Nueva medida del Gobierno Petro haría que los colombianos vuelvan utilizar dinero en efectivo en vez de hacer pagos digitales

El Ministerio de Hacienda presentó una propuesta para aplicar una retención en la fuente del 1,5% a los pagos digitales hechos por medio de Bre-B y billeteras como Nequi o Daviplata en Colombia. La medida busca igualar el tratamiento tributario de los pagos electrónicos con el de las tarjetas de crédito y débito, lo que podría poner fin a la gratuidad en las operaciones de Bre-B, el sistema que inició operaciones el 6 de octubre de 2025. La iniciativa generó preocupación en el sector, en especial, por sus posibles efectos en la inclusión financiera y el desarrollo del comercio electrónico.

Según la entidad, la propuesta responde a la existencia de diferentes métodos de pago electrónicos que, hasta ahora, no estaban sujetos a retención en la fuente. El objetivo es corregir el “tratamiento dispar” entre los pagos con tarjetas y aquellos hechos mediante transferencias electrónicas o billeteras digitales. De aprobarse, la retención del 1,5% se aplicaría a cada pago efectuado por medio de Bre-B, Nequi, Daviplata y plataformas similares, lo que modificaría el esquema actual de gratuidad y afectaría a millones de usuarios y comercios en el país.

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Ante ello, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) manifestó su preocupación por el proyecto. El gremio que lidera Jonathan Malagón anotó que la medida, que en principio busca nivelar la cancha de los pagos en Colombia, olvida que el efectivo no tiene retención de ninguna clase, lo que generaría que los colombianos sigan prefiriendo este medio de transacción.

“Esto elevaría la informalidad del país y terminaría generando un efecto contrario: que el recaudo que se pretende aumentar por esta vía se pierda al hacer que los comercios eviten los pagos digitales”, apuntó.

Además, manifestó que la retención tendría una afectación importante sobre el nuevo sistema de pagos inmediatos Bre-B, que es el resultado de un gran esfuerzo del Banco de la República y las entidades del sistema financiero colombiano, y es la gran apuesta del país para reducir el uso del efectivo.

“La retención de 1,5% para pagos digitales en comercios va en contravía de todo el trabajo que ha hecho el sistema financiero para reducir el sobreuso del efectivo, aumenta la digitalización e incrementar la inclusión financiera y crediticia. La banca hace un llamado para no perder los avances que se han logrado en la última década en este frente”, precisó Asobancaria.

Para ir más allá, Infobae Colombia consultó a la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (Ccce), María Fernanda Quiñones, que expresó una postura crítica frente a la iniciativa. “Encarecer la aceptación de pagos digitales me parece muy grave, porque eso retrasa el desarrollo del país en términos de mantener la preferencia hacia el efectivo”, afirmó. Para la líder gremial, la medida dificulta la transición hacia una economía más digital y también limita la posibilidad de que las personas y los micronegocios accedan a servicios financieros formales.

“Eso inhibe esa inclusión financiera que es tan deseable para cualquier economía”, resaltó y señaló que la falta de herramientas para visibilizar transacciones impide que muchos actores económicos accedan a créditos y otros servicios.

Quiñones sostiene que la política de gravar los pagos digitales no es nueva en Colombia. Según su experiencia, desde hace dos décadas el país optó por imponer retenciones a los medios de pago electrónicos, comenzando por las tarjetas de crédito y débito. Atribuyó a estas medidas el rezago en el desarrollo del comercio electrónico y la inclusión financiera. Para ella, la decisión de equiparar la retención responde a una necesidad de recaudo fiscal inmediato, pero carece de visión a largo plazo.

“Este planteamiento de equiparar la cancha solo consulta una fuga frente a la desastrosa situación fiscal en la que estamos”, afirmó, y agregó que los pagos digitales se convirtieron en una alternativa fácil para aumentar la recaudación, sin considerar el potencial de crecimiento económico que ofrecen.

La dirigente gremial también advirtió sobre el impacto directo de la retención en la fuente sobre personas y micronegocios que no son responsables de impuestos como el IVA o la renta. “Las retenciones deben entenderse claramente como un anticipo del impuesto. Cuando una persona no está obligada a ese impuesto, se le convierte en un costo”, explicó. En estos casos, la retención no puede descontarse en las declaraciones tributarias, lo que representa una carga adicional para quienes ya operan en condiciones de informalidad o con márgenes reducidos.

De igual manera, señaló que la situación desincentiva el uso de medios de pago digitales, lo que favorece el uso del efectivo.

En cuanto al impacto potencial sobre el uso de Bre-B, indicó que aún no existen estimaciones claras sobre la reducción en la adopción del sistema, dado que apenas lleva tres meses en funcionamiento. “Todavía la gente no está acostumbrada a las llaves, no saben cómo hacerlo, no lo están incorporando en su cotidianidad todavía, porque acaba de salir”, explicó. La posibilidad de que la gratuidad desaparezca podría desalentar a los usuarios y frenar la expansión de los pagos digitales en el país.

Quiñones recordó que en otros países en vías de desarrollo, el crecimiento de los pagos digitales se impulsó mediante incentivos y no con cargas fiscales. “Hemos mostrado casos de países que incentivando positivamente y no negativamente como lo hacemos en Colombia, generan desarrollo”, afirmó al cirtar ejemplos como Uruguay y los Tigres Asiáticos (economías de Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong). Según su experiencia, la apuesta por la aceptación de pagos digitales debe centrarse en eliminar barreras y no en imponer gravámenes que limiten su adopción.

De cara al futuro, la presidenta ejecutiva de la Ccce considera fundamental que el Gobierno garantice condiciones operativas, técnicas y jurídicas que eviten que la retención afecte a quienes no tienen la responsabilidad de esos impuestos. “Lo deseable es que el Gobierno garantice condiciones operativas, técnicas y jurídicas para que quienes no tienen la responsabilidad de esos impuestos no paguen retenciones”, enfatizó. Para María Fernanda Quiñones, la simetría en el tratamiento tributario de los medios digitales debe acompañarse de mecanismos que protejan a los usuarios y promuevan la inclusión financiera.