El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, en el marco del Foro “Una mirada a la Alimentación Escolar en Colombia” presentó los resultados de la Evaluación de la Ejecución de la Política Pública del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el país. Durante su intervención, reveló preocupantes falencias en la implementación del programa, las cuales han afectado directamente el acceso a la alimentación escolar de niños, niñas y adolescentes en instituciones educativas oficiales del país.
Una de las principales problemáticas del Programa de Alimentación Escolar (PAE) es la recurrente desfinanciación del programa. En 2025, el PAE beneficia a 5.571.156 estudiantes, con un monto de $5,27 billones. Sin embargo, para cubrir a los 1.282.089 estudiantes que NO reciben el alimento escolar, se requerirían $1,21 billones adicionales.
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En las vigencias 2024 y 2025, en relación con el PAE, la Contraloría evidenció 30 hallazgos fiscales por cuantía de 7.974 millones, de los cuales el 48% corresponde a sobrecostos y el 47% a pagos sin soportes de ejecución; en el periodo 2020 a 1er semestre de 2025, el PAE ya suma más 813 hallazgos, de estos 185 con incidencia fiscal por más de $ 55.500 millones, de estos, más de $33.000 millones por sobrecostos, 61% del total detectado.
En estudio realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Educación, Cultura y Deporte sobre la vigencia 2023, se evidenció que, aunque se han registrado mejoras significativas, todavía existen retos para garantizar una implementación equitativa y efectiva, especialmente en las regiones y poblaciones más vulnerables. Desde su implementación, el PAE ha enfrentado desafíos significativos, como retrasos en la contratación, problemas en el suministro de alimentos, suspensiones temporales y dificultades en la prestación del servicio.
También se detectó que, aunque el PAE presenta una distribución relativamente equitativa de los recursos, persisten disparidades significativas entre regiones, asociadas a factores geográficos, socioeconómicos y de inseguridad alimentaria. Regiones como Llanos, Pacífico y Centro Sur, que registran los niveles más bajos de seguridad alimentaria, reciben, en términos per cápita, menores asignaciones de recursos del programa.
En 2023 el PAE alcanzó una cobertura del 79% de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar. Sin embargo, de los 32 departamentos, el 60% (es decir, 19 departamentos, más de la mitad) se encuentran por debajo del promedio nacional. Departamentos como Amazonas, Casanare y Guaviare no alcanzan ni el 50% del cubrimiento de la población estudiantil. De las entidades territoriales certificadas en Educación, Sahagún es un caso crítico con una cobertura de 23% aproximada de los estudiantes del sector oficial en el 2023. La CGR espera que esta última ETC aumente su cobertura a 50% en 2026, y que se siga avanzado en tal propósito a nivel nacional.
El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, señaló la importancia de superar los desafíos en los mecanismos de supervisión, desfinanciación y control en la entrega de las raciones. La Contraloría encontró que las deficiencias en estos mecanismos son uno de los problemas más recurrentes, destacándose los mismos en regiones como los Llanos, Eje Cafetero y Centro Oriente de acuerdo con los hallazgos de control posterior y selectivo de la CGR.
Otra de las problemáticas identificadas se relaciona con la inoportunidad en la prestación del servicio en 2023. Las irregularidades detectadas evidenciaron que 2.570.291 niños, niñas y adolescentes no recibieron el servicio de alimentación escolar durante su jornada académica. Esta situación fue constatada tanto en los hallazgos de las auditorías de cumplimiento realizadas por la Contraloría General de la República como en los reportes de la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar (UApA).
Del mismo modo, el Contralor llamó la atención en mejorar la infraestructura y condiciones de preparación de los alimentos. “Se evidenciaron problemas en la funcionalidad de las cocinas, comedores inadecuados, deficiencias en equipos de refrigeración, falta de acceso a agua potable y menaje insuficiente lo que puede ocasionar riesgo de inocuidad en los alimentos limitando la eficiencia del programa”. Esta situación de acuerdo con las visitas realizadas afecta en promedio a 135.629 estudiantes especialmente en las regiones Caribe y Centro Oriente, y 281.224 estudiantes según las encuestas realizadas.
Adicionalmente, existen disparidades en la priorización de productos locales en el PAE y no se está cumpliendo con el porcentaje mínimo de compra local establecido (30%). Regiones como Centro Oriente y Pacífico tienen alta dependencia de proveedores de otras regiones. Además, el 47% de las sedes no priorizan el uso de productos cultivados localmente.
Entre los aspectos positivos identificados, el Contralor General destacó que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) ha contribuido de manera significativa a mejorar el rendimiento académico y la retención escolar, al reducir los índices de deserción y repetición de grado. Según análisis académicos, se evidencia una disminución significativa de la deserción escolar, entre el 10% y el 25%, lo que refuerza la tesis del impacto positivo del PAE en la permanencia estudiantil y el bienestar de los beneficiarios.
La Contraloría General de la República presenta todos estos análisis y reflexiones de política pública al PAE, buscado que se superen las problemáticas antes evidenciadas que afecten la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes, y en este caso particular, conduce a que no se cumplan los propósitos de la alimentación escolar en el país. “La Contraloría General de la República insta a tomar medidas concretas y efectivas para mejorar la implementación de políticas públicas que garanticen el pleno desarrollo de todos los colombianos”.
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