Abogado de Petro anunció las primeras acciones legales, tras inclusión en la Lista Clinton: Donald Trump también será demandado

El abogado estadounidense Daniel Kovalik, representante legal del presidente Gustavo Petro en Estados Unidos, anunció que emprenderá acciones legales contra las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense, tras la inclusión del mandatario colombiano en la denominada Lista Clinton.

Así lo confirmó en entrevista con la periodista Raquel Coronell Uribe para NBC News, medio en el que aseguró que las medidas fueron motivadas por “razones puramente políticas”.

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De acuerdo con Kovalik, la decisión de sancionar a Petro proviene de la administración del presidente Donald Trump, y se fundamenta en posiciones políticas del jefe de Estado colombiano, como su apoyo a la causa propalestina y su rechazo a una intervención militar en Venezuela. “De eso se trata esto. No se trata de ninguna otra cosa, y vamos a impugnarlo”, expresó el abogado, que añadió que todavía no se ha definido el tribunal en el que se presentará la demanda.

El anuncio se produce luego de que el presidente Petro designara formalmente a Daniel Kovalik como su abogado litigante en territorio estadounidense para responder ante las sanciones financieras. Según explicó el jurista, la defensa se enfocará en demostrar que las medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) tienen un carácter político y no se sustentan en pruebas relacionadas con actividades ilícitas.

La inclusión del mandatario colombiano en la Lista Clinton representa una acción inusual, pues esta herramienta del Departamento del Tesoro se ha empleado históricamente para sancionar a narcotraficantes, grupos terroristas y regímenes involucrados en violaciones graves de derechos humanos. En este caso, Estados Unidos argumentó que el presidente Petro no ha actuado con la suficiente firmeza en la lucha contra el narcotráfico.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, justificó la decisión señalando que “el presidente Petro ha permitido que los carteles de drogas prosperen y se ha negado a detener esta actividad”. La sanción implica restricciones financieras y el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense, lo que afecta tanto al presidente como a su círculo más cercano.

Las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro no solo involucran al mandatario colombiano. También fueron sancionados la primera dama, Verónica Alcocer, uno de los hijos del presidente, Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, al que el Gobierno de Estados Unidos describe como “su mano derecha”.

El comunicado oficial emitido por la institución estadounidense sostiene que las sanciones buscan “preservar la integridad del sistema financiero” y enviar un mensaje de cero tolerancia ante la supuesta permisividad con el narcotráfico. Sin embargo, Kovalik cuestionó la legitimidad de estas acciones al señalar que responden a presiones políticas internas en Estados Unidos.

En sus declaraciones a NBC News, el abogado reiteró que la defensa de Petro “buscará demostrar que se trata de una medida sin fundamento jurídico, orientada a deslegitimar políticamente al mandatario”.

Kovalik también reveló que el presidente Gustavo Petro evalúa la posibilidad de presentar una demanda por difamación contra Donald Trump, al que considera responsable de declaraciones que afectaron su reputación antes incluso de la sanción de la OFAC. Según indicó, “incluso antes de la designación de la OFAC, estábamos pensando en presentar una demanda por difamación contra Trump, y también lo estamos analizando. Así que sí creemos que esto es difamatorio, por supuesto”.

El abogado precisó que la jurisdicción de dicha demanda sería “probablemente Florida”, aunque todavía no se ha establecido un calendario concreto para su presentación. El proceso, de concretarse, se centraría en demostrar que las afirmaciones públicas de Trump sobre Petro constituyen difamación con fines políticos.

Mientras tanto, el equipo legal del mandatario colombiano continúa revisando los alcances y posibles repercusiones de las sanciones, en coordinación con asesores internacionales especializados en derecho financiero y diplomático.