El último pronunciamiento del Centro de Estudios Económicos Anif volvió a encender la discusión sobre los pagos digitales en Colombia. Esta vez, la advertencia tiene un tono urgente, si el Gobierno insiste en aplicar un impuesto del 1,5% a las transferencias electrónicas, podría frenar uno de los avances más significativos en materia de inclusión financiera y digitalización del país.
Según el análisis de la entidad, la propuesta del Ministerio de Hacienda, que busca unificar la retención en la fuente sobre pagos electrónicos y con tarjeta, terminaría castigando el uso de herramientas tecnológicas que apenas comienzan a consolidarse. En lugar de equilibrar las cargas entre los distintos medios de pago, dice Anif, el decreto introduce un sesgo que favorece el retorno al efectivo, el método más riesgoso y menos trazable de todos.
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“Los incentivos terminan puestos en el lugar equivocado”, señaló el informe. Para los economistas del centro, un gravamen de este tipo hace que el dinero en efectivo resulte más atractivo frente a los canales digitales, justo cuando las billeteras virtuales, los códigos QR y las transferencias entre cuentas estaban ganando confianza entre los usuarios.
El sistema Bre-B, impulsado por el Banco de la República, es uno de los más expuestos a las consecuencias de esta decisión. Diseñado para mejorar la interoperabilidad entre bancos y ofrecer pagos inmediatos, su meta es modernizar la arquitectura del sistema financiero colombiano, replicando modelos exitosos como el Pix de Brasil. Sin embargo, advirtió Anif, “esta red, llamada a impulsar la eficiencia y la inclusión, podría ver debilitada su adopción si los costos fiscales terminan desincentivando su uso entre comercios y consumidores”.
Detrás de esta preocupación hay una realidad que el país aún no logra revertir, más del 60% de los trabajadores se mantiene en la informalidad y millones de transacciones siguen ocurriendo fuera del sistema financiero. En ese contexto, cualquier medida que encarezca las operaciones digitales corre el riesgo de ampliar las brechas que se busca cerrar.
El centro de estudios insiste en que la política fiscal debe ir en sintonía con la transformación tecnológica. Castigar las transferencias electrónicas no solo afectaría el comportamiento de los consumidores, sino que también reduciría la competitividad del sistema financiero colombiano. “Eliminar la retención del 1,5%, en lugar de ampliarla, tendría efectos positivos a mediano plazo”, planteó el documento.
En los cálculos de Anif, la eliminación temporal del impuesto representaría una pérdida fiscal limitada, el Estado dejaría de recibir alrededor de $5.621 millones en 2026, principalmente por operaciones de pequeños comercios no declarantes. Pero el panorama cambiaría con el tiempo. “Hacia 2028, el balance se tornaría favorable, gracias al mayor dinamismo comercial y la formalización progresiva del sector. Para 2034 el efecto acumulado sería positivo en $223.469 millones a precios de 2025”, precisó el estudio.
El mensaje es claro, la inclusión y la eficiencia generan más recaudo sostenible que los gravámenes de corto plazo. A largo plazo, estimular los pagos digitales no solo fortalece la formalización económica, sino que impulsa la innovación, mejora la trazabilidad y reduce los costos de transacción para millones de colombianos.
Para Anif, mantener la propuesta actual equivaldría a poner un obstáculo en el camino del Banco de la República, que lleva años trabajando en el diseño y consolidación del sistema Bre-B. “El objetivo del Emisor ha sido permitir pagos inmediatos, interoperables y seguros”, recordó el análisis, pero advierte que las decisiones fiscales del Ejecutivo podrían minar la confianza en el proyecto incluso antes de su implementación completa.
El centro concluyó que Colombia necesita una política tributaria alineada con la transformación digital. El impulso a la economía digital, subraya, debe verse como una inversión y no como una pérdida fiscal.
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