir la última fase de adquisición de los aviones suecos Gripen, que reemplazarán a los antiguos cazas Kfir, con la firma del contrato prevista para noviembre.

La operación, que involucra una inversión de 16,5 billones de pesos más $300.000 millones para infraestructura, contará con un equipo de supervisión nacional e internacional para garantizar transparencia en el manejo de los recursos públicos. Los documentos Conpes 4155 y el decreto 1001 de 2025 ya están listos, regulando la compra y las compensaciones industriales del acuerdo, conocidas como offset.

El contrato tendrá vigencia de 50 años, con el primer desembolso de $100.000 millones en 2026 y pagos realizados con vigencias futuras. Además de modernizar la flota aérea, el acuerdo contempla un 10% de compensaciones industriales, que se destinarán a proyectos como la renovación del Hospital San Juan de Dios y la transferencia tecnológica a Colombia.