Las implicaciones de que la ONU limitara el mandato de la Misión de Verificación en Colombia y excluyera dos funciones clave del Acuerdo de Paz

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia fue establecida en 2017 por decisión del Consejo de Seguridad como misión política especial para apoyar la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016. Originalmente, la misión estaba mandatada para supervisar cinco áreas: la reforma rural integral, la reincorporación política, económica y social de excombatientes, las garantías de seguridad para exintegrantes, sus familias y comunidades, las sanciones restaurativas de la JEP y el Capítulo Étnico.

Con la nueva resolución, adoptada el viernes 30 de octubre de 2025, las funciones relacionadas con la justicia transicional y el seguimiento étnico fueron excluidas, concentrando el mandato únicamente en la reincorporación de excombatientes, las garantías de seguridad y la reforma rural integral.

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La votación del Consejo arrojó 13 votos a favor y dos abstenciones —Rusia y Estados Unidos—, rompiendo por primera vez en ocho años la unanimidad en la extensión del mandato de la misión.

El representante de la Misión en Colombia, Miroslav Jenča, explicó que la renovación del mandato “reafirma el compromiso de la Comunidad Internacional con la paz en Colombia y garantiza la continuidad de la presencia de la misión y su capacidad para seguir acompañando a los colombianos y colombianas y a las autoridades de Colombia en sus esfuerzos por consolidar la paz”, y agregó que los tres componentes en los que se concentrará el seguimiento, “son fundamentales para avanzar hacia una paz sostenible y duradera en Colombia”.

• Reducción de supervisión internacional: la misión ya no verificará la implementación de sanciones de la JEP ni los derechos de los pueblos étnicos. Esto significa que esas áreas dependerán únicamente del Estado colombiano y sus instituciones, sin acompañamiento internacional que garantice imparcialidad o visibilidad frente a la comunidad internacional.
• Mayor responsabilidad estatal: las entidades nacionales deberán asumir un rol más activo y transparente en la supervisión de estos procesos, lo que incluye la gestión de sanciones restaurativas y el seguimiento de derechos de comunidades étnicas. La ausencia de la misión implica que cualquier incumplimiento será observado principalmente por actores nacionales y sociedad civil.
• Prioridad concentrada en tres ejes: la misión concentrará sus esfuerzos en la reincorporación de excombatientes, las garantías de seguridad y la reforma rural integral. Esto puede permitir un seguimiento más detallado en estas áreas, pero también significa que otros componentes importantes del acuerdo de paz podrían recibir menos atención internacional.
• Posturas políticas internacionales: la falta de unanimidad en la votación, con abstenciones de Estados Unidos y Rusia, refleja diferencias en la valoración del modelo de justicia transicional y de la importancia del Capítulo Étnico. Esto podría influir en futuras decisiones de cooperación internacional o asistencia técnica.

• Justicia transicional: la JEP deberá mantener independencia, recursos y visibilidad para garantizar que sus decisiones y sanciones restaurativas se cumplan de manera efectiva, incluso sin verificación internacional.
• Derechos de pueblos étnicos: la implementación del Capítulo Étnico dependerá de mecanismos nacionales y de la sociedad civil, quienes deberán monitorear que se respeten los derechos y se cumplan los compromisos adquiridos en materia de participación y reparación colectiva.
• Reincorporación y seguridad: la msión continuará supervisando la reintegración de excombatientes y las garantías de seguridad, un aspecto clave para prevenir riesgos de violencia y mantener los avances logrados desde la firma del acuerdo.
• Reforma rural integral: se mantendrá la verificación internacional sobre los procesos de acceso a tierras, desarrollo agrario y cierre de brechas rurales, lo cual sigue siendo un componente esencial del acuerdo.
• Rol de la sociedad civil y medios: con la reducción del mandato, será más importante que organizaciones locales, víctimas y medios de comunicación participen activamente en el monitoreo del cumplimiento de todas las áreas del acuerdo. Su vigilancia contribuirá a que los compromisos sin verificación internacional no queden rezagados o invisibilizados.

Jenča reiteró que, pese a los ajustes, “a través de su compromiso permanente con las autoridades nacionales, las comunidades y su presencia en el territorio, la misión continuará verificando el cumplimiento en las áreas del acuerdo específicas de su mandato y acompañando a las y los colombianos que trabajan de manera infatigable por la paz y la seguridad en el país”.