Desde Vargas Lleras hasta Paloma Valencia: estas son las veces que la justicia le ha pedido a Gustavo Petro que se retracte

En medio de su periodo de Gobierno, el presidente Gustavo Petro ha sido fuertemente criticado por varias personalidades políticas, empresariales y sociales de Colombia, debido a sus declaraciones contra los mismos, palabras que habrían vulnerado los derechos fundamentales de los afectados y exceden los límites de la libertad de expresión.

Por ello, varias instancias judiciales han ordenado al mandatario nacional que presentará una retractación pública.

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La más reciente fue emitida por el juzgado 46 Administrativo de Bogotá, en la que le manifiesta que presente excusas públicas por sus declaraciones en contra de la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia.

La decisión se produjo luego de que la congresista de oposición interpusiera una acción de tutela, en la que expuso que el presidente la había señalado como “cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes”, haciendo referencia a los casos conocidos como ‘falsos positivos’.

La controversia se originó a raíz de mensajes difundidos el 29 de septiembre en la red social X, donde Gustavo Petro respondió a un video en el que Paloma Valencia cuestionaba la postura internacional del presidente.

En esos mensajes, el mandatario afirmó: “Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”.

La congresista sostuvo en su solicitud judicial que “el presidente excedió los límites constitucionales de la libertad de expresión al no tratarse de una opinión sino de una imputación directa en contra de su honra y buen nombre, al atribuirle públicamente una responsabilidad penal inexistente”.

El tribunal estableció un plazo de cinco días para que el mandatario cumpla con la rectificación, la cual deberá realizarse a través de la cuenta oficial de la Presidencia de la República en X, la cuenta institucional del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la cuenta personal de Gustavo Petro en esa red social.

Sin embargo, esta no ha sido la única acción judicial en la que instan al jefe de Estado a que se retracte públicamente de sus comentarios contra figuras públicas del país.

Entre los episodios más notorios, el presidente acusó a la Asociación de Empresarios de Colombia (Andi) y a su presidente, Bruce Mac Master, de “defender el esclavismo y atacar la dignidad de los trabajadores”.

Pese a acatar la instrucción judicial, Petro manifestó su desacuerdo con la decisión, argumentando que sus palabras no constituían una acusación de delitos, sino un recurso propio del discurso político.

Para fundamentar su postura, explicó que su intención no era acusar a Mac Master de incurrir en delitos de discriminación o esclavismo, sino utilizar “un recurso lingüístico, propio del discurso político”, una figura que, según él, cuenta con respaldo en un fallo previo del mismo tribunal fechado el 2 de abril de 2025.

También, el presidente Gustavo Petro también se retractó de sus declaraciones contra Joseba Grajales Jiménez, presidente del Grupo Keralty, luego de que durante una alocución presidencial en julio de 2025, se había referido como “criminal” por supuestamente financiar campañas políticas.

“Y se robaron la plata que nosotros mismos dimos. Crimen, crimen porque mata colombianos y niños en masa en Colombia, es un crimen de lesa humanidad. Que está pasando que no investigan penalmente, les da miedo porque son ricos o porque ponen el billete debajo no solo del político”, fueron algunas de las palabras de Petro.

En esa ocasión, la Sala del Consejo de Estado subrayó que el presidente, al dirigirse al país mediante alocuciones oficiales, asume un deber reforzado de veracidad y diligencia. El tribunal advirtió que estos espacios institucionales no pueden emplearse para formular imputaciones que comprometan derechos fundamentales sin contar con un respaldo fáctico verificable.

En este caso, los señalamientos de Petro hacia Grajales fueron considerados carentes de sustento probatorio suficiente, lo que, según la decisión, afectó la honra y la imagen del directivo de Keralty.

De otro lado, la justicia también falló contra Petro luego de que acusara a Enrique Vargas Lleras de ocultar cinco billones de pesos en deudas de la Nueva EPS y de manipular un sorteo para designar la corte arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá.

“¿Le pareció poquito que la Nueva EPS de los Vargas Lleras, haya escondido 5 billones de deudas en facturas para hacer aparecer falsamente que la EPS estaba bien, solo con el fin de seguir ordeñando al estado con decenas de billones de pesos?¿Le pareció poquito a Peñalosa esto, y ahora quieren que el gobierno del cambio les de más?“, indicó el presidente en su momento por medio de su cuenta de X.

La negativa del Gobierno a rectificar llevó a Vargas Lleras a interponer una acción de tutela en defensa de su honra y buen nombre. El proceso judicial avanzó con rapidez: el 11 de abril, la Sección Tercera del Consejo de Estado falló en primera instancia a favor de Vargas Lleras, ordenando al presidente retractarse y publicar excusas en sus redes oficiales.

La Presidencia apeló la decisión, argumentando que las declaraciones de Petro formaban parte del debate político y no constituían una imputación penal. El 21 de agosto de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado resolvió la impugnación en segunda instancia, ratificando la orden de retractación.

Las críticas del mandatario no se han limitado a figuras individuales, sino que también han alcanzado a colectivos sociales.

El Consejo de Estado reprochó a Petro por vulnerar el derecho a la protesta al calificar de “victimarios” a los manifestantes de la marcha opositora del 24 de noviembre de 2024.

Además, la Corte Constitucional le exigió retractarse públicamente y pedir disculpas a las mujeres periodistas, tras haberlas calificado como “muñecas de la mafia” durante la posesión de Iris Marín como defensora del pueblo.

En ambas sentencias, el tribunal subrayó que los servidores públicos, y en particular el jefe de Estado, tienen la obligación constitucional e internacional de prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, incluyendo la violencia simbólica y digital.

La Corte Constitucional enfatizó que el lenguaje utilizado por Gustavo Petro no está protegido por la libertad de expresión, ya que “constituyó una forma de violencia y que perpetuó la discriminación de las mujeres periodistas”.

Del mismo modo, el Juzgado 66 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá obligó al presidente Gustavo Petro a retractarse públicamente por sus declaraciones en redes sociales contra la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, al vincularla, sin pruebas, con actividades ilícitas en un mensaje publicado en la red social X el 29 de agosto de 2025.

Igualmente, Gustavo Petro debió retractarse por haber llamado “narcofiscal” a Mario Andrés Burgos Patiño, funcionario de la Fiscalía General de la Nación. El 16 de octubre, el presidente cumplió la orden judicial que le exigía rectificarse, aunque simultáneamente profundizó sus críticas contra la entidad y el propio Burgos, a quien volvió a señalar por presuntas omisiones en investigaciones relevantes.

En todas estas providencias, los jueces han reiterado que la libertad de expresión es un derecho fundamental que ampara a todos los ciudadanos, incluido el presidente, pero han enfatizado que sus límites se intensifican cuando se trata de un funcionario público de su rango.