En primicia, Infobae Colombia conoció la denuncia presentada ante la Procuraduría General de la Nación contra el concejal Edison Julián Forero Castelblanco, conocido como "Fuchi", por presunto abuso del mecanismo de conexión virtual durante las sesiones del Concejo de Bogotá, lo que podría configurar una falta disciplinaria y un posible detrimento patrimonial al Distrito.
La denuncia, radicada el 29 de octubre de 2025 por el abogado y magíster en Seguridad y Defensa Nacionales, Gonzalo Valbuena Oñate, señala que Forero habría participado de manera virtual en 76 sesiones plenarias y de comisión entre 2024 y 2025, sin contar con los permisos ni justificaciones exigidos por la normativa interna.
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De acuerdo con el documento conocido por Infobae Colombia, la actuación del concejal habría contravenido la Resolución 168 de 2022, expedida por la Mesa Directiva del Concejo, que estableció condiciones excepcionales para la participación virtual de los cabildantes, restringiéndola únicamente a casos de fuerza mayor o calamidad doméstica debidamente acreditados.
El denunciante advierte que, aunque el Cabildo celebró 513 sesiones durante los años 2024 y 2025, solo 45 contaron con autorización formal para desarrollarse en modalidad no presencial. En ese contexto, las 76 conexiones virtuales atribuidas a Forero Castelblanco se habrían realizado sin soporte documental ni acto administrativo que las avalara.
La queja ante la Procuraduría subraya que la reiteración de estas conductas podría representar una vulneración al principio de transparencia en el ejercicio de la función pública. Asimismo, pide que se indague si existió pago de honorarios o reconocimientos económicos por la participación en esas sesiones no autorizadas.
El documento, del cual Infobae Colombia obtuvo copia, incluye un cálculo del presunto detrimento patrimonial derivado de la conducta denunciada. Según la tabla de compensación vigente, cada sesión del Concejo equivale a $2.337.925, monto que, multiplicado por las 76 conexiones virtuales sin autorización, representa un total estimado de $177.682.300.
El denunciante solicitó a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa abrir una investigación disciplinaria contra el cabildante y trasladar copia de la denuncia a la Contraloría de Bogotá, con el fin de determinar si la actuación del concejal “Fuchi” generó un daño fiscal al erario distrital.
La denuncia también cuestiona que las sesiones virtuales presuntamente irregulares no contaron con la validación técnica ni con el registro de calamidad o situación extraordinaria exigido por la Secretaría General del Concejo. En varios de los casos, Forero habría participado desde fuera de la sede del Cabildo sin explicación documentada en las actas oficiales.
El texto sostiene que las conexiones del concejal se realizaron en modalidad remota, incluso cuando las sesiones plenarias y de comisión estaban convocadas de manera presencial. En los anexos remitidos a la Procuraduría se adjunta un informe de seguimiento técnico que detalla las fechas y los enlaces virtuales utilizados por el cabildante para ingresar a las reuniones legislativas.
La queja del abogado Valbuena resalta además que las normas internas del Concejo de Bogotá fueron creadas para garantizar la deliberación pública y la asistencia física de los corporados, excepto en casos excepcionales, como emergencias sanitarias o limitaciones personales graves. En ese sentido, la conducta denunciada, de confirmarse, implicaría un incumplimiento reiterado del reglamento.
El denunciante consultó al Concejo Distrital, el cual confirmó que el cabildante del movimiento independiente “Bogotá para Todos” mantuvo conexiones no presenciales durante parte de las sesiones de 2024 y 2025, aunque precisaron que aún no se ha abierto una actuación formal dentro de la corporación.
La Procuraduría General de la Nación deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar una indagación preliminar y establecer la posible responsabilidad disciplinaria del concejal Forero Castelblanco. De comprobarse la irregularidad, el caso podría derivar en sanciones que incluyen desde la suspensión temporal hasta la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
La denuncia conocida por este medio cierra solicitando una auditoría especial al manejo de las conexiones virtuales en el Concejo de Bogotá, con el fin de revisar si otros corporados incurrieron en prácticas similares que afecten la correcta ejecución de los recursos públicos asignados a las sesiones plenarias y comisiones permanentes.
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