
La reciente apertura de una investigación oficial por parte del Ministerio del Trabajo tras la muerte de un joven operario en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá puso en el centro del debate la seguridad laboral en el sector aéreo colombiano.
El caso, que involucra a la aerolínea Avianca y a su operador logístico SAI, se produce en un contexto de vigilancia reforzada sobre las condiciones de trabajo en la industria, en la que, con base en datos oficiales, en 2025 se iniciaron 53 expedientes contra empresas del sector aéreo, 32 por incumplimientos de normas laborales y 21 por riesgos laborales.
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El accidente ocurrió el 20 de octubre, cuando Marlon Andrey Cristiano Ortiz, de 22 años y con apenas un mes de servicio en la compañía, falleció mientras atendía un vuelo internacional con destino a Guayaquil, Ecuador.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio del Trabajo, el joven fue atropellado por una máquina de trabajo en alturas, con un peso estimado de seis toneladas, que se desplazaba en la posición 53 de la plataforma.
Este hecho motivó la intervención inmediata de un equipo de inspectores, quienes realizaron un recorrido exhaustivo por la zona para verificar el cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
La inspección incluyó la revisión de los protocolos de seguridad, los turnos y horarios laborales, así como las funciones de los trabajadores implicados. Además, se analizaron las condiciones de salud ocupacional, las prescripciones médicas, el riesgo psicosocial y la salud mental del personal.
El estado de la maquinaria involucrada y los indicadores de accidentalidad de la empresa en el último año también formaron parte de la evaluación.

De acuerdo con el informe del ministerio, hacía más de una década que no se registraba un fallecimiento en el lugar de trabajo en la operación de la aerolínea, dato que fue confirmado por Avianca, la cual aseguró que sus protocolos priorizan la seguridad de los operarios y que, dentro de la plataforma, los peatones tienen prelación sobre los vehículos.
Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, subrayó que esta investigación se suma a un seguimiento previo sobre las condiciones laborales en el sector aéreo.
“La seguridad aérea no puede separarse de la seguridad de los trabajadores. Proteger sus derechos también es proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos y los viajeros”, afirmó el ministro Sanguino a través de un comunicado oficial emitido por las redes sociales de la entidad.
El funcionario detalló que, en lo que va de 2025, se impuso una sanción por $185 millones, ocho casos fueron archivados, mientras que los demás continúan en trámite.
La vigilancia se extendió a nivel nacional, con 18 visitas de inspección en nueve departamentos para reforzar el control sobre las condiciones laborales en aerolíneas, operadores y personal técnico.

El ministro Sanguino explicó que “la inspección, vigilancia y control es una acción preventiva y correctiva para garantizar que quienes sostienen el sistema aéreo como son los controladores, tripulaciones, técnicos y personal en tierra, trabajen con condiciones dignas, jornadas justas y entornos seguros”.
El proceso de investigación en curso busca determinar si corresponde aplicar nuevas sanciones y qué ajustes deberán implementar Avianca y SAI en sus sistemas de gestión de seguridad laboral.
El Ministerio del Trabajo anunció que continuará acompañando la indagación, con el objetivo de mejorar las condiciones de los trabajadores y evitar futuros accidentes o fatalidades en la operación.
Además, la Administradora de Riesgos Laborales Seguros Bolívar participará en el análisis, emitiendo recomendaciones una vez concluido el estudio preliminar del caso.
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