La negativa de varias compañías a suministrar combustible al avión presidencial de Colombia durante una escala en Madrid marcó un episodio inesperado en el viaje de Gustavo Petro hacia Medio Oriente.
Según información difundida por Julio Sánchez Cristo en La W, el incidente se produjo cuando la aeronave realizó una parada técnica en la capital española y se encontró con obstáculos para recibir el servicio habitual de abastecimiento.
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El origen del problema radicó en la decisión de las empresas proveedoras de combustible, la mayoría de ellas de capital estadounidense, de no atender la solicitud de recarga.
“Varias de las compañías que dan servicio en Madrid son norteamericanas”, detalló Sánchez Cristo en su informe para La W.
Esta situación se presentó poco después de que el presidente colombiano fuera incluido en la Lista Ofac, elaborada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos.
La inclusión de Petro en este listado generó repercusiones inmediatas en la logística de su desplazamiento oficial.
“Hizo escala en Madrid en su viaje hacia Oriente Medio y allí tuvo problema para que le prestaran servicio”, explicó Sánchez Cristo.
Ante la negativa de las compañías privadas, el avión presidencial fue trasladado a una base militar, donde el Gobierno de España intervino para suministrar el combustible necesario.
Este contratiempo, impactó directamente en la operación de la Fuerza Aérea de Colombia (a cargo de la aeronave), que no guarda relación con las sanciones impuestas al mandatario.
Este hecho dejo en evidencia el alcance de las prácticas de la inclusión de un jefe de Estado en la Lista Ofac.
Aunque el viaje del presidente Gustavo Petro hacia Medio Oriente prosigue conforme a lo planeado, la situación en la capital española ha generado interrogantes sobre la gestión diplomática que podría adoptar el Ministerio de Relaciones Exteriores y la postura oficial que eventualmente emitirá la Casa de Nariño.
De acuerdo con expertos este episodio no obedeció a una negativa de carácter político, sino que fue consecuencia directa de la aplicación de protocolos de riesgo corporativo por parte de empresas privadas sujetas a la legislación de Estados Unidos.
El trasfondo de este tipo de incidentes se relaciona con la llamada Lista Clinton, un mecanismo de sanciones implementado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Esta entidad identifica a personas, empresas e incluso países vinculados con actividades ilícitas como el narcotráfico, el lavado de activos, el terrorismo o apoyo a estos en cumplimiento de la legislación estadounidense.
Contrario a la creencia común, la Lista Clinton no constituye una única base de datos, sino que forma parte de un conjunto de listas administradas por la OFAC. Entre ellas destacan la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) y la Lista de Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT), cada una con criterios y alcances específicos.
La inclusión en la Lista Clinton implica sanciones que pueden ir desde el bloqueo de activos hasta la prohibición absoluta de realizar transacciones, tanto directas como indirectas, con las personas o empresas señaladas.
La interacción con los sancionados queda restringida salvo en casos de excepción legal o gubernamental, como actividades humanitarias o servicios legales, o si se obtiene una licencia especial.
Este régimen es de cumplimiento obligatorio para cualquier ciudadano estadounidense, sin importar si reside dentro o fuera del país, lo que en la práctica representa una “muerte comercial” para los afectados.
Las empresas que infrinjan estas disposiciones se exponen a sanciones que oscilan entre USD 250.000 y el doble del valor de la operación no autorizada. Es por esto que el avión no recibió atención técnica, a pesar de no ser propiedad del presidente Petro, aunque sí es uno de sus vehículos oficiales como mandatario.
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