La captura en Argentina de dos ciudadanos colombianos identificados como Harold Ardila y Mayerly Zulay expuso el alcance internacional de una de las mayores redes de lavado de activos asociadas al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La operación ejecutada en la provincia de Buenos Aires se conoció a través de redes sociales por cuenta de las publicaciones que hizo en sus perfiles de X e Instagram la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, confirmado los hechos el lunes 27 de octubre de 2025.
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El caso que hace parte de la lucha conjunta contra el crimen transnacional vinculado a actividades de narcotráfico y financiamiento ilícito en Colombia, dejó a la vista el alcance de las redes criminales del grupo armado ilegal.
Según información recabada por El Tiempo, la caída de Ardila y Zulay estuvo precedida por un minucioso trabajo de seguimiento que incluyó la colaboración entre agencias de seguridad argentina y la Policía de Colombia.
Ambos sospechosos habrían viajado en días recientes desde Bogotá con destino a Buenos Aires, bajo una aparente modalidad de turismo.
En diálogo con el periódico los investigadores concluyeron que el mejor momento para proceder con la detención era durante su estadía en la localidad de San Antonio de Areco, donde las autoridades locales efectuaron las capturas, amparadas en una circular (roja) de búsqueda internacional emitida por la Interpol.
“DETUVIMOS A DOS TERRORISTAS COLOMBIANOS, BRAZO ARMADO DE LA GUERRILLA. Prófugos internacionales con alerta roja de INTERPOL. Lavaban dinero para el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla que financia el terror en Colombia”, inicia el mensaje de Patricia Bullrich.
“Huyeron de su país cuando cayó su socio. Tras 48 horas de seguimiento, en coordinación con la Policía de Colombia, el DFI (Departamento Federal de Investigaciones) de la PFA los detuvo en San Antonio de Areco. Acá no hay lugar para criminales. El que las hace, las paga”, finaliza el mensaje por parte de la jefa de la cartera de Seguridad.
La desarticulación de la banda que le lavaba dinero al ELN
La estructura delictiva está considerada una de las más sofisticadas en el lavado de dinero a gran escala para el ELN, con operaciones que datan de hace aproximadamente dos décadas.
Las autoridades estiman que en ese lapso la red habría blanqueado recursos cercanos a un billón de pesos colombianos, principalmente provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión en regiones como Arauca, una de las bases operativas de la guerrilla.
El mismo medio colombiano detalló que, tras la captura de estos cabecillas, se puso en marcha un proceso de extradición para que respondan en Colombia por delitos relacionados con el lavado de activos con fines terroristas y enriquecimiento ilícito.
La investigación dirigida por la Fiscalía y las Fuerzas Militares colombianas identificó al menos seis empresas fachada y diferentes mecanismos de ocultamiento de capital ilícito. Sandra Mesa, directora contra el Lavado de Activos de la Fiscalía, explicó que la red actuaba desde 2005 en departamentos como Casanare, Norte de Santander, Nariño, Amazonas, Cundinamarca y Bogotá, bajo el liderazgo de Arturo Archila, conocido como “Nacho”, integrante del ELN.
Según la funcionaria, la estrategia criminal perfeccionó el uso del sistema financiero y el sector real para dar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito, recurriendo tanto a personas naturales como jurídicas, con la creación de al menos cinco empresas fachada vigiladas por las autoridades.
Parte de las pruebas fundamentales se hallaron tras una serie de allanamientos recientes, en los que fueron incautados elementos de alto valor, incluidos 59 lingotes de oro cuyo avalúo se estima en 32.000 millones de pesos.
En total, durante la megaoperación fueron judicializadas ocho personas, entre las que figuran empresarios, presuntos constructores de sociedades ficticias y una asesora contable que habría diseñado la ingeniería financiera de las operaciones simuladas.
Los cabos que se buscan atar tras operación en contra del lavado de dinero que beneficiaba al ELN
Un eslabón central del esquema delictivo fue el uso de casas de cambio como punto de partida para el lavado de dinero. Harold Ardila, según la reconstrucción investigativa, habría creado una casa de cambio en Cúcuta y luego trasladado el negocio a Arauquita.
Bajo la apariencia de servicios financieros legales, canalizó recursos hacia operaciones ajenas al sector real, facilitando la inserción de dinero proveniente de actividades ilícitas. Ese negocio fue complementado con un local de venta de accesorios para teléfonos —“Conexiones Celulares”— que funcionaba principalmente como cortina para actividades de mayor volumen: un corresponsal no bancario encargado de mover grandes sumas sin control efectivo de las autoridades sobre el origen y destino de los fondos, añadió el informe del diario colombiano.
Las cifras investigadas revelan la magnitud del entramado: entre 2020 y 2024, el local de celulares reportó ingresos por unos 40.000 millones de pesos, pero el corresponsal no bancario que operaba en el mismo sitio giró hasta 200.000 millones de pesos, apoyándose en la baja exigencia de identificación para los remitentes.
La directora Mesa señaló que los movimientos totales por toda la red superaron los 685.000 millones de pesos, con abonos efectuados por personas con perfiles sospechosos o desde ciudades no coincidentes con las razones sociales de las empresas involucradas.
Una parte relevante de los abonos habría sido realizada por ciudadanos de Venezuela, superando los límites reglamentarios impuestos por los organismos de supervisión financiera colombiana.
Entre los otros implicados que enfrentan proceso judicial están Yasseir Husseir Ardila, quien también se presentaba como empresario en Arauca; José Fernando Arias, Jesús Manuel Farfán, Andersson Ferneliz y Jesús Alberto Velasco, todos con roles en la creación de compañías ficticias para dar soporte administrativo a las maniobras fraudulentas.
Como parte del mismo grupo, Ana Cuadros aparece señalada como asesora en la elaboración de la contabilidad falsa que sustentaba la apariencia legal de las operaciones.
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