La Fiscalía General de la Nación suspendió un proceso de contratación por más de 37.000 millones de pesos destinado a implementar un sistema multibiométrico forense para el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), luego de que la Procuraduría advirtiera sobre presuntas irregularidades en los pliegos, adendas y otros documentos del proceso.
El ente investigador acató las observaciones del Ministerio Público, que en un informe de 15 páginas solicitó detener el procedimiento y estudiar la posible revocatoria del acto administrativo que lo originó.
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“Esta Procuraduría Delegada exhorta a la entidad a suspender el trámite de la licitación pública hasta tanto se analicen las posibles violaciones normativas existentes en el proceso mencionado y a analizar en detalle los escenarios en los cuales la entidad tendría la posibilidad de revocar el acto administrativo de apertura”, se lee en el documento firmado por el procurador delegado Marcio Melgosa y conocido por W Radio.
Observaciones sobre irregularidades en el proceso
De acuerdo con el reporte del órgano de control, la decisión de suspender la licitación se tomó tras detectar irregularidades en distintas etapas del proceso, entre ellas modificaciones al cronograma contractual y alteraciones en la evaluación de los requisitos habilitantes de uno de los oferentes, la Unión Temporal Multibiométrica FGN.
En una de las adendas, se cambió la conclusión sobre el cumplimiento de los requisitos por parte de esta unión temporal, pasando de considerarla habilitada a no habilitada. La Procuraduría advirtió que las adendas “sólo pueden modificar los pliegos de condiciones, pero no subsanar yerros de los evaluadores”, lo que implicaría un incumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal.
El documento añadió que “además de incurrir en la posible vulneración de las normas mencionadas, la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación también transgredió, posiblemente, el principio de legalidad, bajo el cual todas las actuaciones de la Administración deben estar fundamentadas en la ley y dentro del ámbito permitido por aquella”.
El Ministerio Público recomendó no solo suspender el proceso, sino también analizar la posibilidad de reiniciar la licitación desde cero, a diferencia de la propuesta de la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía, que pretendía declararla desierta.
Falencias en el estudio del sector y en la estimación del presupuesto
Otra de las observaciones de la Procuraduría se centró en el estudio de sector, donde se identificaron vacíos en la información sobre la capacidad financiera de las empresas y la muestra de oferentes potenciales. Según el informe, el documento carece de indicadores y soportes suficientes que justifiquen los valores definidos, como el capital de trabajo exigido, fijado en más de 7.600 millones de pesos.
El Ministerio Público cuestionó también la validez de las gráficas presentadas en dicho análisis, relacionadas con los contratos celebrados por la Fiscalía entre 2020 y 2025 y la cantidad de proveedores recurrentes, señalando la falta de fundamentos técnicos.
El informe enfatizó que “la elaboración del estudio del sector es de vital importancia para garantizar principios como el de selección objetiva y pluralidad de oferentes, pues de esta manera la entidad puede determinar que con los requisitos que se establezcan no se esté restringiendo la participación en el proceso de contratación o cercenando la posibilidad a oferentes que puedan competir y puedan cumplir con el objeto contractual”.
En cuanto a la valoración de costos y la formulación del presupuesto, la Procuraduría encontró que la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía estableció montos específicos por ítem sin detallar los criterios técnicos o económicos utilizados para su cálculo.
“Esta Procuraduría Delegada advierte que para estimar el presupuesto oficial, resultaba necesario y pertinente conocer las dinámicas del mercado, a través de un análisis suficiente que permitiera soportar la forma en que se estimó el presupuesto oficial, lo cual no se evidencia en los documentos precontractuales publicados en la plataforma del SECOP II”, señaló el ente de control.
Cuestionamientos sobre libre competencia y criterios de inclusión
Adicionalmente, la Procuraduría identificó inconsistencias en las especificaciones técnicas y características de los servicios definidos en los pliegos de condiciones. Según el informe, algunos requisitos podrían limitar la libre competencia entre oferentes o restringir la participación de empresas con capacidad técnica y financiera para cumplir el contrato.
El Ministerio Público también llamó la atención sobre posibles omisiones en materia de inclusión laboral, al no contemplarse medidas de fomento a la contratación de población en condición de vulnerabilidad o con especial protección constitucional, como lo exige la normativa vigente sobre contratación estatal incluyente.
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