Aumento del salario mínimo de 2026 en Colombia no resolvería estos problemas de millones de colombianos: cuentas limitan

El aumento del salario mínimo en Colombia adquiere cada vez más relevancia ante el inicio de las negociaciones para su ajuste en 2026, un proceso que afecta a millones de trabajadores y marca parte de la agenda económica nacional. Tanto así que el tema fue abordado en el último episodio del podcast Conversemos sobre Economía de la Universidad Nacional de Colombia, en el que los profesores Francisco Azuero, Jorge Armando Rodríguez y Leonardo Urrea analizaron en profundidad la existencia y los niveles del salario mínimo y abordaron sus fundamentos teóricos, la evolución de los últimos años y los desafíos que enfrenta en el contexto actual.

De acuerdo con los expertos, el salario mínimo es mucho más que una cifra anual: representa un punto de encuentro entre la protección laboral, la redistribución del ingreso y las tensiones inherentes al mercado laboral colombiano. La discusión se desarrolla en un momento en que el país enfrenta altos niveles de informalidad laboral, bajo crecimiento económico y una cobertura limitada de la política salarial, factores que condicionan tanto el alcance como la efectividad de cualquier ajuste.

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Dicho análisis de los profesores parte de las principales corrientes económicas que justifican la existencia del salario mínimo. Desde la perspectiva neoclásica, el salario se entiende como un precio determinado por la oferta y la demanda de trabajo, y la intervención estatal solo se justifica ante imperfecciones de mercado. En contraste, la visión keynesiana sostiene que el mercado laboral tiene particularidades que impiden su funcionamiento como cualquier otro mercado, en especial, ante el desempleo, donde la demanda efectiva —la suma de inversión y consumo— determina el nivel de empleo más que el salario nominal.

Leonardo Urrea resaltó la complejidad del salario como variable macroeconómica: “El salario es costo para las empresas, pero al mismo tiempo es ingreso para los trabajadores. Y ahí está su... la magia, digamos, macroeconómica”. Por su parte, Jorge Armando Rodríguez recordó que la intervención estatal en la fijación de salarios responde a la relación desigual de poder entre empleadores y empleados, lo que justifica la existencia de normas de protección como el salario mínimo.

El debate teórico también incorpora la visión marxista, que enfatiza la apropiación de la plusvalía del capital y la función del salario mínimo como barrera frente a la explotación. Sin embargo, los profesores coincidieron en que, más allá de la teoría, el verdadero reto radica en determinar el nivel adecuado del salario mínimo y en comprender sus efectos colaterales sobre el empleo, la informalidad y la distribución del ingreso.

Sobre la evolución reciente, el salario mínimo real en Colombia experimentó un crecimiento notable: desde 2001 aumentó un 54,2%, y desde 2022, un 12%. No obstante, los expertos advirtieron que el incremento no ha ido acompañado de un aumento proporcional en la productividad de la economía. Francisco Azuero señaló que los ajustes, aunque importantes, no necesariamente estimulan la inversión ni mejoran la productividad, y pueden tener efectos limitados en un mercado laboral caracterizado por la alta informalidad.

La cobertura del salario mínimo en Colombia es uno de los puntos críticos destacados en el episodio. Seis de cada diez trabajadores se encuentran en la informalidad, y entre el 40% y el 50% de los trabajadores perciben ingresos inferiores al salario mínimo legal, que en la actualidad es de $1.423.500.

Urrea enfatizó que la política del salario mínimo, aunque progresiva en el papel, resulta “profundamente regresiva” en la práctica, ya que excluye a quienes más necesita proteger. Rodríguez añadió que, en en Colombia, el salario mínimo no logra un efecto progresivo en la distribución del ingreso, a diferencia de lo que ocurre en países con mayor cobertura y formalidad laboral.

El análisis de los efectos macroeconómicos del salario mínimo ocupó un lugar central en la discusión del podcast Conversemos sobre Economía. Los profesores reconocieron que un salario mínimo elevado puede generar incentivos para la informalidad laboral, ya que muchas empresas, en especial las pequeñas y de baja productividad, no pueden asumir los costos asociados. Además, el costo laboral total en Colombia —incluyendo contribuciones parafiscales y a la seguridad social— puede alcanzar hasta el 150% del salario base, lo que dificulta la contratación formal.

Urrea explicó que el mercado laboral colombiano está dividido entre trabajadores calificados y no calificados, con los primeros enfrentándose a un estancamiento en la demanda y los segundos recurriendo a la informalidad ante la falta de oportunidades formales. El sistema educativo, según los expertos, permanece desacoplado de las necesidades del mercado laboral, lo que agrava la escasez de empleos de calidad y limita la efectividad de las políticas salariales.

Así las cosas, la productividad no creció al ritmo del salario mínimo, y la inversión privada se redujo, con la tasa de inversión que cayó al 16% del PIB. Azuero y Rodríguez señalaron que los altos costos laborales y tributarios desincentivan la inversión y perpetúan un círculo vicioso de bajo crecimiento, escasa modernización y persistente informalidad.

La relación entre el salario mínimo, la demanda agregada y la inflación fue otro de los temas abordados en el podcast de la Universidad Nacional. Los profesores reconocieron que, en principio, un aumento del salario mínimo puede incrementar la demanda agregada, ya que los trabajadores tienden a consumir una mayor proporción de sus ingresos. Sin embargo, advirtieron que el efecto es limitado en Colombia debido a la baja cobertura del salario mínimo y a la estructura productiva del país.

Rodríguez cuestionó la idea de que el salario mínimo sea una herramienta eficaz para impulsar la demanda agregada y el desarrollo económico, por lo que señaló que, en contextos donde la economía opera cerca de su capacidad productiva, los aumentos salariales pueden traducirse en inflación o en déficits de cuenta corriente. Urrea añadió que el crecimiento reciente de la demanda agregada se sotiene más por el gasto público y las remesas que por la dinámica salarial, y que este modelo no es sostenible sin un aumento en la inversión y la productividad.

De cara a la próxima negociación salario mínimo 2026, los expertos remarcaron que el país enfrenta retos estructurales que trascienden el debate salarial. La economía colombiana muestra un bajo crecimiento, una inversión insuficiente y un sistema educativo que no responde a las demandas del mercado laboral. Además, la alta desigualdad y la fragmentación normativa —con 93 reformas laborales entre 1991 y 2019— dificultan la consolidación de un mercado laboral inclusivo y eficiente.

También puntualizaron en la necesidad de un diálogo equilibrado entre la protección laboral y la sostenibilidad de los costos para las empresas, así como de políticas que fomenten la productividad y la generación de empleo formal. La discusión sobre el salario mínimo, según los participantes del espacio, debe estar dentro de una estrategia más amplia de desarrollo económico y social.