El debate en torno a la consulta interna convocada por la coalición de izquierda Pacto Histórico para definir sus candidaturas de cara a las elecciones de 2026 escaló en intensidad, especialmente por el elevado costo de la jornada y las dudas jurídicas que la rodean. La controversia se vio alimentada por la renuncia de la Unión Patriótica y el Partido Comunista a participar en la consulta presidencial, así como por la permanencia de la imagen de Daniel Quintero en el tarjetón electoral, a pesar de su retiro como precandidato.
El proceso, que tendrá lugar el 26 de octubre de 2025, contempla la participación de 144 precandidatos al Senado, 373 a la Cámara de Representantes y dos aspirantes presidenciales: Carolina Corcho e Iván Cepeda. No obstante, la figura de Daniel Quintero seguirá presente en la papeleta, lo que generó inquietud entre los sectores políticos y la opinión pública.
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Desde la oposición, especialmente en el sector uribista, se promovió la abstención como forma de protesta, por lo que consideran un gasto innecesario y una muestra de debilidad del gobierno. El presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López, instó a la ciudadanía a no acudir a las urnas, argumentando: “Ni un solo voto a todas las familias, los amigos, no se acerquen a las urnas este domingo. Nos hicieron perder 200 mil millones de pesos en este ridículo que ellos armaron y que va a ser un fiasco total”.
En la misma línea, Hernán Cadavid, representante a la Cámara, expresó que la mejor respuesta de la población sería ignorar la consulta. Cadavid afirmó: “Más de 150 mil millones de pesos se gastarán en un ejercicio que hubieran podido resolver internamente dentro de su movimiento político”. Además, subrayó que la consulta carece de propósito más allá de promover el petrismo, y anticipó una baja participación ciudadana:
“Lo mejor que puede hacer el pueblo colombiano es invisibilizar esa consulta del próximo domingo, que además nació muerta, que no tiene ningún propósito diferente a la promoción del petrismo y los colombianos rechazamos y repudiamos esa decisión. El domingo los colombianos no asistirán de manera masiva a esa decisión”, señalo el representante Cadavid.
La organización de la consulta también enfrenta cuestionamientos legales. El exregistrador Nicolás Farfán manifestó su intención de presentar una acción de nulidad electoral ante el Consejo de Estado, así como otras acciones legales, con el objetivo de proteger los recursos públicos. Farfán argumentó que la renuncia de la Unión Patriótica y el Partido Comunista no resuelve los problemas de fondo, ya que el tarjetón electoral incluye el logo del Pacto Histórico, una organización que, según él, carece de personería jurídica.
“La renuncia del Partido Comunista y Unión Patriótica no soluciona los vicios insubsanables en la organización de este mecanismo de participación, en la medida en que la problemática está en la tarjeta electoral, ya que contiene el logo símbolo del Pacto Histórico, organización que no cuenta con personería jurídica. Es decir, los colombianos creerán que estamos votando en una consulta del Pacto, cuando en realidad, según se han avizorado de los documentos que se han publicado, esto sería una consulta interpartidista”, sostuvo Farfán.
El análisis del exregistrador señala que el diseño de la papeleta podría vulnerar el artículo 258 de la Constitución, que exige igualdad de condiciones para los candidatos y logos de los partidos convocantes. Además, advirtió sobre un posible engaño al elector:
“El instrumento de votación que va a configurar la voluntad popular no está conteniendo la realidad jurídica de la inscripción de las candidaturas y pues habría no sólo una transgresión al artículo 258 de la Constitución, que establece que las tarjetas electorales deben contener en igualdad de condiciones los nombres de los precandidatos o candidatos y los logosímbolos de los partidos que las convocan, sino adicionalmente sería un engaño al elector porque está votando por una consulta que cree que es de un partido y en realidad no lo es”.
Otra preocupación expuesta por Farfán se refiere a la formulación de la pregunta en la tarjeta electoral, que plantea la selección directa de un candidato presidencial. Según el experto, esto podría impedir que el ganador participe en una consulta posterior, como la del Frente Amplio.
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